Mafia de los contenedores. Aceleran el control de 365 cargamentos decomisados para donar la mercadería contrabandeada
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la causa, designó una veedora para que se haga cargo de la verificación
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Marta Marmissolle, una exfuncionaria judicial con 30 años de trayectoria, fue designada como veedora en una sensible causa de corrupción: la de Mafia de los contenedores. Su misión será estar al frente del operativo de verificación y aforo de los 365 containers secuestrados durante la investigación y que todavía no fueron abiertos. Tras el control, la mercadería hallada será donada.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La designación de Marmissolle fue definida en las últimas horas por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que está a cargo del expediente.
El 14 de este mes, en un fallo donde confirmó el procesamiento de exjefes aduaneros y de otros sospechosos, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico, con una integración especial de los jueces Juan Carlos Bonzón, Eduardo Farah y Mariano Llorens, requirió al magistrado de primera instancia que proceda “a disponer lo necesario para que, con la mayor premura posible, se complete la verificación de los contenedores que aún no hayan sido examinados para proceder conforme a la ley en función de los respectivos hallazgos”.
En los 365 contenedores sin revisar habría telas, mochilas y artículos denominados como “popurrí”, mercadería que será donada a distintas ONG.
Fuentes judiciales informaron que desde que comenzó la causa, ya se donó mercadería por un valor cercano a los 100 millones de dólares.
El comienzo de todo
El 20 de febrero de 2017 se dio inicio al proceso. Desde entonces se abrieron 407 contenedores, en los que había más de 1200 toneladas de telas, 441 toneladas de cemento, más de 287 mil juguetes, 244 mil kilos de indumentaria, 55 mil kilos de caños y 77.000 mochilas y bolsos, entre otras mercaderías que fueron entregadas a 312 organizaciones sociales en 175 localidades de 22 provincias.
La causa comenzó en marzo de 2016, tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac). El Ministerio Público está representado por la fiscal en lo Penal Económico María Gabriela Ruiz Morales.
La denominada causa de la Mafia de los contenedores tiene varios legajos y diferentes partes del expediente ya fueron elevados a juicio oral y público. En uno de ellos fue investigado Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado de Julio De Vido. En noviembre de 2019, Minnicelli fue condenado a cinco años de cárcel.
Tras el fallo del tribunal de alzada, según fuentes judiciales, se citó a prestar declaración testimonial a la subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas de la Dirección General de Aduanas (DGA), Rosana Lodovico, para que informara el estado de verificación de los contenedores.
“El estado de situación actual es que se encuentran pendientes de verificación, aforo y donación 365 contenedores afectados a la causa. En su gran mayoría están alojados en la Terminal Portuaria N°5″, sostuvo la testigo.
En las últimas horas, en la resolución donde designó a Marmissolle como veedora judicial, el juez Aguinsky explicó: “En este contexto, y en cumplimiento de lo encomendado por los jueces de Cámara, resulta propicio que esta judicatura amplíe su radio de actuación para involucrarse en la gestión del procedimiento de verificación, aforo y donación de las mercaderías cargadas en los contenedores remanentes”.
Marmissolle deberá, según lo estableció el magistrado:
- Controlar el cumplimiento de todas las formalidades establecidas en los protocolos de actuación previstos para la gestión de las verificaciones, aforos y donaciones de la mercadería.
- Requerir a la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas de la Dirección General de Aduanas, informes quincenales sobre el avance del proceso de verificación, aforo y donación de las mercaderías, los cuales deberán luego remitirse a este tribunal.
- Oficiar de nexo e interlocutor válido entre las distintas reparticiones estatales intervinientes con el fin de propender a una mayor agilidad en la comunicación y resolución de controversias.
- Informar al tribunal sobre los obstáculos o contingencias de cualquier índole que a su criterio dificulten o ralenticen el proceso de verificación, aforo y donación.
Proponer al tribunal, desde su experiencia y conocimiento, acerca de procesos o mecanismos de gestión alternativos que considere puedan optimizar los objetivos de la tarea.
En el citado fallo de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, entre otros, se confirmó los procesamientos de los exjefes aduaneros Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi.
Bernardi fue jefe de la Aduana de Buenos Aires y en un allanamiento le secuestraron 500 mil dólares que estaban en una bolsa anaranjada de una conocida cadena de heladerías.
En la misma resolución, Aguinsky dictó la falta de mérito de dos exdirectores de la Aduana del anterior gobierno kirchnerista: Guillermo Michel y Carlos Sánchez. Michel volvió a ser designado jefe del organismo en junio pasado.
“Lo que exclusivamente está en juego en este momento, y lo único que estamos llamados a decidir, es si el caso presentado por el juez de grado en su resolución tiene el grado de probabilidad que el Código exige, y creemos que sí: las pruebas que hemos visto reunidas en el expediente indican que es altamente probable que los hechos hayan ocurrido como dijo el juez instructor y que es altamente improbable que hayan ocurrido como dicen los imputados”, sostuvieron los jueces Farah, Bonzón y Llorens.
Aguinsky había dictado los procesamientos a fines en noviembre de 2019. En esa oportunidad se refirió a un caso de “ceguera voluntaria de la Aduana”.
“Lo argumentado por Santanna, e incluso por Bernardi y Paolucci, en cuanto al desconocimiento de los pormenores de la gestión a cargo de sus subalternos que el inculpado invocó a su favor, resulta inconducente para eximirlo de responsabilidad. Aquella ignorancia expuesta todo el tiempo por el imputado puede presentarse a esta altura como un mero ropaje argumentativo que, como hipótesis de mínima, podría considerarse incluso como una ignorancia deliberada o ceguera voluntaria. Esto es, un supuesto en el cual quien puede conocer –y, de hecho, conoce– pretende distanciarse de los sucesos delictivos, provocando temerariamente su propia ignorancia, y este estado subjetivo es compatible con un proceder doloso”, estimó Aguinsky.
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