Mar del Plata: procesan por sedición a seis policías y a dos civiles por un autoacuartelamiento
El juez federal Santiago Inchausti consideró que se habían “alzado en armas” y que al dejar sin servicio de prevención a la ciudad generaron condiciones de desprotección que derivaron en saqueos a comercios y graves hechos de violencia
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LA NACIONDarío Palavecino
MAR DEL PLATA. Seis efectivos policiales y dos civiles quedaron procesados por el delito de sedición tras su participación en el autoacuartelamiento de fuerzas policiales que, a comienzos de diciembre de 2013, dejaron a esta ciudad sin servicio de seguridad, condiciones que derivaron en saqueos de comercios y otros hechos de gravedad.
Aquella acción, que tuvo como epicentros el Destacamento de Caballería de Parque Camet y la sede de la céntrica comisaría 1a., nació como un reclamo de los uniformados por mejoras salariales y encontró apoyos en algunos grupos de la sociedad que, desde redes sociales, convocaron a manifestar y acompañar a policías en rebeldía.
El juez federal Santiago Inchausti dictó el procesamiento de Carlos Turno, Rubén Ferreyra, Leandro René Bonora, Arturo Tobares, Daniel Leonardo Silva y Adriana Noemí Brussolo, que entonces se desempeñaban como oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y quedaron expuestos como algunos de los voceros y líderes de la protesta.
También dispuso una medida similar para Carlos Pampillón y Virginia Sosa, dos civiles a los que señaló como motores de la convocatoria de adhesiones a los manifestantes. Para todos se dispusieron embargos de bienes y valores por una suma que en total ronda los 100 millones de pesos.
Los hechos que se investigan corresponden al 8 y 9 de diciembre de 2013, en vísperas del inicio de la temporada de verano. El reclamo salarial activado por un grupo de efectivos policiales encontró pronta adhesión en el conjunto de la fuerza a nivel local y derivó en una suspensión de los servicios. Si bien los jefes no acompañaban, tampoco tenían acceso a los móviles, que continuaron en poder de los oficiales de menor rango.
La ausencia absoluta de efectivos de la fuerza de seguridad en las calles dejó en situación de absoluto desamparo a la comunidad y, en particular, a los comerciantes, que comenzaron a sufrir robos, saqueos y destrozos en sus locales.
“Se produjo una ola de robos bajo la modalidad de saqueos a varios comercios de la ciudad, y también otros delitos a la propiedad privada”, se concluyó en la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal, con intervención de la Fiscalía Federal N°2, que entonces dirigía Pablo Larriera y ahora está a cargo de Juan Manuel Portela.
La Justicia entiende que lo que ocurrió en aquellas dos jornadas fue un alzamiento en armas, resumido en el artículo 229 del Código Penal como sedición, delito para que el que prevén penas de uno a seis años de prisión.
“Asumieron una conducta proactiva dirigida a obtener una concesión del Estado provincial y del Ministerio de Seguridad, mediante un levantamiento público de los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, provistos del uso de armas de fuego y otros elementos intimidantes”, advirtió Inchausti sobre hechos en los que involucra tanto a policías como civiles.
En función de la prueba recabada a partir de la colaboración solicitada a Prefectura Naval Argentina determina que esos uniformados “poseyeron armas, impidieron el libre acceso a las dependencias policiales donde se autoacuartelaron bloqueando sus accesos, y que de acuerdo a los testimonios de los jefes de policía también se imposibilitó el uso de los móviles policiales”.
En la causa se señala que “personas ajenas a la institución policial” estimularon y apoyaron a efectivos de la fuerza para avanzar con su reclamo en un formato de protesta más arriesgado, que derivó en el auto acuartelamiento de personal de las distintas dependencias en el distrito.
Inchausti tuvo en cuenta evidencias logradas sobre mecanismos a los que recurrieron los manifestantes para impedir que los jefes policiales pudieran disponer de móviles de la fuerza. Describió que les bloquearon accesos a las comisarías y, entre otras trabas, les desinflaron móviles de los patrulleros o retuvieron las llaves de contacto.
Por Darío Palavecino
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