El gobernador Axel Kicillof plantea el repliegue de Buenos Aires de la lucha antidrogas

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, planteó ayer un cambió en el sistema de investigaciones sobre organizaciones narco que llevaría en la práctica un fuerte repliegue de la policía provincial en la lucha contra las drogas. Es que la intención de las autoridades bonaerenses es que las causas de venta de estupefacientes vuelvan a quedar solamente en la órbita federal, algo que no ocurre desde la sanción de la ley 26.052, en 2005. Desde ese momento, la policía bonaerense y los tribunales locales asumieron responsabilidad plena en el combate contra la venta minorista de sustancias prohibidas. Kicillof propone ahora un giró de 180 grados.

“Hemos hecho ya el pedido para que todos los delitos vinculados al narcotráfico, ya sea referidos al delito complejo como aquellos de narcomenudeo, se vuelvan a integrar. Hay que volver a unificar su tratamiento en el ámbito de la esfera federal, ya que la separación de un tema tan complicado nos deja en una situación de mayor vulnerabilidad”, dijo ayer el gobernador bonaerense. Y el auditorio que escuchó directamente ese mensaje estaba cubierto de uniformados, que hasta el momento tienen la misión en los barrios de detectar y anular la venta minorista de cocaína, paco y marihuana.

Esas palabras de Kicillof fueron transmitidas en el acto por 202º aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y junto al mandatario provincial estuvieron el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el rector del Instituto Universitario Policial Juan Vucetich, Sergio Berni, que en los últimos años estuvo al frente de las políticas públicas contra el delito.

Las cifras que maneja Kicillof le marcan que en los últimos cuatro años fue resuelto solo el 10 por ciento de las más de 90.000 causas por infracción a la ley de drogas iniciadas en el territorio que gobierna. La idea central es que se insumen muchos recursos para casos que no avanzan por el colapso de los tribunales frente a la cantidad de expedientes. Frente a eso, la opción expuesta por el gobernador apunta a que solo la Justicia Federal trate temas de venta de drogas. Eso dejaría fuera de investigación toda denuncia de venta minorista de drogas, ya que los juzgados federales deberían optar entre atender esos casos en forma urgente o avanzar en investigaciones sobre redes más complejas. Además, recibirían todos los expedientes abiertos por tenencia para consumo personal, que terminan en archivo, pero que requieren de la actividad judicial.

Si Buenos Aires dejase atrás la ley 26.052, como propone Kicillof, el gobierno provincial podría decir que resolver el problema de drogas en su territorio es responsabilidad del gobierno nacional.

“Hay que unificar los delitos de narcotráfico en la esfera federal. Vamos a trabajar con los instrumentos necesarios para que esto vuelva a ocurrir. De otra manera, no vamos a resolver este problema más allá de los esfuerzos del Ministerio de Justicia o de la policía, porque hay una separación en la cadena de investigación y en el tratamiento judicial de un delito que, al final, es el mismo: narcomenudeo y organizaciones internacionales”, señaló el gobernador.

Todo lo opuesto a lo que había propuesto uno de sus antecesores. Es que la ley 26.052 fue aprobada en 2005 por el Congreso de la Nación a pedido de Buenos Aires. Fue el por entonces gobernador Felipe Solá quien promovió una norma para que la policía bonaerense pudiese dedicarse a la lucha contra la venta minorista de drogas, que, en definitiva, es la real preocupación de los vecinos de barrios golpeados por el narcomenudeo.

Las investigaciones sobre narcotráfico están encuadradas dentro de la ley 23.737, que indica la responsabilidad del fuero federal y de las fuerzas federales en ese tema. La desfederalización parcial de la ley de drogas permitida por la ley 26.052 fue aceptada por pocos distritos: Buenos Aires, como impulsor de esa medida, Salta, Córdoba, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires. La diferencia no es menor y puede verse claramente en Santa Fe, una de las provincias que no había sumado a su fuerza provincial y Justicia local a la lucha contra las drogas.

En Rosario, la policía santafesina solo arresta a narcos por sus vínculos con homicidios y balaceras y no por venta de drogas. Guille Cantero, el jefe de Los Monos, recibió su primera condena por venta de cocaína en 2018 y en una investigación de la Justicia Federal, cinco años después de estar en prisión por otros delitos. La legislatura santafesina aprobó ayer el pedido del gobernador Maximiliano Pullaro para sumarse a la ley 26.052.

El gobernador santafesino fue amenazado esta semana por narcos que dejaron intimidantes mensajes en dos escenarios de balaceras. Fue recibido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que el próximo lunes visitará Rosario para lanzar un plan de seguridad que abarcará tanto el despliegue de unidades federales como la acción de la policía santafesina. Solo a partir del cambio votado en las últimas horas por los legisladores de Santa Fe, la fuerza provincial tendrá capacidad normativa de tener a los vendedores de drogas como objetivos de investigaciones. En su anterior gestión como ministra, Bullrich había reclamado a las provincias la adhesión a la ley 26.052. Eso hizo ahora Pullaro. Todo lo contrario que plantea Kicillof.

Antes de que la policía bonaerense y la Justicia provincial se ocupasen de casos de venta minorista de drogas, allanar un búnker o no era decidido por la Justicia Federal y el allanamiento era encargado a alguna de las cuatro fuerzas federales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y las prioridades podían ser diferentes a la urgencia de los vecinos que veían la venta de drogas delante de sus ojos. Eso pasó con la irrupción del paco en el conurbano. El efecto de esa sustancia fue detectada en centros de atención primaria del sistema de salud bonaerense. Se tuvo en claro en qué asentamiento de Florencio Varela se comercializaba una droga que hasta ese momento no había aparecido en otro lado. Pero la Justicia Federal tenía en ese momento otros objetivos narco. El vendedor de paco era poca cosa... hasta que esa sustancia inundó el conurbano.

El gobernador Kicillof afirmó, al presentar su iniciativa de transferir otra vez la responsabilidad antidroga al fuero federal, que no podían separarse las investigaciones de narcotráfico –movimiento de cocaína o marihuana a gran escala– del narcomenudeo –venta de dosis en las calles–, y agregó que la actual dispersión evitaba llegar a los traficantes más importantes. Esas dos ramas de la investigación –narcotráfico y narcomenudeo– no están aisladas, ya que desde 2014 Buenos Aires firma convenios de cooperación con la Justicia Federal.

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