Masacre en San Miguel del Monte: un testigo dijo ante el jurado que policías extorsionaban y exigían pagos al conductor del vehículo

El hermano de Aníbal Suárez, el joven que murió junto a otros tres adolescentes tras chocar su vehículo contra un acoplado en el contexto una persecución policial a los tiros en mayo del 2019 en San Miguel del Monte, señaló hoy que la policía local había extorsionado a su hermano un mes antes del hecho tras haberlo detenido porque no poseía los papeles en regla de su automóvil, y le había exigido el pago de “una coima de 35 mil pesos”.

El testimonio de Emanuel Suárez se registró durante la mañana en la segunda audiencia del juicio por jurados que tiene como imputados al excapitán de la policía bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal, quienes llegan detenidos como coautores del homicidio de Aníbal Suárez, de 22 años; Danilo Sansone, de 13; Gonzalo Domínguez, de 14, y Camila López, de 13, y la tentativa de homicidio de Rocío Quagliarello (entonces de 13 años).

Emanuel Suárez, hermano menor de la víctima, se sentó ante los 12 jurados y la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata, Carolina Crispiani, con una expresión seria en su rostro y los brazos entrecruzadas.

Su testimonio evidenció un fuerte contraste con el alegato de apertura de la defensa de los policías imputados, que precisamente le endilgó la responsabilidad de los hechos a Aníbal Suárez, a quien acusó de manejar en estado de ebriedad, de huir de la policía tras conducir en zigzag, a la vez que manifestó que ese joven “también emborrachó a los adolescentes”.

“La última vez que lo vi a Aníbal fue el domingo 19 de mayo a la noche. Era changarín, albañil. Nos habíamos venido de Misiones a Monte por trabajo un año atrás. Quería ayudar a su mamá que seguía viviendo allá”, explicó Emanuel, que vistió un buzo canguro rojo y unos pantalones de jean durante la audiencia.

Allí, el joven señaló que Aníbal había cambiado su moto por un Fiat 147 poco tiempo antes del hecho y recordó que los policías de la zona solían generarle problemas con los documentos del vehículo ya que Suárez no había cambiado su domicilio legal a San Miguel de Monte.

En ese contexto, Emanuel refirió una situación ocurrida un mes antes de la denominada masacre de Monte en la que agentes bonaerenses lo detuvieron junto a su hermano Aníbal: “La policía nos hizo seña de luces y nos llevaron a la comisaria. Ahí nos empezaron a apretar porque teníamos el domicilio en Misiones. Que teníamos que pagar una multa para salir. Como no teníamos domicilio en Monte, nos dijeron que iban a dejarnos detenidos”.

Sin embargo, el hermano de Aníbal afirmó que los policías ofrecieron a liberarlos a cambio de que les paguen 35.000 pesos: “Les dimos 5 mil pesos que, para nosotros, era mucha plata”.

Al respecto, Emanuel agregó que su hermano no tenía multas, aunque admitió que “no tenía licencia de conducir” ni el seguro del vehículo al día.

El tío de Aníbal, Hugo Suárez, declaró minutos después que estaba al tanto que el auto de su sobrino “tenía el seguro vencido. No se lo quisieron asegurar por el mismo tema del domicilio”.

“La pérdida de Aníbal significó mucho para mí. Era un hijo más, estaba con mi hijo. Para mis hijos era como un hermano más. No tenía maldad”, manifestó con emoción y con la voz entrecortada Hugo, quien dijo que vive en San Miguel del Monte desde hace 18 años, donde trabaja como albañil.

Durante la audiencia también declaró Susana Ríos, la madre de Gonzalo Domínguez, quien contó que interpretó como “algo normal” que aquella noche su hijo saliera con Danilo Sansone rumbo a la plaza de San Miguel del Monte el día de los hechos, aunque, con el pasar de las horas, le pareció que era “rarísimo” que no le contestara el teléfono ya que “era un hijo excelente”.

“Le dije que no venga tarde porque teníamos a su padre internado en La Plata por un ACV isquémico y teníamos que madrugar. A la madrugada me enteré había pasado un accidente en la ruta de un Fiat 147. A las 4.30 se me despertó un sexto sentido como madre. Me fui al hospital, pero lo vi lleno de gente, no me animé a entrar. Di la vuelta y cuando llego a mi casa, veo que para una moto con dos personas que me dijeron que Gonzalo estaba en el auto”, relató con lágrimas en sus ojos Susana.

