Marcelo D’Alessandro: “Queremos darle a la gente lo que se merece, que es el derecho a la libertad”

Aunque, en privado, admite que “en política las cosas no se merecen”, siente que casi seis años como encargado operativo de la seguridad porteña en los hechos lo validan para, ahora sí, tomar las riendas como ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marcelo Silvio D’Alessandro subió un escalón y, a los 46 años, asumió el cargo que dejó vacante el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, quien renunció para abocarse de lleno a la campaña como precandidato a diputado nacional del PRO en la provincia de Buenos Aires.

Tiene, ahora, el mando del timón para conducir el barco de la administración de la seguridad y la justicia, con el rumbo fijado en diciembre de 2023, cuando se cumplirá el segundo mandato de Horacio Rodríguez Larreta al frente del Poder Ejecutivo en la Ciudad. Y desde ese puesto encarará la misión de sostener la estrategia de prevención de delitos basada en el esquema de policía de cercanía y de utilización de herramientas tecnológicas, pero también la de avanzar en la complementación con la Justicia y la de profundizar vasos comunicantes con los vecinos, para que tengan participación activa en la construcción ciudadana de la seguridad y del uso del espacio público, el “metro cuadrado” de cada uno. Al respecto, se traza un desafío: “Quiero seguir bajando la cifra de delitos para darle a la gente lo que se merece, que es el derecho a la libertad y a tener una Ciudad segura”.

Sabe que deberá trabajar en un contexto en el que, además, tendrá duras luchas políticas con la Nación, con la que actualmente tiene abiertos dos frentes de conflicto, ambos judicializados: la quita de los fondos de la coparticipación que la Ciudad había recibido durante el gobierno de Mauricio Macri por el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Federal (que D’Alessandro estima hoy en $65.000 millones, que dice que les fueron quitados “de manera discrecional”) y el cepo que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) impuso a la recepción de detenidos por las fuerzas porteñas, que hoy suman 700, hacinados en alcaidías y comisarías porteñas.

A eso se suma, además, la parálisis de la transferencia de competencias penales y funciones judiciales. Al respecto, en un reportaje con LA NACION D’Alessandro expresó su deseo es que “se cumpla con la manda constitucional” y se traspase la Justicia nacional con asiento en la Capital “con fondos, como debe ser”, y que, eventualmente, se le dé a la Ciudad la posibilidad de nombrar fiscales para completar los cargos actualmente vacantes, lo que permitiría robustecer el sistema acusatorio vigente en territorio porteño.

-¿Qué impronta le quiere dar a su gestión como ministro?

-La continuidad a lo hecho por Diego Santilli es fundamental. El puso la proa en una dirección bien definida y queremos seguir en ese camino. Horacio Rodríguez Larreta y él tomaron la decisión de firmar el traspaso [de parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad] y trazar el camino. Creamos una policía y pusimos en marcha el Plan Integral de Seguridad. Tenemos 19.500 policías en la calle, 10.000 cámaras de vigilancia y el Anillo Digital. Como ejemplo, bajamos el delito de motochorros en un 60% y el robo de autos en un 90%. Tiene que ver con la planificación. Así le cambiamos la vida a la gente, y eso es gratificante.

-¿Cómo se logró?

- Nosotros recibimos una porción de la Policía Federal [la Superintendencia de Seguridad Metropolitana] que estaba organizada en jurisdicciones. Así tenían que, por ejemplo, en el microcentro había ocho comisarías y en la zona sur, pocos efectivos para un vasto territorio. Lo mismo con la Justicia, que está dividida en circunscripciones que no coinciden con la traza de las comunas. Nosotros modificamos el abordaje y creamos 15 comisarías comunales, con todos los servicios (investigaciones, científica), planificamos el despliegue según la demografía, los movimientos de personas (a la Capital entran cada día 4 millones, además de los 3 que viven aquí) y el mapa del delito. Organizamos los despliegues con georreferenciación, apostando a la prevención y a la cercanía.

Consolidamos una policía con arraigo, de proximidad con el vecino; una policía moderna, que cuenta con tecnología y una formación y capacitación acorde a una ciudad cosmopolita como la nuestra.

–¿Qué les pide la gente?

– Cuando hicimos el traspaso, en los barrios nos decían qué pasaba, pero también nos confiaban que no conocían al comisario. Nosotros impusimos los Foros de Participación Ciudadana y los programas de Comisaría Abierta, por los cuales el comisario de la zona y un funcionario del Ministerio reciben a la gente, escuchamos lo que nos dicen y nos piden, y damos explicaciones. Tenemos claro que la responsabilidad de la seguridad es nuestra, pero también es cierto que la seguridad se construye entre todos. Los vecinos aportan con sus denuncias, pero también contando lo que pasa en sus barrios.

