Mapa del delito: los robos en la ciudad bajaron 45 por ciento en la pandemia

La pandemia del Covid-19 alteró todo el movimiento social. Incluso, afectó al delito. Las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires sobre lo ocurrido en 2020 marcaron una caída en los robos potenciada por las limitaciones impuestas por la cuarentena. Esa clase de crimen disminuyó 45% con relación a las cifras notificadas el año anterior. Las acciones tomadas para prevenir contagios representaron un brusco freno a las actividades delictivas en las calles porteñas, sin embargo, esas medidas enfocadas a la emergencia sanitaria no fueron las únicas barreras contra los ladrones, sino que las autoridades porteñas consideran que la inesperada irrupción de una “nueva normalidad” solo se sumó al rediseño del despliegue policial y a la incorporación de tecnología para resolver las investigaciones.

“Cuando la gente empezó a tener mayor movimiento en las calles no se dio un proporcional aumento del delito, así que no se puede asignar solo a la situación de pandemia esta baja del delito, que es sostenida hace unos años”, explicó el vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Uno de los delitos que más impacto público causó en los últimos años es el ataque de motochorros. Y esa modalidad registró una de las disminuciones más fuertes el año pasado, con 60 por ciento menos de casos que los denunciados un año antes. Fueron 3734 episodios con esas características los consignados en las estadísticas criminales porteñas durante 2020. La caída es más abrupta si se toman en cuenta los 11.271 robos de motochorros notificados en 2018. Esa clase de delito representa algo más del 10 por ciento del total de robos.

Algo similar ocurrió con el robo automotor, con 658 casos verificados el año pasado. Ese delito tuvo su pico en 2002, cuando se 6667 vehículos fueron robados en las calles porteñas. Se trata, además, de un delito que no tiene “cifra negra”, ya que todos los damnificados realizan la denuncia para poder cobrar el seguro. Santilli detalló que la reconstrucción del sistema de estadísticas criminales se apoya en un sistema de transparencia y para eso se sumaron en los últimos años alternativas para que los vecinos presenten en forma más fácil las denuncias por toda clase de robos. Por ejemplo, ya no es necesario concurrir a la comisaría con jurisdicción en la zona del hecho y eso, a criterio de las autoridades porteñas, evitó que fuesen desalentadas las denuncias.

“Pasamos de los 6000 agentes en las calles que se tenía en la etapa anterior a la creación de la Policía de la Ciudad a contar con 19.500 uniformados que fueron destinados a tareas de prevención directa del delito, por eso se da una disminución sostenida de los casos”, aseguró Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad porteño.

A diferencia de los delitos contra la propiedad, aumentaron en 2020 los homicidios. Se notificaron 22 por ciento más de casos, con una parte importante de ese incremento sostenido por enfrentamientos entre bandas por el poder territorial en las villas 21-24 y 1-11-14. En el asentamiento ubicado en Barracas se cometieron el año pasado 12 asesinatos más que en 2019. Ese territorio quedó desde el mes pasado bajo control operacional de la Policía de la Ciudad, que reemplazó en la villa 21-24 y en Puerto Madero a las unidades de la Prefectura que se encargaban de la vigilancia.

En lo asentamientos se registraron 51 de los 124 homicidios en las calles porteñas.

Del total de asesinatos, ocho fueron femicidios. La tasa de homicidos cada 100.000 habitantes es de 4,03, una de las más bajas entre las capitales americanas.

En la ciudad de Buenos Aires no se notificaron secuestros durante 2020 y esa situación, a criterio de las autoridades, estaría relacionada con el aumento de la videovigilancia establecida en el territorio porteño, donde se pasó de las 2000 cámaras instaladas en 2018 al monitoreo de más de 10.000 en estos días.

Más allá del informe anual sobre los delitos en la ciudad, los funcionarios porteños señalan que el mapa del delito es una necesaria herramienta para la toma diaria de decisiones. El despliegue de los uniformados es decidido después de ser analizada la situacion delictiva en cada barrio, ya que al tratarse de una actividad criminal que cambia de modalidad y territorio de acuerdo con las oportunidades de blanco, se busca utilizar la herramienta física (brigadas encubiertas, patrullas motorizadas, concentración de recursos) adecuada para cada desafío. “Al menos una vez por hora debe verse la presencia de un policía en cada esquina de la ciudad. En todas”, indicó Santilli.

