Narcotráfico. Por falta de pruebas, fueron liberados los secretarios del fiscal acusado de robar cargamentos de droga

A 48 horas de que se cumplan cinco meses de sus detenciones y, al entender, que no existen "elementos de cargo" suficientes que acrediten su pertenencia al "esquema" criminal, un tribunal de alzada revocó el procesamiento que pesaba sobre dos funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, acusados de integrar una asociación ilícita, les dictó la falta de mérito y ordenó su inmediata libertad.

Así se desprende de una resolución de la Sala I de la Cámara Federal Apelaciones de San Martín, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, que benefició a Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale, quienes habían cumplido funciones como secretarios del fiscal Claudio Scapolan, acusado de "gerenciar" el narcotráfico, de robar cargamentos de drogas de operativos judiciales y de extorsionar a familiares de sindicados capos narco.

Hasta que estalló el escándalo, hace casi cinco meses, Scapolan estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro.

En agosto pasado, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había procesado con prisión preventiva a Jarisch, de 35 años, y a Sanvitale, de 50, como organizadores de la asociación ilícita investigada. Había fijado embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1000 millones de pesos.

"De contrario a lo aseverado por la magistrada de grado [por Arroyo Salgado], no se advierten elementos de cargo suficientes que recreen la efectiva pertenencia de los nocentes al esquema asociativo marginal, con los caracteres propios que demanda la figura en trato. A partir de ello, el vínculo entre los incusos, que deriva de la dinámica y funcionamiento propio de la oficina judicial a la que pertenecían, no puede interpretarse aisladamente, como argumento válido, para afirmar su integración a la estructura criminal apuntada", sostuvo el tribunal de alzada en la resolución, respecto de Jarisch y Sanvitale.

Los jueces Salas, Fernández y Morán, en parte del fallo, definieron como "fútiles conjeturas y huérfana de probanzas" los elementos que se utilizaron para procesar a los dos funcionarios judiciales que habían sido detenidos el 24 de julio pasado.

"El sustento a través del cual se pretende dar fundamento a la ligazón de los incusos a la estructura criminal materia de reproche pierde virtualidad y reposa, hasta el momento, en una construcción hipotética basada en fútiles conjeturas y huérfana de probanzas, imponiéndose, en consecuencia, el dictado de sus respectivas faltas de mérito", afirmaron los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Según un dictamen del fiscal federal Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, la asociación ilícita supuestamente liderada por Scapolan se dedicaba a extorsionar a familiares de personas condenadas en causas por narcotráfico: les exigían dinero a cambio de no detenerlos.

Scapolan no fue detenido porque, como fiscal, tiene fueros e inmunidad de arresto. Su declaración indagatoria había sido postergada en dos oportunidades.

La causa se hizo pública el 24 de julio pasado, cuando a pedido del fiscal Domínguez, la jueza Arroyo Salgado ordenó la detención de varios sospechosos y ordenó un allanamiento en el histórico edificio de tribunales de San Isidro, en Ituzaingó 340. El operativo estuvo a cargo de detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.

La investigación comenzó el 14 de junio de 2016 cuando una persona se presentó en la fiscalía de Domínguez, entregó un escrito y pidió que se mantenga en reserva su identidad. "El fiscal Scapolan es el jefe de una organización compuesta por policías que se dedican a extorsionar narcotraficantes fraguando [sic] causas.", sostuvo el denunciante.

Policías procesados

"Se trató, en definitiva, de una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos", había sostenido Arroyo Salgado en la resolución firmada en agosto pasado, en la cual procesó a los funcionarios judiciales y a diez uniformados de la policía bonaerense.

En la misma resolución donde se ordenó la "inmediata liberación" de los funcionarios judiciales, el tribunal de alzada confirmó el procesamiento de un grupo de policías y del abogado Matías Pedersoli. Entre los uniformados a los que le rechazaron la apelación figura el comisario Roberto Okurzaty.

A Juan José Magraner, que hasta su detención era el jefe de la Delegación Azul de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, le revocaron el procesamiento por el delito de asociación ilícita, pero se lo confirmaron por uso de documento público en calidad de autor; falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal, en perjuicio de los inculpados, como autor; sustracción de medio de prueba, como coautor; y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por haber intervenido tres o más personas organizadas para cometerlos y por haber sido cometidos por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de este delito.

Una de las imputaciones que se le adjudica a "la banda del fiscal" es el robo de un cargamento de cocaína que estaba en poder de una organización de narcotraficantes. Se habrían quedado con una cantidad estimada entre 520 y 560 kilos de esa droga, con un valor cercano a los US$ 2.800.000.

Oficialmente solo se informó del secuestro de media tonelada de cocaína. El operativo, que se dio a conocer en diciembre de 2013, fue bautizado como Leones Blancos y en la presentación ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.

Desde el 24 de julio pasado están prófugo el policía Adrián Baeta y el abogado Gustavo Semorile.

Según el expediente judicial, la cocaína robada a la banda de narcotraficantes terminó en unas cabañas de Santa Clara del Mar. Antes del traslado a la costa, según la declaración de imputados arrepentidos y testigos de identidad reservada, la droga estuvo almacenada en un local de Quilmes que pertenecería a Baeta.

Baeta era amigo y hombre de confianza de Diego Xavier Guastini, un contador público y cerebro financiero detrás de las grandes bandas narcos que operaban en el país, y que fue acribillado el 28 de octubre del año pasado en Quilmes.

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