Tenemos que poner nuestro esfuerzo en preservar las áreas de convivencia, el “metro cuadrado” de cada uno. Y mantener el orden público. Le tenemos que dar respuestas al vecino. La Policía de la Ciudad tiene una de las mejores imágenes entre las fuerzas de seguridad del país. Si no es la mejor...

–¿En qué área les falta avanzar?

– Hay un cambio cultural que debemos seguir profundizando, para trasladarlo a la ciudadanía: el respeto al espacio público, el respeto a la ley, el uso del “metro cuadrado”. Debemos inculcarle a la gente la percepción de que la seguridad es una construcción colectiva.

Hoy la seguridad se debe abordar desde una mirada multidimensional. Debemos entender que hay que trabajar sobre las causas de la inseguridad, y no solo sobre las consecuencias, que es cuando interviene el policía.

–¿Cómo trabaja con la Justicia?

–En cuanto a las competencias penales, hay tipos de delitos que fueron transferidos [para que los investiguen los fiscales de la Ciudad] y otros que asumimos por nuestra política de policía y de seguridad de cercanía. Por ejemplo, tomamos la responsabilidad de atacar el microtráfico y el narcomenudeo. Decomisamos miles de kilos de droga y ya cerramos 36 búnkeres. Y trabajamos muy bien con la Fiscalía General de la Ciudad, que creó una fiscalía temática.

Creemos en la descentralización de la Justicia y apostamos la necesidad de que la gente pueda hacer las denuncias y facilitárselo para tener un mejor termómetro y mayor precisión en el mapa del delito. Antes se desalentaban las denuncias. Pero para nosotros son fundamentales para “blanquear la cifra negra de delitos”. Eliminamos esa discrecionalidad. Hoy tenemos un 0800, cabinas en las comisarías para hacer denuncias directamente ante la fiscalía, hay más fiscalías en las comunas. Tenemos un 80% de resolución de delitos en la Ciudad; eso nos permite reparar el daño a los damnificados; ahora, por ejemplo, estamos en una etapa en la que devolvemos celulares que fueron robados. Y no solo prevenimos, sino que atacamos la economía del delito, como hacemos con los laboratorios que desarman teléfonos móviles.

–¿Y en cuanto al traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad?

–Nos reunimos con todos los actores del sector para prepararnos para la Justicia que debe tener la Ciudad. En cuanto al traspaso de la Justicia nacional, debe venir con los fondos para su funcionamiento. Por ejemplo: si hoy nos pasan la competencia para juzgar robos y hurtos, colapsa la Justicia de la Ciudad.

Nosotros tenemos un sistema acusatorio. ¿La Justicia nacional actual es adecuada para perseguir los delitos que hoy tenemos? ¿Qué Justicia necesitamos? En la Justicia nacional hay muchas fiscalías vacantes. Si me dejaran elegir, nombraría más fiscales que jueces.

Alcaidías superpobladas

El traspaso de la Justicia nacional con asiento en la Capital es una historia compleja, con múltiples actores, entre los cuales los más reacios a convertirse en magistrados “locales” son, precisamente, la mayoría de los jueces y fiscales del Poder Judicial de la Nación que intervienen en asuntos que ocurren en territorio porteño.

Esa puja obtura, al menos por ahora, una pelea que, en cambio, ya se desarrolla en otros dos campos y enfrenta a la Ciudad y a la Nación. Uno de ellos es, además de la discusión por el monto de fondos coparticipables con el cual el Gobierno federal debe financiar el servicio de seguridad transferido con el traspaso de parte de los efectivos y los bienes de la Policía Federal, la labor de las fuerzas federales en territorio porteño. El otro conflicto es más reciente, y recrudeció durante la pandemia: se refiere al alojamiento de personas arrestadas por efectivos de la Policía de la Ciudad, que hoy atestan las celdas de las alcaidías y de las comisarías porteñas porque el SPF ha cerrado casi al mínimo el grifo de la admisión de nuevos detenidos en las cárceles federales.

Eso, sostiene D’Alessandro, resiente el servicio de seguridad en la Ciudad: requiere destinar, para el cuidado y traslado de detenidos, a efectivos antes abocados a la prevención en las calles. Y exige, además, una adecuación en los servicios de formación del instituto policial, dado que esa no es “una materia” de la currícula de la fuerza porteña.

“Hoy tenemos un déficit de recursos. En alcaidías y comisarías tenemos 700 detenidos, presos que deberían ser alojados por el Servicio Penitenciario Federal. Esto es muy grave. El Ministerio Público de la Defensa interpuso un hábeas corpus, en trámite ante la jueza Carla Cavalieri. La Justicia ordenó a la Nación que acepte el traslado de detenidos de alcaidías y comisarías a las cárceles, pero María Laura Garrigós de Rébori [la ex camarista y actual interventora en el SPF] no cumplió. Nosotros ya presentamos una denuncia penal en el fuero federal, que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello”, dijo D’Alessandro a LA NACION.

