Mandan a la casa a un acusado de violación que vive en el mismo barrio que su víctima, una niña de 13 años
Pedro Olmos fue detenido en septiembre pasado, acusado de abusar sexualmente de una niña, de 13 años. Por pedido de un fiscal de Lomas de Zamora estaba a punto de ser condenado a ocho años de prisión, en un juicio abreviado.
Pero desde hace casi tres semanas, Olmos está en su casa de Burzaco, situada a pocas cuadras de la vivienda de la víctima. A pesar de que la llamada ley de víctimas lo impone con obligatoriedad, ni a la menor abusada ni a su familia les informaron que el acusado había regresado al barrio tras haber sido beneficiado con la prisión domiciliaria, el 4 de este mes, simplemente por su edad: tiene 67 años.
El primer intento de Olmos había fracasado; de hecho, un juez de Garantías no solo le denegó la solicitud de detención domiciliaria sino que ordenó su traslado de la comisaría en la que estaba alojado a una cárcel común. Pero, menos de una semana después, el juez de Casación Víctor Violini hizo lugar a un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del presunto violador y tomó por válidos los argumentos de la representante legal del acusado sin contrastarlo con informes médicos que validaran la existencia y gravedad de las patologías descriptas en el pedido de morigeración de las condiciones de detención.
Según describe el recurso de inaplicabilidad de la ley presentado por el fiscal ante la Cámara de Casación penal bonaerense, Carlos Altuve, en la resolución que le otorgó el beneficio al presunto abusador sexual no figura ningún informe médico que indique que el procesado sufre de "hipertensión crónica y osteoporosis" y que por eso debía ser incluido en el grupo de riesgo de presos con peligro de vida ante un caso de contagio masivo de coronavirus en la cárcel en la que estaba detenido.
Además, según pudo constatar LA NACION, el nombre de Olmos tampoco figura en los tres listados elaborados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Ministerio de Seguridad provincial con los nombres de 662 presos que, por tener más de 60 años y padecer patologías crónicas, diabetes, enfermedades inmunosupresoras u oncológicas, corrían riesgo de vida y podrían ser beneficiados con prisiones domiciliarias. Al menos 430 de esos 662 presos tenían causas por denominados delitos leves.
A partir de la reconstrucción del proceso que terminó con Olmos en su casa, realizada por el Ministerio Público, se determinó que el 27 de marzo pasado el juez de Garantías de Lomas de Zamora que tenía a su cargo el caso de Olmos rechazó el pedido de la defensora del imputado para que se le concediera la posibilidad de cumplir la prisión preventiva en su casa. En la misma resolución el magistrado ordenó que Olmos, que hasta ese momento estaba preso en una comisaría, fuese trasladado a una cárcel común.
Entonces, la defensora presentó una acción de hábeas corpus por el presunto agravamiento de las condiciones de detención del imputado. El 3 de abril pasado, el juez de la Cámara de Casación penal bonaerense Víctor Violini resolvió que se le debía conceder a Olmos la prisión domiciliaria en tanto dure la situación actual de pandemia, debido a su edad.
Al fundar su resolución, el magistrado sostuvo que el acusado sufría hipertensión crónica y que había padecido neumonía. Además, el camarista ordenó que se resguardara la "incolumidad psicofísica de la víctima" debido a la cercanía de su domicilio con el del imputado.
Al día siguiente, Olmos llegó a su casa para cumplir la prisión domiciliaria. El fiscal de Lomas de Zamora que se había opuesto al primer pedido recibió la notificación el 6 de abril.
"La acción de hábeas corpus ha sido resuelta sin documentación respaldatoria médica, en ausencia de historia clínica e informe ambiental y teniendo solo en consideración los dichos de la defensora particular del imputado", sostuvo el fiscal Altuve en el recurso presentado ante el Máximo Tribunal provincial.
Según fuentes policiales y judiciales, el ataque por el que fue acusado Olmos, ocurrió el 24 de abril de 2019. Un mes después, la Justicia ordenó la captura nacional e internacional del imputado, quien fue apresado el 17 de septiembre pasado, cerca de su casa. Olmos estuvo prófugo y, además, es vecino de la víctima. En su caso, según los acusadores, se verifican dos riesgos procesales: eludir la acción de la Justicia y entorpecer la investigación; a eso se suma la expectativa de una pena de prisión de cumplimiento efectivo.
"No se ha resguardado debidamente a la víctima, una niña de 13 años, vecina del imputado. No solo se ha omitido disponer la obligatoriedad de la información previa y la citación a la víctima a los efectos de ser escuchada antes de la concesión del arresto domiciliario, sino que tampoco se ha ordenado la implementación de recaudo alguno a efectos de asegurar y garantizar la protección de la misma y su entorno, debido a que solo se ha consignado que se debía resguardarse su salud psicofísica", concluyó el fiscal Altuve al fundar su recurso ante la Suprema Corte bonaerense.
En los fundamentos de su planteo, el representante del Ministerio Público ante la Casación sostuvo que en la resolución que benefició al supuesto violador se hizo referencia a un imputado que estaba en una comisaría y postrado "cuando, en realidad, el acusado había sido trasladado a una cárcel y se movía por sus propios medios".
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