Escándalo judicial. Las pruebas contra el policía "organizador" de la banda del fiscal

Su aporte fue esencial para el plan criminal, según la Justicia. Fue él quien, por su relación con Diego Xavier Guastini,el contador asesinado en 2019, que era el cerebro financiero detrás de las grandes bandas narco que operaban en el país, obtuvo el dato clave para diseñar un operativo policial que, tal como creen los detectives del caso, derivó en el robo de entre 520 y 560 kilos de cocaína de un hiperpublicitado operativo antidrogas. Se presume que una parte de ese cargamento, valuado en US$ 2.800.000, se vendió en la costa atlántica y que otra fue traficada a Brasil y a Europa. Pero su suerte terminó.

Después de estar más de cinco meses prófugo,el sargento bonaerense Adrián Baeta, alias Palermo, de 50 años, fue procesado con prisión preventiva y se le trabó un embargo de 1000 millones de pesos.

La decisión fue rubricada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que está a cargo del expediente en el que se investiga a "la banda del fiscal", en referencia a Claudio Scapolan, presunto jefe de la organización criminal que se habría dedicado a robar cargamentos de droga y a extorsionar a familiares de supuestos capos narco.

Hasta que estalló el escándalo, el 24 de julio del año pasado, Scapolan estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales del Departamento Judicial San Isidro. No fue detenido porque, como fiscal, tiene fueros e inmunidad de arresto. Por distintas presentaciones de su defensa aún no fue indagado.

Según la investigación, a cargo del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, la organización era liderada por Scapolan e integrada por abogados y comisarios, oficiales y suboficiales bonaerenses.

Uno de los abogados imputados, Gustavo Semorile, que defendía a connotados narcos, está prófugo desde aquel 24 de julio.

Leones Blancos

Una de las imputaciones contra "la banda del fiscal" es el robo de parte del cargamento de cocaína del operativo conocido como "Leones Blancos", de fines de diciembre de 2013. En la presentación del golpe ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.

Esa vez se informó de la incautación de 600 kilos de cocaína. Pero eran más... Una parte de los 520 o 560 kilos de droga robados a la banda narco terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y de testigos de identidad reservada, la sustancia estuvo almacenada en un local de Quilmes que funcionaba como concesionaria de autos y salón de fiestas y que pertenecería a Baeta.

Las cabañas donde habría sido escondido el lote de estupefacientes pertenecían, según fuentes judiciales, a Luis Tourn, alias El Polaco, amigo de Baeta. Según el expediente judicial, además de haber recibido la cocaína robada durante el procedimiento policial, el Polaco Tourn habría tenido la misión de comercializar la droga en la costa atlántica durante el verano de 2014.

"Tengo la idea, pero no lo puedo afirmar, de que parte de la droga robada se llevó a Mar del Plata y otra parte se envió a Brasil y desde allí, a Europa, pero esto son solo rumores...", dijo una persona que declaró bajo identidad reservada en el inicio de la investigación, en junio de 2016.

Como se dijo, Baeta estuvo más de cinco meses prófugo. Fue detenido el 6 de este mes por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un complejo de departamentos Rincón de Milberg, en Tigre. Nunca se fue muy lejos.

"Los elementos probatorios que se han ido incorporando en el decurso de la investigación permiten concluir que el rol de Baeta en la organización no se reduce y/o limita al grado de miembro de la asociación ilícita, sino que, por el contrario, su aporte exhibe claramente un mayor grado de protagonismo y permite ser caracterizado como organizador", sostuvo Arroyo Salgado en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION.

Baeta, revela el expediente, era amigo de Guastini desde hacía 12 años. Es más: el sargento de la policía bonaerense fue la primera persona en llegar a la escena del crimen el 28 de octubre de 2019, el día que acribillaron en Quilmes al financista.

En una visita a la oficina de su amigo Guastini, el 27 de diciembre de 2013, Baeta obtuvo la información y los datos de los narcotraficantes dueños del cargamento decomisado y robado luego en el operativo Leones Blancos.

"El imputado Baeta ocupó en el desarrollo de la maniobra investigada un rol de significativa relevancia y con distintos puntos de intersección, tanto con el ambiente clandestino relacionado con la actividad propia del fallecido Guastini –lavado de dinero–, quien incluso contaba con canales para el envío al exterior de estupefacientes dentro del puerto, como con otros ámbitos delictivos encargados de comercializar estupefacientes en la costa atlántica –Tourn–; también, como nexo con los falsos testigos del procedimiento e informantes y, por cierto, con la fuerza policial que él mismo integraba, con el exclusivo propósito de valerse –tergiversadamente– de las facultades y herramientas conferidas por la actividad persecutoria estatal, puesto que las usaba en su propio beneficio", suscribió la jueza Arroyo Salgado.

Diálogo de alto nivel

Según se desprende del procesamiento de Baeta, el 27 de diciembre de 2013, el mismo día en que el sargento visitaba las oficinas de Guastini, hubo una comunicación telefónica entre el fiscal Scapolan y la "autoridad máxima" de la Delegación Narcotráfico de Quilmes de la policía bonaerense, el comisario mayor Marcelo Di Rosa.

"El día en que Baeta comenzó a seguir la pista de la droga la máxima autoridad de la dependencia policial de Quilmes [en ese momento] mantuvo comunicación con el fiscal Scapolan", explicó Arroyo Salgado en una foja del procesamiento firmado en las últimas horas.

En diciembre pasado, por decisión de la Cámara Federal de San Martín, dos funcionarios judiciales de San Isidro que habían cumplido funciones como secretarios letrados de Scapolan, fueron liberados. La resolución que benefició a Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale se tomó sobre la base de la falta de pruebas, según aquel tribunal.

"De contrario a lo aseverado por la magistrada [Arroyo Salgado], no se advierten elementos de cargo suficientes que recreen la efectiva pertenencia de los nocentes al esquema asociativo marginal, con los caracteres propios que demanda la figura en trato. A partir de ello, el vínculo entre los incusos, que deriva de la dinámica y funcionamiento propio de la oficina judicial a la que pertenecían, no puede interpretarse aisladamente, como argumento válido, para afirmar su integración a la estructura criminal apuntada", sostuvieron los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán.

En respuesta a esa decisión del tribunal de alzada, el Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol), integrado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Defensoría de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos, diputados y senadores provinciales, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh), emitió un comunicado donde repudió el fallo y lo calificó como "un hecho de suma gravedad institucional".

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