Matar por placer: a un año del doble crimen que conmovió a la clase política
LA NACIONGabriel Di Nicola
Para la Justicia no hay dudas: fue un doble homicidio por placer. A un año de los asesinatos del diputado nacional Héctor Olivares y de su asesor Miguel Yadón, el caso se encamina al juicio oral y público con dos acusados de haber protagonizado el ataque a balazos en la Plaza del Congreso, el 9 de mayo del año pasado. Otros imputados, en su mayoría familiares de los sindicados homicidas, serán juzgados por el delito de portación de armas.
La familia de Olivares, representada por los abogados María Fernanda Prack y Ricardo Gil Lavedra, pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público. El juez en lo criminal y correccional porteño Mariano Iturralde, a cargo del expediente, le corrió vista al Ministerio Público Fiscal.
"Difícil encontrar calificativos para tamaño desprecio a la vida humana", había afirmado el juez Iturralde el 24 de mayo pasado cuando procesó a Juan Jesús Fernández, de 43 años y conocido como el Gitano, y a su primo Juan José Navarro Cádiz, de 26 y apodado Cebolla. Para el magistrado el doble homicidio tuvo los agravantes del placer y la alevosía.
Sobre el móvil del doble crimen quedó plasmado en el expediente que los acusados quisieron probar la efectividad del arma utilizada, una pistola semiautomática calibre 40 con sistema de mira láser.
"Los coautores decidieron de común acuerdo efectuar una prueba de tiro en la cual se pondría en juego la efectividad del sofisticado y particular dispositivo, utilizando como blanco a dos personas indefensas", sostuvo el juez hace un año.
En el pedido de elevación a juicio, Prack y Gil Lavedra calificaron a la investigación, a cargo del juez Iturralde y la fiscal Estela Andrades y que contó con la colaboración de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad, como seria y profunda.
"En lo que hace al hecho principal, esto es la agresión armada que sufrieron quienes en vida fueron Yadón y Olivares, por la cual se causó el lamentable fallecimiento de ambos, la intervención que corresponde a los imputados Juan Jesús Fernández y Juan José Navarro Cádiz es incuestionable. No hay dudas acerca del ataque armado", sostuvieron los abogados de la querella en el requerimiento de elevación a juicio.
El doble homicidio ocurrió el 9 de mayo del año pasado poco antes de las 7 cuando el legislador nacional de Juntos por el Cambio y Yadón caminaban en forma recreativa por la Plaza del Congreso. Fueron atacados desde un automóvil VW Vento.
El brutal ataque y la huida de los asesinos quedaron registrados por distintas cámaras de seguridad. Las imágenes fueron claves para identificar a los dos sospechosos y reconstruir la secuencia del ataque.
En un primer momento, las autoridades nacionales pensaron que detrás del doble homicidio había un "atentado político" . La por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el mismo día de los hechos había afirmado: "Es un momento muy triste y muy duro por la constatación de las mafias que trabajan en nuestro país".
Sin embargo, según consta en el expediente judicial, el móvil nada tuvo que ver con un ataque de la mafia contra la política. Fue un doble homicidio por placer y, según la hipótesis judicial, simplemente para probar una pistola.
En una resolución de diciembre pasado, el juez Iturralde explicó que Fernández y Navarro Cádiz se aprovecharon del estado de indefensión de las víctimas cuando "caminaban juntos en forma recreativa por una de las veredas de la Avenida de Mayo, en contra del sentido vehicular, por el costado de la Plaza del Congreso, es decir, en un espacio público y con sus mecanismos de defensa bajos, mientras que los agresores permanecieron a resguardo y ocultos dentro del vehículo".
Yadón murió casi en el acto. Fue herido de tres balazos. Olivares, que recibió un proyectil, murió tres días después. Un quinto disparo impactó en un árbol.
En sus respectivas declaraciones indagatorias, y en las reconstrucción del hecho, cada uno de los detenidos acusó al otro de ser el autor de los disparos mortales.
En la reconstrucción que se hizo en febrero pasado en la escena del crimen, por primera vez, según informó la agencia de noticias Télam, Navarro Cádiz admitió que el arma homicida era de su propiedad. Había sido secuestrada en su departamento de Montevideo 76, a pocas horas después del doble homicidio.
Según el expediente judicial, la pistola semiautomática con inscripción Thunder 40 había sido comprada por Navarro Cádiz en Tandil y se la vendió un restaurador y comerciante de antigüedades. El arma había pertenecido a una persona que falleció y que había sido amigo del anticuario.
El vendedor del arma y familiares de los dos acusados del doble homicidio están cerca de ser juzgados por los delitos de tenencia de armas de guerra y de uso civil.
"Sobre la base de una amplia investigación, en la que actuó la División Homicidios de la PFA en coordinación con distintas áreas de la Policía de la Ciudad, se tuvo por acreditado que los imputados fueron quienes se encontraban dentro del vehículo VW Vento -propiedad de Fernández-, desde el cual partieron los disparos que alcanzaron a las víctimas, mientras realizaban una caminata por la Plaza del Congreso el pasado 9 de mayo del año en curso, así como que el arma homicida se corresponde con la pistola calibre 40 secuestrada en el departamento de Navarro Cádiz", resumió el juez para sostener la acusación de los dos sospechosos, que mataron por placer.
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