A continuación, la mamá de la víctima contó que volvió al hospital, donde se encontró con la intendenta de aquel entonces Sandra Mayor, y los funcionarios municipales Hugo Medus y Claudio Martínez, quienes le negaron que hubieran existido disparos contra el Fiat 147 en el que viajaba Gonzalo.

“Después de eso sale una médica que me dice que había un cuerpo sin reconocer. Le dije que quería entrar a verlo. Cuando entro a la sala había cuatro cuerpos tapados. Me llevan al cuerpo y con solo verle las medias iba a saber si era mi hijo o no. Le destaparon los pies y alcancé a ver sus pies y su ropa interior. Pedí que si su carita no estuviera destrozada, quería verlo, le descubrieron la cara y le veo con un golpe muy fuerte en la sien. Salí de ahí destrozada: había perdido a mi Gonzalo”, recordó.

Presenciando la declaración de Susana, se encontraban en la sala de audiencias la única sobreviviente del hecho, Rocío Quagliarello (actualmente de 17 años), el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el subsecretario de DD.HH. bonaerense, Matías Moreno.

Luego de la declaración de Susana, Emanuel y Hugo también se expresó ante el jurado popular Juan Carlos Sansone, el papá de Danilo, que luego de finalizar su relato se descompuso y requirió de asistencia psicológica.

“Fue una cacería. Nunca más vamos a estar felices en mi casa, lo único que quiero por él y sus amiguitos. Es muy feo lo que estoy viviendo. Miren donde estoy: pidiendo justicia por él”, exclamó, entre lágrimas, Juan Carlos Sansone.

El testimonio de Juan Carlos conmovió a todos los presentes en la Sala A de las oficinas judiciales e incluso hizo llorar a uno de los doce jurados, que atentamente escucharon su relato. ”Me quise matar más de dos veces por mi hijo. Ahora sigo adelante por ellos. No sé qué pasó esa noche, yo lo despedí de mi casa bien y me lo devolvieron un cajón todo tapadito, se le veía la carita nomás. Era lo único que no tenía lastimado. Era un ángel”, continuó Juan Carlos, quien, al finalizar su relato, tuvo que ser asistido por un especialista en salud mental ya que manifestó sentirse “muy descompuesto”.

Luego del papá de Danilo fue el turno de su esposa, Gladys Ruizdía, que afirmó que mataron a su hijo “sin piedad y a sangre fría”.”Para que esto no vuelva a pasar, exijo perpetua. Arruinan vidas, arruinaron familias. Me mataron en vida”, completó la mujer con la voz entrecortada e indicó que desde hace cuatro años continúa con custodia de la Gendarmería ya que denunció haber recibido varias amenazas de muerte.

En la misma línea, Yanina Zarzoso, la madre de Camila, contó que le tiene “miedo” a la policía y relató cómo se enteró del fallecimiento de su hija.”La mamá de Rocío Quagliarello me llamó a las tres de la mañana y me dijo que las chicas habían tenido un accidente. . Yo pensé que se había caído de la bicicleta. Entonces fui pensando en eso. Estaba enojada y estaba pensando en que la tenía que retar. Pero en el hospital me enteré de la peor noticia que me podrían haber dicho en mi vida”, recordó.

El juicio se inició ayer con la elección del jurado popular que dentro de 10 días deberán definir si los policías imputados son culpables o no culpables de los delitos de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.

En los lineamientos de la acusación, el fiscal de juicio Mariano Sibuet dijo que los policías imputados cometieron un “acto atroz”, que actuaron de manera “inmotivada” y afirmó que las víctimas, “al verse rodeadas”, vivieron momentos de “terror, angustia y miedo”, por lo que le solicitó al jurado popular que “emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia”.

La denominada “masacre de San Miguel del Monte” ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.

Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.

A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta.

La causa se encuentra desdoblada y otros 19 policías bonaerenses irán a otro juicio -en este caso sin jurado popular- “por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”, aunque todavía no fue estipulada una fecha para el comienzo de ese debate.

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