Mar del Plata: estuvo prófugo más de 15 años, cambió su identidad y cuando ordenaron detenerlo se resistió a los tiros

MAR DEL PLATA.– En octubre de 2003 Alejandro Salaberry y tres cómplices mataron a balazos a un policía bonaerense que intentó evitar el asalto que cometían en una distribuidora de artículos de informática. A los tiros, también, se resistió a la detención ordenada por la Justicia este fin de semana, tras la revocatoria de un fallo que había considerado prescripto el pedido de captura tras haber pasado más de 15 años prófugo por aquel crimen.

Recién lo habían podido ubicar y detener en julio del año pasado, cuando en esta ciudad fue a vacunarse en el operativo nacional de prevención de Covid 19, donde los registros del Ministerio de Salud bonaerense tenían constancia de su búsqueda, pero por un incidente que había protagonizado con un vecino del partido de Merlo, donde se había instalado hacía tiempo, aunque con otra identidad.

La familia del oficial Cristian Agusti, asesinado por la banda de la que Salaberry era parte, había recurrido el sobreseimiento del acusado y logró que se revoque ese beneficio dispuesto hace tres años.

“Es un precedente excepcional porque muestra un cambio en la Justicia. Un cambio lento, pero un cambio al fin. Cuando la Justicia obra por error no es Justicia”, dijo a LA NACION el abogado Fernando Soto, integrante de Usina de Justicia, asociación civil que interviene en el expediente como amicus curiae.

Salaberry estaba acusado de robo doblemente agravado por el uso de arma y por su comisión en lugar poblado y en banda, homicidio doblemente agravado criminis causae y por haber sido cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza de seguridad pública, y homicidio doblemente agravado, criminis causae y por haber sido cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza de seguridad pública, en grado de tentativa, por aquel hecho cometido el 27 de octubre de 2003 en 20 de Septiembre y Alvarado.

La jueza de Garantías María Rosa Frende firmó, el 31 de mayo de 2019, el sobreseimiento del imputado, quien no había podido ser ubicado durante los más de 15 años transcurridos desde el asesinato del uniformado que cumplía funciones en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata.

Pablo Martín Pogetto y Raúl Paolini, integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, atendieron los fundamentos de los querellantes y declararon nulo aquel fallo de Frende. Sostuvieron que el encausado, aun cuando sabía que tenía un pedido de captura en contra, “invocó y ejerció distintas identidades usurpadas, impidiendo su real identificación”.

“Las acciones dolosas y fraudulentas del imputado, que lo beneficiaron con el dictado de la resolución ahora puesta en crisis, constituyen el fundamento de que la cosa juzgada sea írrita”, coincidieron los camaristas.

Salaberry había concurrido a los Tribunales el 28 de enero de 2019 en compañía de su defensa. Ante el Juzgado de Garantías se presentó con documentación personal para pedir su sobreseimiento por considerar extinguido el plazo de acciones legales, con un pedido de detención durante más de 15 años, por el crimen de Agusti.

Este fin de semana supo de la resolución del tribunal de alzada. En consecuencia, tenía presente que la orden de su detención llegaría en horas. En declaraciones al diario La Capital aseguró que él no fue quien mató a Agusti, pidió perdón por su participación en el hecho y garantizó que no opondría resistencia, ya que afronta una enfermedad terminal.

Sin embargo, ayer, cuando los policías que mantenían rodeado su domicilio fueron a hacer efectiva la captura, Salaberry los atacó a tiros. Algunos de los proyectiles dañaron los móviles policiales. Fueron sus propios familiares quienes lo sacaron de la casa para que pudiera ser reducido y trasladado a una unidad penal, según dispuso el fiscal Leandro Arévalo, que le abrió una nueva causa por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de armas, entre otros delitos.

Graciela Beatriz Panebianco, madre de Agusti, siempre insistió con que no bajaría los brazos hasta que Salaberry pagase por el crimen de su hijo. Incluso frente a la demoledora decisión de la prescripción, recurrió a abogados, segura de que había elementos para revertir el sobreseimiento de quien, sostiene ella, fue el asesino de su hijo.

Mientras estaba prófugo por el crimen de Agusti, Salaberry afrontaba otra causa por tentativa de homicidio en Merlo, donde se presentaba como Lucas Lamas. Con esa identidad afrontó, en 2010, una causa por amenazas, y otra en octubre de 2018 por tentativa de homicidio contra un vecino, al que atacó con un machete tras una discusión.

Los camaristas resaltaron que el verdadero Lucas Lamas sufrió un allanamiento de su domicilio y demás procedimientos ordenados por la Justicia a partir de los delitos que Salaberry cometió mientras usurpaba su identidad.

No sería la última vez. En la Unidad Fiscal de Composición Temprana de Conflictos del Departamento Judicial Mar del Plata se recibió una denuncia de la Dirección del Hospital Interzonal General de Agudos Oscar Alende, de esta ciudad, al confirmar que habían advertido que quien se hacía atender bajo el nombre de Maximiliano Salaberry no era él, sino su hermano, el prófugo Alejandro Javier, que volvía a tomar documentación ajena para ocultar su real identidad y, así, evitar su captura, todavía activa.

El crimen de Agusti

Según surge de la investigación judicial que se hizo en aquel momento, el 27 de octubre de 2003, a media tarde, al menos cuatro hombres ingresaron en el comercio denominado “Unicomp Computación”, que funcionaba en 20 de Septiembre 2946, en cercanías de la zona céntrica marplatense.

Luego serían identificados como Raúl López, Fernando Palomino, Carlos Marcelo de los Santos y Alejandro Salaberry. Los dos primeros, armados con una pistola Bersa Thunder 9 mm. y otra calibre 11.25, redujeron a los propietarios del lugar, Nicolás Urruty y José Tury, y a los ocasionales clientes. Les robaron dinero, mercadería –discos rígidos, placas, memorias, una notebook y teléfonos celulares–, además de relojes y anteojos.

Por aviso de las propias víctimas y testigos, llegó al lugar una patrulla policial a cargo de los oficiales Agusti y Cristian Fournier. En la puerta del local se produjo un tiroteo. Agusti recibió los impactos de tres proyectiles en el pecho, el abdomen y la espalda. Murió en el acto. Su compañero también quedó con lesiones graves de las que se pudo recuperar.

López y Palomino, armas en mano y en plena fuga, pudieron ser capturados por otros efectivos que llegaron como refuerzos a la escena del cruento asalto. Fueron condenados a prisión perpetua. De los Santos logró escapar y, como Salaberry, también recurrió a un cambio de identidad para evitar su detención, que finalmente se produjo en 2012, cuando trabajaba en una pizzería de la ciudad de Buenos Aires bajo el nombre de Roberto Percia. En la cárcel cumple similar pena que sus cómplices.

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