Narcotráfico. Sospechan de un prófugo por las amenazas de muerte a funcionarios judiciales
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LA NACIONGabriel Di Nicola
El teléfono celular desde donde salieron los mensajes de WhatsApp con los que se amenazó de muerte a un juez y a una auxiliar fiscal se activó en Resistencia, en Chaco, y los investigadores sospechan que detrás de las intimidaciones estaría G. M., un empresario sindicado como testaferro de un capo narco fallecido y que en la actualidad se encuentra prófugo en una causa donde fue procesado por lavado de activos.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Las amenazas de muerte ocurrieron entre un pedido del Ministerio Público Fiscal y la decisión del juez federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda, de decomisar de forma anticipada los bienes de G. M. y de su esposa, G. P.
Aranda, que fue el magistrado que procesó y ordenó en diciembre pasado la detención de G. M., fue uno de los funcionarios judiciales amenazados de muerte. Las otras intimidaciones tuvieron como destinataria a Pamela Michlig, secretaria de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Chaco, que revista como ayudante fiscal.
"Dejate de joder con Carbón Blanco. No sabés con quiénes te estás metiendo. Cortala. Ahora, si sos tan pelotuda y seguís, te vamos a hacer mierda. Pero antes vas a sufrir primero, vamos a ir por tu familia, tu esposo, tus hijos y te los vamos a ir mandando en trozos y después te vamos a cagar matando. Hija de mil putas. No te podés esconder de nosotros, donde y cuando se nos ocurra te vamos a hacer pagar. Nunca nos vamos a olvidar. Estás avisada", fue la amenaza que recibió Michlig. Un texto similar le enviaron a Aranda.
A las amenazas de muerte dirigidas a Aranda y a Michlig, se suma otro hecho extraño: desconocidos sacaron fotografías a la casa y al auto del fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Federico Carniel, situación que fue advertida por personal de la Gendarmería Nacional que se encarga de la custodia del representante del Ministerio Público.
“El chip con la línea telefónica desde donde se hicieron las amenazas se activó por primera vez el 9 de octubre pasado en Resistencia. Ese chip se adquirió en un quiosco y los datos (nombre, apellido, número de DNI y domicilio) entregados para la compra son los de G. M.”, explicó una fuente judicial.
Los investigadores sospechan que las amenazas habrían estado motivadas por el pedido que habían hecho el fiscal general Carlos Amad y Daniela Sodini, subsecretaria letrada en la Dirección Gral. de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (PGN), del decomiso anticipado de los bienes de G. M.y su esposa.
“G. M. está procesado y prófugo desde diciembre pasado. Tenemos la sospecha de que las amenazas habrían sido hechas para intimidar a los funcionarios judiciales después del pedido de decomiso anticipado de bienes”, explicó una fuente del caso.
G. M. no es único prófugo en la causa de lavado de activos. Según fuentes judiciales, en la misma situación un contador, que también fue procesado a principios del mes pasado.
Los bienes del contador y de G. M. fueron embargados hasta cubrir la suma de $555.000.000 y $425.000.000, respectivamente.
Carbón Blanco
Las amenazas se dan en el contexto de una causa derivada de la investigación conocida como Carbón Blanco, que dejó al descubierto la actividad de una organización criminal que enviaba hacia Portugal y España cargamentos de cocaína camuflados en bolsas de carbón vegetal desde Quitilipi, Chaco.
En 2015 hubo fuertes condenadas a los líderes de la banda. El abogado Carlos Salvatore y el empresario futbolístico Patricio Gorosito recibieron penas de 21 y 19 años, respectivamente. Ambos murieron cuando cumplían sus sentencias.
En junio de 2015, Carniel y Amad habían sido amenazados en el contexto de esta misma causa. Fue en plena sustanciación del juicio en el que resultaron condenados Salvatore y Gorosito. Tres meses antes de eso, el abogado, que cumplía prisión domiciliaria en la casona de la avenida Melián 2157, en Belgrano R, le prometió a su esposa, Silvia Valles, que iba a mandar a asesinar a la jueza federal de Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, porque la magistrada había dispuesto detener a la mujer por lavado de activos en el caso Carbón Blanco.
"Me voy a ocupar de la defensa de todos. Los voy a sacar. Después la mato a ella. Yo pago este homicidio, pero ella se muere. Te amo, mi vida. No me afloje ninguno por favor. Yo cuido a los chicos", le habría dicho Salvatore a su mujer en una comunicación telefónica.
Para la Justicia, Salvatore hacía referencia en la escucha telefónica a la jueza federal de la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Niremperger. Así lo había sostenido el fiscal federal Diego Iglesias en un dictamen de marzo de 2015 donde el allanamiento en la casa de Salvatore.
“Ante este cuadro de situación y teniendo en cuenta la gravedad de las amenazas vertidas por Salvatore, se impone adoptar las medidas urgentes de la instrucción tendientes a comprobar la existencia de la hipótesis más gravosa e impedir que los hechos sean llevados a consecuencias ulteriores”, había sostenido el fiscal federal Iglesias en el dictamen presentado en su momento al juez federal Ariel Lijo.
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