Masacre de Wilde. Familiares de cuatro víctimas inocentes pidieron la prisión perpetua de siete expolicías bonaerenses
El abogado querellante Ciro Annicchiarico consideró probado que no hubo “ningún enfrentamiento” armado y que las víctimas fueron objeto de una “encerrona sorpresiva”; pidió que los acusados sean detenidos ante la “índole y trascendencia de los delitos cometidos” y el riesgo posible de entorpecimiento de la investigación
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LA NACION
El abogado que representa a la familia de uno de los asesinados en la Masacre de Wilde y al único sobreviviente pidió hoy que sean condenados a prisión perpetua los siete expolicías bonaerenses acusados del emblemático caso de “gatillo fácil” cometido en 1994 en esa localidad del partido de Avellaneda, donde cuatro hombres fueron atacados a tiros por efectivos vestidos de civil que presuntamente los confundieron con delincuentes y los mataron a sangre fría.
El pedido fue formulado por el abogado Ciro Annicchiarico, querellante en representación de Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín (una de las víctimas), de sus hijos y del único sobreviviente, Claudio Díaz, quien solicitó en sus alegatos la pena máxima para los excomisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; el exoficial Osvaldo Lorenzón; el exsubteniente Pablo Dudek; los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el cabo Marcos Rodríguez.
Todos estos expolicías llegaron al debate en libertad, acusados del delito de “homicidio agravado por alevosía, por la generación de un peligro común y por haber mediado el concurso premeditado de dos o más personas, en cuatro oportunidades” y por el mismo delito en grado de tentativa respecto del sobreviviente.
En su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, el letrado pidió además la inmediata detención de los siete acusados, al considerar la pena en expectativa que tiene el delito que se les imputa y ante el peligro de fuga.
En sus cinco horas de alegato, Annicchiarico afirmó que para él no hubo “ningún enfrentamiento” entre los ahora expolicías y sus víctimas, sino que fue una “encerrona sorpresiva” y que se trató una “cuádruple ejecución extra legal más una tentativa de homicidio”.
”Es tan evidente la mecánica de los hechos, la materialidad ilícita, el dolo de homicidio y la autoría, que entenderlo de otro modo sería cerrar los ojos a la verdad, no hacer justicia”, expresó el abogado querellante.
Luego, agregó que “si se trataba de interceptar a sospechosos de algún delito, la obligación policial era hacerlo conforme a las reglas que gobiernan la buena actuación de prevención policial y que emergen de la ley procesal penal, también, que regía en ese momento: darse a conocer como auto policial, subsiguiente detención y puesta a disposición de la Justicia, que es la única encargada de administrarla”.
Por último, el abogado querellante le pidió a los jueces que “dispongan la inmediata detención de los imputados” ante la “índole y trascendencia de los delitos cometidos” y el riesgo posible de entorpecimiento de la investigación por los cargos que ocupaban los acusados.
El juicio continuará mañana a las 9 con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando sea el turno del alegato del abogado Gustavo Romano Duffau, quien representa a Patricia Corbo, esposa del remisero asesinado que llevaba a los pasajeros Mendoza y Bielsa.
El hecho
La “Masacre de Wilde” ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Norberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Eduardo Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.
Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que, al parecer, los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces con pistolas calibre 9 milímetros y al menos un subfusil Uzi.
Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”, por la única víctima del ataque que sobrevivió.
En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos.
No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que “aun cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos”.
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