“Nos dicen que somos ‘demasiado punitivistas’. Pero no son personas que detenemos nosotros porque sí: se trata de imputados por delitos cuyas detenciones son dispuestas por jueces nacionales, por delitos que en general no son de la Justicia de la Ciudad. Al principio de la pandemia teníamos claro que había que cumplir protocolos y que había una demora que tenía por objetivo no contagiar el Covid en las cárceles. Entendemos las complejidades, pero afirmamos que no puede ser la solución trasladarle el problema a la Ciudad. Nosotros tuvimos que adaptar el instituto para capacitar al personal para cuidar a presos y tuvimos que destinar a los traslados móviles que antes estaban abocados a la prevención”, precisó el ministro.

El otro punto en el que todavía persisten rispideces se da en los barrios de emergencia. Hasta principios de este año, las fuerzas federales mantenían sus despliegues en las villas principales de la Ciudad y en la zona periportuaria. Hace tres meses, la Prefectura se retiró de las calles de Puerto Madero, donde mantenía el servicio de prevención. Todavía la Gendarmería está en una parte de la villa 1-11-14.

Las villas -además de los conflictos intrafamiliares, que se exacerbaron durante la pandemia- son las que aportan la mayor cantidad de homicidios dolosos, quizás el único delito que esta amesetado en la Ciudad. También persisten, en esos enclaves, las actividades de algunas bandas importantes de narcotraficantes. El caso más reciente -y de mayor impacto en la opinión pública- fue el de Dumbo, el capo narco peruano que dominaba a sangre y fuego sus actividades criminales y diseminaba el terror en el Barrio Mugica, de Villa Lugano. A pesar de ser prácticamente el enemigo público número uno, ese narco está, hoy, prófugo.

“Allí ahora estamos trabajando con los dispositivos de Barrios Seguros”, explica D’Alessandro, que vuelve a poner sobre la mesa, en la conversación con LA NACION, la cuestión del respeto a la legalidad y a las reglas de conducta.

“Una sociedad que pretende ser normal debe tener reglas de conducta. Hay que trabajar sobre una ley penal juvenil, ya que los menores que delinquen no deben estar sometidos al mismo régimen que un adulto, pero sí deben enfrentar las consecuencias de sus actos”.

Otro foco de atención de la gestión, sostiene D´Alessandro, es la convivencia y el orden público, en especial, en lo relativo a las manifestaciones sociales. “Las marchas son un tema. No es lo mismo manejar una situación con 700 manifestantes que con 15.000. Y no podemos transformar una demanda social en una cuestión de seguridad. Nosotros, al inicio de nuestra gestión, armamos una mesa de diálogo. Que no nos cortaron el Metrobus fue un hito. Luego nos dejaban carriles libres de circulación. Complicaba el tránsito, pero no cortaban todo. Hoy retrocedimos, lamentablemente. Y muchas de las organizaciones que cortan son afines al Gobierno nacional”, expresó el nuevo ministro de Justicia y Seguridad porteño.

Aunque reconoce que “no hay un desborde”, D’Alessandro admite que la afectación de la economía que produjo el “parate” por la pandemia y sus consecuencias sociales hizo que volviera a ponerse el foco en la ocupación del espacio público.

Ante eso, repite, la fórmula debe ser el abordaje multidimensional de la seguridad. “Queremos garantizar la presencia del Estado en la Ciudad. Me imagino bajando los delitos y dándole a la gente lo que se merece, que es el derecho a la libertad. Nosotros queremos terminar con la vulneración de los derechos y generar una ciudad que sea segura”, concluyó.

Algunos datos

Según la información oficial, los delitos en la Ciudad están en los niveles más bajos de los últimos 26 años.

• En lo relativo a los homicidios dolosos, 2020 fue el segundo mejor año en cuanto a tasa cada 100.000 habitantes (4,03), apenas por encima de los guarismos de 2019 (3,32), cuando se registró el índice más bajo desde 1995.
• La cifra de robos es la más baja desde el año 2000, con un descenso superior al 60% en comparación con 2008, cuando se registró la mayor cantidad.
• Los secuestros bajaron más del 90%, al igual que los robos de autos, cifra que cayó 90% con relación al año 2002: desde entonces, pasó de 6667 a 658.
• El robo en la modalidad “motochorros” bajó un 60% con respecto a 2019. Con relación a 2018, la baja fue del 67 por ciento.

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