Medida inédita. La Justicia de Santa Fe ordenó derrumbar cinco búnkeres de droga en Rosario

ROSARIO.- Como si la imagen fuera la de hace una década, cuando arribaron a esta ciudad más de 3400 gendarmes al mando de Sergio Berni y comenzaron a destruir búnkeres, este jueves la Justicia provincial ordenó derribar cinco puntos de venta de drogas emblemáticos en esta ciudad.

Esta medida inédita fue solicitada por el fiscal Franco Carbone y es uno de los primeros resultados de la desfederalización de la persecución penal del delito de narcomenudeo, que comenzó a regir el 16 de diciembre pasado, cuando la Legislatura santafesina sancionó, en el marco de la emergencia en seguridad, la adhesión a esta ley nacional aprobada en 2005. Santa Fe hasta ahora se resistía a la persecución del microtráfico.

Los detractores de la ley de narcomenudeo advertían que iba a ser perjudicial que la policía de Santa Fe se dedique a perseguir el tráfico de drogas a baja escala por los altos niveles de corrupción que padece la fuerza. Pero más allá de esta particularidad, en la práctica gran parte de las causas que congestionan la Justicia federal son por tenencia simple y para consumo personal.

Según un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el 55% de los expedientes que se iniciaron por drogas en la Justicia Federal de Rosario en 2022 fueron por tenencia simple y para consumo personal. Se trata de 1434 expedientes judiciales que no iban a tener ningún destino en el fuero penal, pero que sirven para alimentar las estadísticas de los operativos de seguridad. De las 2604 causas que se abrieron por sustancias psicoactivas ilegales, el 41% es por el artículo 5 de la ley 23.337, que penaliza “el comercio o la tenencia para la comercialización”.

A partir de ahora, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial estará a cargo de la persecución del narcomenudeo. Y la puesta en escena que se hizo este jueves sirvió para exhibir esta nueva etapa.

La medida de derrumbar cinco búnkeres fue solicitada por Carbone ante la jueza Silvia Castelli en una extensa audiencia penal a la que asistieron autoridades del gobierno provincial, municipal y del MPA.

“La medida de derribo no puede esperar”, señaló la magistrada en la resolución, aunque advirtió que luego debe sostenerse la presencia del Estado en los territorios: “El Estado no puede bajar, golpear y retirarse. Está bien que lo haga como primera medida”. Este señalamiento de la jueza tiene que ver con una escena que se repitió a lo largo de los últimos años y que marca que muchos de los búnkeres derribados con topadoras después volvían a funcionar a los pocos días, cuando se apagaban las cámaras de TV.

Castelli sostuvo que la sintonía de los gobiernos provincial y municipal debe lograr “generar arraigo en los territorios más allá de la medida judicial, porque hoy nos vamos con una foto, pero en el futuro se debe avanzar en prevención”.

Los inmuebles usados como búnkeres que empezaron a ser derrumbados son una vivienda de pared amarilla de Felipe Moré 612 bis y Felipe Moré 600 bis –ambas atribuidas a Francisco “Fran” Riquelme, vinculado el martes a algunas de las recientes amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro–, un domicilio en Ayacucho al 4300, otro en Biedma 255 y otro en Necochea e Ivanowski.

Riquelme está detenido actualmente en el penal de Marcos Paz. Fue acusado por el fiscal Carbone de ordenar desde ese penal federal atentados contra la comisaría 19ª y contra la escuela Paulo VI. El último ataque no se pudo concretar, y terminaron detenidos los tres “soldaditos” que habían cobrado 100.000 pesos cada uno por atacar el colegio, donde debían dejar una amenaza contra Pullaro.

Riquelme está acusado, además, de ordenar matar a gente inocente, como el albañil Leonardo Rodríguez, que fue baleado al azar. La orden de Fran fue matar a un “cualquierita” para ‘tirarle un muerto’ a un búnker rival situado en Teniente Agneta y las vías. El fiscal Carbone repasó la serie de balaceras que le atribuyen haber ejecutado a la banda de Riquelme entre abril y mayo pasado, y que tuvieron como blanco las escuelas José Mármol y Rosa Ziperovich, la comisaría 16ª del barrio Tablada, la seccional 20ª de Empalme Granero y el Order, en el complejo penitenciario de 27 de febrero al 7800.

En el lugar, el ministro Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que “es la primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta de la ley de microtráfico, más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía. Lo que esta ley permite es la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefaciente en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, la ley permite el derribo o demolición forzosa”.

“Esta ley pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y nos enfocamos en la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta”, explicó el ministro.

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