Pese al diseño de una rotación de uniformados a partir de las necesidades expuestas por el mapa del delito, dos situaciones mantienen aferrados a una buena cantidad de agentes en posiciones fijas. Por orden judicial hay más de 800 custodias especiales -en muchos casos por casos extremos de violencia de género en los que no se toma medida judicial alguna contra el atacante- y en alcaidías son alojados 600 condenados sin lugar en unidades penitenciarias. Esas circunstancias mantienen a unos 4500 policías en tareas de vigilancia fuera de las calles.

Creció la cantidad de detenidos

Más allá del descenso de los robos registrados en la ciudad de Buenos Aires durante el año pasado, en esos doce meses aumentó la cantidad de detenidos por esos delitos. La información oficial del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño señaló que 7635 sospechosos fueron arrestados por robos en 2020, mientras que un año antes se habían notificado 6979 arrestos por esa clase de delitos.

Ese incremento de detenidos provoca, a su vez, un problema logístico en el esquema de seguridad porteño. La ciudad depende del cupo de alojamiento en el sistema penitenciario federal que consigan los tribunales nacionales, ya que en el proceso de transferencias de funciones aún no cuentan los vecinos con unidades penales y un completo sistema de justicia porteño. Frente a esa situación, hay más de 600 condenados que cumplen sus penas en alcaidías de la ciudad. Esos lugares fueron previstos para alojar a detenidos durante un breve lapso, pero su uso permanente no solo provoca un incumplimiento a fallos judiciales -algo que las autoridades porteñas reconocen como inevitable-, sino que también demanda la asignación de efectivos para la custodia de los presos. En consecuencia, se pierden agentes para la prevención del delito en las calles.

Los funcionarios porteños esperan que ese problema pueda ser solucionado en conversaciones con las autoridades nacionales a cargo de la política penitenciaria. Sin embargo, no cuentan con una resolución inmediata ni positiva. Fueron muchos los choques en los últimos meses entre las autoridades porteñas y la Casa Rosada. Uno de los golpes más fuertes de esa pelea política impactó en el área de seguridad: el Gobierno nacional se quedó con el dinero que había sido comprometido en 2016 para la transferencia a la órbita de la ciudad de la por entonces superintendencia de seguridad metropolitana de la Policía de la Ciudad.

Fuentes porteñas aseguran que el presupuesto de este año para el Ministerio de Justicia y Seguridad es de 90.000 millones de pesos; en esa partida estaba contemplados $ 65.000 millones de pesos que, finalmente, se quedó la Casa Rosada. De todas maneras, una resignación de recursos permitirá al área de la seguridad pública contar con el dinero asignado, fondos que se utilizan fundamentalmente para pagar el salario de los casi 26.000 efectivos y respaldar los programas de capacitación y reequipamiento.

Esa inversión en tecnología es considerada por las autoridades porteñas como clave para reducir las cifras del delito. Por ejemplo, los funcionarios aseguran que se pudieron resolver casos de presunta corrupción o mal desempeño policial a partir de los sistemas de geolocalización de los agentes y móviles. Esa posibilidad de un seguimiento online de los movimientos de los uniformados es señalado como uno de los factores que contribuyen a una mayor eficacia en las tares de prevención del delito.

Siete mil llamados por día

El sistema de llamadas de emergencia 911 forma parte, también, de los recursos estratégicos de la Policía de la Ciudad. Es que allí se siente en forma cotidiana el pulso de la calle. Cada día se reciben más de 7000 llamadas. Para resolver esas situaciones, los operadores se apoyan en el sistema de videovigilancia, que en la ciudad ya cuenta con más de 10.000 cámaras. En los últimos años se sumaron, además, sistemas de cámaras con seguimiento online en 200 patrulleros, algo que, a criterio de las autoridades porteñas, dotó de mucha flexibilidad al sistema de respuesta basado en tres centros de monitoreo.

Otros dos puestos de observación de cámaras focalizan su atención en las 120 unidades de videovigilancia y 498 lectores de patente que se distribuyen en el “anillo digital” instalado en la avenida General Paz y en 74 entradas y salidas de la ciudad.

Con el apoyo tecnológico, los funcionarios porteños aseguran que fueron resueltos dos tercios de los 124 homicidios que se registraron en la ciudad durante 2020.

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