Narcocontenedores: piden investigar el paso por el país del mayor cargamento de cocaína incautado en Europa

La Coalición Cívica para la Afirmación de una República Igualitaria(CC ARI) presentó una denuncia ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), encabezada por el fiscal Diego Iglesias, para motorizar una investigación judicial sobre el capítulo argentino de la incautación de cocaína más grande de Europa, conocida como Operación Atlántico Norte: 23 toneladas de droga secuestrados en dos operativos en Alemania y Bélgica, luego de un tránsito que comenzó en Paraguay y tuvo una escala de 13 días en el puerto de Buenos Aires.

“La Argentina es hoy una posición relevante en el circuito de las operaciones del narcotráfico internacional, lo que obliga a una reacción urgente y de magnitud por parte de nuestro sistema de seguridad y de inteligencia, mediante un organismo multiagencial en el que se trabajen los casos más complejos con protocolos para mantener la información, pero, a su vez, donde policías locales, agentes federales y de inteligencia puedan trabajar en conjunto e intercambiar información de manera segura. La inteligencia criminal es la herramienta fundamental en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado”, advirtieron en la denuncia los diputados Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, de ese espacio que tiene como principal referente a Elisa Carrió.

Como publicó LA NACION este sábado, esos contenedores partieron desde Paraguay y navegaron por la Hidrovía hasta que en el puerto porteño el cargamento fue trasbordado a un buque de transporte oceánico de bandera panameña: el CAP San Artemissio. Luego del largo cruce del Atlántico, que comenzó el 11 de enero, autoridades alemanas, belgas y holandesas realizaron operativos conjuntos que concluyeron con lo que se considera la incautación de cocaína más grande de Europa y una de las incautaciones individuales más grandes del mundo. En total, el 25 de febrero último se incautaron 23 toneladas de estupefacientes, más de 16 mil kilos de droga en el puerto de Hamburgo y otros siete en la terminal de Amberes. Según el manifiesto del buque de transporte, la carga tenía a Israel como destino final.

“El hecho de que las drogas capturadas en Alemania se hayan originado en Paraguay parece indicar que las vías fluviales de ese país con Bolivia son ahora una ruta crucial de transporte de drogas en el camino a los puertos del Atlántico”, alertaron los diputados de la CC ARI.

Según los datos preliminares, una barcaza fluvial que zarpó el 18 de diciembre pasado del puerto de Villeta, en Asunción, llevaba cinco contenedores con 16.174 kilos de cocaína ocultos en latas de pintura y yeso. Tras recorrer 1256 kilómetros a través de los ríos Paraguay y Paraná, y sin que su carga clandestina fuese detectada, la barcaza paraguaya llegó el 29 de ese mes al puerto de Buenos Aires, según los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA). Los contenedores estuvieron en la terminal porteña sin ser revisados, por ser considerada mercadería en tránsito -técnicamente no ingresaron al país y, por lo tanto, no se inspeccionó su contenido, sino que se controló que el peso real fuese el que había sido declarado en el manifiesto de carga- hasta que se hizo el trasbordo del cargamento al Cap San Artemisso, el 11 de enero. Un mes después, el 12 de febrero, las 16 toneladas de cocaína en tránsito hacia Israel fueron secuestradas por la policía teutona en el puerto de la ciudad que vio nacer a Los Beatles.

En su denuncia, los diputados de CC ARI abordaron la justificación de que el envío no fue chequeado en la Argentina porque, al ser “mercadería en tránsito”, no ingresa al país y no requiere de control físico alguno, salvo sospecha fundada y orden de un juez competente.

Por tal motivo, los legisladores pidieron “que se investiguen los hechos y las conductas de las distintas personas que en ellos están involucrados por la posible comisión de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento, falsedad ideológica de documento público y violación de las leyes 22.415 (Código Aduanero y sus normas reglamentarias), 24.093 (de Puertos), 27.126 (de la Agencia Federal de Inteligencia) y 23.737 (de drogas), como así también por los eventuales actos ilícitos que V.S. en su caso determine, en particular aquellos de carácter federal, favorecidos por acción u omisión de funcionarios públicos”.

En el escrito solicitaron a la Justicia que “tome las medidas cautelares para investigar estos hechos y esclarecer la posible existencia de irregularidades por parte de la empresa concesionaria Hidrovía SA, las acciones realizadas por la AFI referidas a la producción de inteligencia criminal y la nómina de funcionarios intervinientes en las operaciones de comercio exterior del buque CAP San Artemisso”, entre otras cuestiones.

En paralelo el bloque de diputados de la CC ARI y la diputada Zuvic presentaron en el Congreso pedidos de informes por este tema y plantearon una citación a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, para que informe sobre el caso particular, por la gravedad que reviste, y sobre los recursos humanos y físicos afectados al control de la Hidrovía, “teniendo en cuenta la permeabilidad de las fronteras que permite el ingreso del narcotráfico al país por diversas vías, en especial la fluvial”.

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