Mafia de los contenedores: el caso de la "ceguera voluntaria" en la Aduana
LA NACIONGabriel Di Nicola
Ignorancia deliberada. Ceguera voluntaria. Certeza de impunidad. Así, según la Justicia, actuaron decenas de importantes funcionarios de la Aduana durante 2014 y 2015, al menos. Esa situación permitió operaciones millonarias de contrabando de mercadería desde China descubiertas en la causa de la llamada mafia de los contenedores.
En las últimas horas, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó sin prisión preventiva por contrabando y asociación ilícita a 48 funcionarios de la Dirección General de Aduanas. El magistrado, que calificó las maniobras desplegadas por los sospechosos como un "plan criminal de escala pocas veces vista", les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $21.229.917.824, unos 337 millones de dólares, según informaron fuentes judiciales.
"La corrupción enquistada en los cimientos mismos del Estado, como la sustracción de los recursos con los que este debiera contar para concretar sus objetivos, son daños cuyas consecuencias trascienden toda consideración individual para convertirse en un problema sistémico que erosiona toda la vida en comunidad", afirmó el magistrado en su resolución.
En la misma resolución, Aguinsky dictó la falta de mérito a dos exdirectores de la Aduana del último gobierno kirchnerista: Guillermo Michel y Carlos Sánchez.
Entre los exfuncionarios de la Aduana procesados por Aguinsky están Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi. Este último fue jefe de la Aduana de Buenos Aires y en un allanamiento le secuestraron US$500.000 que estaban en una bolsa anaranjada de una conocida cadena de heladerías.
Santanna, Paolucci y Bernardi tuvieron importantes cargos en la Aduana bajo la gestión de Ricardo Echegaray en la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Aguinsky sostuvo: "Lo argumentado por Santanna, e incluso por Bernardi y Paolucci, en cuanto al desconocimiento de los pormenores de la gestión a cargo de sus subalternos que el inculpado invocó a su favor, resulta inconducente para eximirlo de responsabilidad. Aquella ignorancia expuesta todo el tiempo por el imputado puede presentarse a esta altura como un mero ropaje argumentativo que, como hipótesis de mínima, podría considerarse incluso como una ignorancia deliberada o ceguera voluntaria. Esto es, un supuesto en el cual quien puede conocer –y, de hecho, conoce– pretende distanciarse de los sucesos delictivos provocando temerariamente su propia ignorancia, y este estado subjetivo es compatible con un proceder doloso".
Paolucci fue condenado el viernes pasado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°2 a ocho años de cárcel por contrabando y asociación ilícita en el contexto de la causa de mafia de los contenedores.
"Se ha podido observar a lo largo de esta investigación una práctica ilícita estructurada, planificada, temporalmente estable, particularmente homogénea y ejecutada diversificadamente por numerosos actores que difícilmente podrían haber logrado el éxito frente a un serio control establecido en las líneas de la burocracia estatal. En ese escenario, las evidencias colectadas en autos permitieron arribar a la conclusión de que tales maniobras fueron instadas dentro del mismo sistema aduanero, es decir, por quienes paradójicamente debían custodiar los intereses del Estado y sus recursos públicos", afirmó Aguinsky al dictar el auto de procesamiento.
Contrabando enquistado
En las casi 300 páginas del fallo, Aguinsky habló de un contrabando "enquistado" en la estructura del servicio aduanero.
"Ya no solamente nos encontramos ante 'iniciativas privadas' apalancadas por ciertos integrantes del órgano de control sino también frente a una suerte de institucionalización del delito de contrabando enquistado en la estructura del servicio aduanero, coordinado por estudios y profesionales del comercio exterior y utilizado por determinados empresarios. Indudablemente no todo el personal aduanero está impregnado de aquella corrupción de la que venimos haciendo referencia. Sin embargo, pareciera que quienes no se encuentran inmersos en tales prácticas poco hacen para modificar el curso de esa inercia", afirmó Aguinsky.
La causa, que comenzó en marzo de 2016 tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac), superó los 265 cuerpos e investiga el contrabando de 532 contenedores que "han salido a plaza y 39 contenedores en situación de rezago", según explicaron fuentes judiciales.
En una anterior resolución, el juez Aguinsky había definido las operaciones de contrabando descubiertas durante la instrucción de la causa como de "escala monumental".
En el expediente, además de la Procelac, el Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales.
Como informó LA NACION en diciembre pasado, Aguinsky separó el expediente en varios legajos para evitar "la formación de una megacausa que solo sirve para enredar las distintas líneas de investigación.
Información escandalosamente asimétrica
Entre las pruebas incorporadas al expediente hay documentación que Aguinsky calificó como "información escandalosamente asimétrica" relativa a la balanza comercial entre la Argentina y China.
Se trata de un informe de la Subdirección General de Control Aduanero entregado al magistrado en el que se observan las diferencias entre lo China afirma que exportó y lo que en la Argentina se consignó como importación proveniente de aquel país.
Según el expediente judicial, en el ejercicio 2014 "desde China se dijo haber exportado a la Argentina 917.000 toneladas de trajes—sastre, conjuntos, sacos, vestidos, faldas, faldas—pantalón y pantalones, mientras que en la Argentina se dijo haber importado 87.000 toneladas de esa mercadería desde China. Para el año 2015, desde China se dijo haber exportado a la Argentina 1.961.000 toneladas, mientras que en la Argentina se dijo haber importado desde China solo 111.000 toneladas de esa mercadería".
Para Aguinsky esta divergencia tiene una explicación: "No resulta aventurado afirmar que la confianza de los imputados de sentirse impunes frente al delito forjó, con el transcurso del tiempo, su propia trampa. La comodidad con la que los funcionarios aduaneros se desenvolvieron durante un extendido período, sumado al afán de introducir un sinfín de contenedores con mercaderías de contrabando, derivó en un relajamiento natural de sus métodos. Indudablemente sus prácticas se fueron anquilosando frente al fácil éxito de sus planes", sostuvo el magistrado.
Propuestas
En los puntos finales de la resolución, Aguinsky propuso una serie de medidas para intentar luchar contra la mafia aduanera.
"Resulta imperioso diseñar y ejecutar adecuadas políticas públicas que permitan zanjar aquellas problemáticas con el fin de generar mayor confianza en el desenvolvimiento de los procedimientos aduaneros. Con 26 años de ejercicio de esta magistratura puedo llegar a la conclusión de que la Aduana no puede por sí sola generar esos cambios", afirmó el magistrado.
Una de sus propuestas es que exista un registro fílmico de toda operación aduanera donde intervenga un representante del Estado en "su interrelación con todos los operadores del circuito aduanero. Cada contenedor con su historial documentado en imágenes. Desde su ingreso a puerto, con observación obligatoria a través de escáneres de tipo pórtico reportada a un centro de monitoreo, con control cruzado por parte de organismos no subordinados entre sí. Y si resulta necesario para cuidar aún más los recursos del fisco, disponer la portación de una body cam para que el agente aduanero sea el que genere el registro con su propia actividad".
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