ROSARIO. Siete días antes de que comenzara la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, el 13 de marzo pasado, Mariana Ortigala tenía una única preocupación: ese día, a media mañana, debía ir a la fiscalía de Rosario junto a un integrante de la banda del narco Esteban Alvarado, que tenía previsto declarar contra su jefe como arrepentido. "Tenía una carpeta con documentación y datos sobre 40 crímenes que habrían cometido los sicarios" de este hombre, que está acusado de ser uno de los principales alfiles del narcotráfico en Rosario desde hace más de una década, a la par de la caída de la banda de Los Monos.
"No pude llegar a la fiscalía porque cuando iba a subir a mi auto, en la puerta de mi casa, apareció un vehículo negro del que bajaron dos hombres que comenzaron a dispararme. Uno de ellos tenía dos pistolas. Me tiraron 35 balazos. Me dieron cuatro, pero pude salir por la puerta del acompañante del auto y correr hacia lo de un vecino y logré salvarme", cuenta de manera minuciosa Mariana Ortigala desde su casa en Roldán, una zona residencial ubicada a 20 kilómetros de Rosario, donde ahora cuenta con una custodia fija de la Prefectura Naval.
Esta mujer y su hermano Rodrigo se transformaron el año pasado en testigos clave de la investigación que realizan los fiscales santafesinos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, junto al Organismo de Investigación, contra el clan Alvarado, actualmente la organización criminal más grande de Rosario, cuya historia se empezó a desentrañar a partir del crimen del prestamista Lucio Maldonado, que fue secuestrado por esta banda y cuyo cadáver apareció el 11 de noviembre de 2018 a la vera de la colectora de la autopista Buenos Aires-Rosario con un cartel al lado que tenía inscripta la leyenda "con la mafia no se jode".
Ese era el mensaje que dejaban Los Monos cuando durante 2018 y el año pasado atacaron las casas de jueces y funcionarios judiciales. El intento de Alvarado, según la imputación de los fiscales, fue culpar a los Cantero del homicidio de Maldonado a partir de involucrar, a través de una compleja artimaña con teléfonos mellizos, a Daniel Olivera, alias Chulo, un sicario de los Cantero. También buscaron implicar falsamente en el atentado contra la casa de una contadora de la Fiscalía a Rodrigo Ortigala, el hermano de Mariana; para eso, los miembros del clan Alvarado utilizaron el mismo auto que posee este testigo, con una misma chapa patente.
"Me tenían que matar ese día. Por eso 'liberaron la zona' con la policía. Porque yo iba a ir a buscar a un muchacho de la banda de Alvarado y luego nos presentaríamos en la fiscalía para que declarara todo lo que sabía", apunta Mariana Ortigala, que tiene heridas de los balazos en el pie, las costillas, la rodilla y la cintura.
"Lo que sí lograron es que no declaremos. Porque yo terminé en el hospital Español, donde, según me informó la Prefectura, cayeron dos sicarios con una camioneta sin chapa patente y preguntaron en qué sector estaba internada. Como ya estaba custodiada tuvieron que irse", relata esta mujer, que tiene una empresa inmobiliaria con su hermano.
Ortigala aclara que nunca perteneció a la banda de Alvarado, como sí se sospechó de Rodrigo. Dice que ella entabló una amistad con la esposa de Esteban, Rosa Capuano, que figura como socia del narco en varias empresas de transporte apuntadas por la justicia federal como usadas para el contrabando de droga. Como pasó con un camión de la firma Toia SRL en el que se secuestraron 493 kilos de marihuana el 24 de noviembre de 2017, en Río Negro. Por ese caso, Alvarado fue procesado por la justicia federal en diciembre pasado, y en las últimas horas la fiscalía federal N°1 y Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) pidieron que sea enjuiciado.
La mujer cuenta que conoció durante el verano de 2012 a Alvarado y a Rosa Capuano, su pareja, en las islas del río Paraná, donde ella y su hermano iban en lancha y motos de agua. "Yo me hice amiga de Rosa y como en ese momento tenía una empresa de venta de ropa viajábamos juntas a Buenos Aires a comprar prendas", recuerda.
Su hermano Rodrigo vendía y compraba autos. "Él le vendió algunos vehículos a Alvarado, pero nunca hizo nada malo, más allá de tener una relación con su mujer. Ese fue el problema", señala.
Mariana Ortigala cree que el encargado de intentar matarla fue Rodrigo Sánchez, apuntado por los investigadores como el jefe de los sicarios de Alvarado. Este hombre de 44 años fue acribillado a metros del Jockey Club ocho días después del fallido intento de la ejecución de la testigo.
Estoy convencida de que Alvarado no le perdonó que haya fallado. Fue Sánchez el que juntó a los sicarios y ordenó que me fueran a matar, pero fracasó y eso le costó la vida.
La testigo, que recalca que encontró la protección necesaria en los fiscales Edery y Schiappa Pietra y en el ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, cuenta que un día después de que intentaran matarla "Sánchez fue a visitar a Alvarado a la cárcel de Piñero y le entregó los bienes. Le mostró los documentos que probaban que le había transferido los bienes, porque además era su testaferro". Agregó: "Por eso, cuando lo mataron tenía un bolso con ropa en la camioneta. Eso explica que se quería ir, porque sabía que lo iban a asesinar".
Esta semana, según explica Ortigala, se concretará la audiencia ante una jueza y los fiscales, a través de la plataforma Zoom, para que aquel arrepentido que ella iba a llevar ante la Justicia cuando la balearon declare en la causa en la que están imputados, además de Alvarado, varios jefes policiales. Entre ellos, los hermanos Marcelo y Martín Rey, comisarios de la Policía de Investigaciones (PdI) de Santa Fe, y otro ex jefe de la División Judiciales, Luis Quevertoque, que formó parte de la brigada que investigó a la banda de Los Monos, rivales de Alvarado.
"El plan de Alvarado, tras mandar a matar a su socio Luis Medina, a fines de 2013, fue que se quedaría con todo después de que corrieran del medio a Los Monos. Pero ahora Alvarado es mucho más fuerte que los Cantero, porque es más inteligente y maneja todo desde la cárcel", afirma Ortigala en una extenso diálogo con LA NACION.
Hace dos semanas los fiscales Schiappa Pietra y Edery ordenaron la detención de Francisco Riquelme, imputado como uno de los autores del ataque a balazos contra Ortigala.
En un celular de Riquelme los investigadores encontraron agendado el número de Yanina Alvarado, hermana del narco. Luego de eso los fiscales ordenaron el allanamiento de su casa para buscar información en los teléfonos que podrían secuestrar, una estrategia que actualmente es una de las pocas alternativas para investigar, porque las escuchas telefónicas no tienen más utilidad debido a que ya nadie habla por teléfono, sino que se usan aplicaciones de mensajería web, como lo hacía Esteban Alvarado con su iPhone 8.
La casa de la hermana de Alvarado funcionaba como un centro de distribución de drogas a mayoristas. Entre la documentación que incautó la policía había cuadernos con anotaciones en las que figuraban los compradores, identificados por la marca o modelo de los autos.
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