“Madoff argentino”: La Fiscalía pidió una pena de diez años de prisión y casi $230 millones de multa para Enrique Blaksley

Diez años de cárcel y una multa de casi 230 millones de pesos, seis veces el monto del dinero captado a través de un eventual engaño y “lavado” en opacas operaciones inmobiliarias y comerciales. Ese es el castigo que el Ministerio Público Fiscal de la Nación pidió hoy para Enrique Juan Blaksley Señorans, acusado de ser el ejecutor de una de las mayores estafas financieras de la historia del país, lo que le valió el mote de “Madoff argentino”.

Así lo solicitó el fiscal federal Abel Córdoba durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, que juzga a Blaksley y a otros imputados por lavado de dinero y 311 hechos de millonarias estafas contra damnificados por el derrumbe de su empresa, Hope Funds. Blaksley lleva cuatro años y medio preso; la semana próxima se vence la última prórroga de prisión preventiva dictada por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico.

“Nos pareció un muy buen alegato; si bien tomó varias jornadas, fue claro y específico, marcando todos y cada uno de los elementos que son contundes para llegar a una condena de los responsables, simple y técnicamente impecable”, dijo a LA NACION el abogado Víctor Varone, que representa a 70 de los damnificados.

Córdoba pidió la pena mayor para el hombre al que se considera el arquitecto del entramado societario de Hope Funds, que trascendió las operaciones en el país y tuvo ramificaciones en Estados Unidos, Panamá, Europa, Asia y África, a través de una 60 sociedades comerciales, muchas de ellas, simples sellos de goma. Lo acusó por los delitos de asociación ilícita, 311 hechos de estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorros no autorizada y agravada por haber sido cometida mediante oferta pública.

Calculó el perjuicio de las operaciones fraudulentas en unos 900 millones de pesos, unos 6 millones de dólares al cambio oficial de hoy. Pero la estimación del lavado alcanza a 37.931.214,5 pesos; de ahí que la multa que propuso para Blaksley alcance los $227.587.287, poco más de un millón y medio de dólares oficiales.

“Se hizo la cuenta con la propia contabilidad de Hope Funds y con la documentación secuestrada. Esto dio un monto de captación de ahorros del público, al menos hasta 2014, de 120 millones de dólares. Eso es lo que fue tomado, documentado y contabilizado. De eso, Blaksley invirtió 25 millones, y no le dieron rédito. Los otros 95 millones se los llevó, los gastó, no están... Hay prueba indirecta e indicios que marcan que esto es solo una parte. Pero es suficiente para las condenas”, dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.

Aunque el fiscal federal postuló la absolución de tres de los hermanos del presidente de Hope Funds –Francisco, María Rita y Juan Pablo Blaksley– y de Alexis Dietl, el efecto de la acusación se derramó contra otros diez imputados, para quienes solicitó penas de entre tres años y seis años y medio de prisión, por todos o parte de los delitos atribuidos en el proceso.

En concreto, para Alejandro Carozzino –cuñado de Blaksley– y el abogado comercial Pablo Willa, partícipes en la conformación de empresas en el extranjero (algunas, a través del estudio Mossack Fonseca, fuente de la megafiltración de datos de operaciones offshore conocida como Panamá Papers), la fiscalía solicitó 6 años de prisión más multa por seis veces del monto de lavado de activos; para el gerente de Hope Funds, Federico Dolinkue, y Verónica Vega –gerente comercial y cuñada de Blaksley–, solicitó la misma multa, pero 5 años de cárcel. Para Rafael de la Torre Urizar, Esteban Casco, Guillermo Müller, Felipe Badino, Daniela Sarsa, Damián Gómez y María D’Ángelo, el pedido fue de tres años.

El fiscal Córdoba llegó a la etapa de alegatos con la base de la acusación que, en la instrucción del caso, hizo la fiscal federal Alejandra Mángano. El núcleo de la imputación es el siguiente: “Haber tomado intervención, cuanto menos a partir de 2007 y hasta 2016, en una asociación o estructura criminal creada, organizada y liderada por Enrique Blaksley Señorans, conformada por diferentes personas físicas y jurídicas, destinada a cometer delitos. Durante el periodo de tiempo indicado desplegaron distintas maniobras por medios de las cuales defraudaron no solo al Fisco Nacional, sino también a particulares, quienes le confiaron dinero bajo las figuras de contratos de mutuo, certificados de inversión, contratos de inversión y de adhesión a fideicomisos inmobiliarios, con la promesa de ser invertido y retornado, en el caso de los primeros, con intereses elevados, luego de un plazo. Esto no sucedió, y el dinero ha sido ilícitamente capitalizado por los imputados. Para ellos se valieron de un complejo entramado societarios que les permitió insertar en el mercado el dinero obtenido ilícitamente con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito”.

Los ejes acusatorios

El mes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en su alegato, había solicitado la pena de 12 años de cárcel para el Madoff argentino por liderar una asociación ilícita. También pidió que se le imponga el pago de una multa equivalente a siete veces el monto de las operaciones involucradas, cuyo monto actualizado aún no fue establecido, pero que podría rondar los 1000 millones de pesos, y el decomiso de todos los bienes de la fallida firma, que está en quiebra y, por lo tanto, sujeta a la ejecución dispuesta por un juzgado comercial.

Los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, querellantes en nombre de la AFIP, lo consideraron “único artífice, líder y organizador” de la estructura de la empresa y de las maniobras delictivas desarrolladas a través de ella. Por eso lo consideró autor penalmente responsable de los delitos de “estafa reiterada en 318 oportunidades, captación de ahorros del público no autorizada y agravada por haber sido cometida mediante oferta pública, asociación ilícita en carácter de autor, evasión fiscal, lavado de activos e insolvencia fraudulenta”.

En su alegato, Lozano sostuvo que entre agosto de 2011 y hasta septiembre de 2018, la empresa Hope Funds, con Blaksley a la cabeza, había captado dinero de ahorristas sin autorización y había desviado fondos del Estado, producto de millonarias defraudaciones fiscales por omisiones sobre pagos de IVA e Impuesto a las Ganancias.

Lozano objetó, en particular, el contrato de mutuo que Hope Funds firmó con el empresario de medicina prepaga Manuel Jorge Vilar en abril de 2006: Para la AFIP, se trató de una operación simulada, ya que en la misma fecha de constitución del mutuo se firmó un contradocumento que anulaba los efectos del contrato anterior. El dinero nunca pasó de mano a mano, sino que sirvió para volcar al mercado 633.000 dólares obtenidos de manera ilegal, afirmó el abogado del organismo.

La AFIP señaló que “gran parte del dinero que obtenían por el fraude fiscal, las estafas y la captación indebida de dinero del público se usó en la compra de inmuebles en el exterior para hacer que aquel dinero adquiriera transparencia lícita”. Contabilizó una propiedad en el 1395 de Brickell Avenue, en Miami, y varias unidades del complejo de departamentos Panamera, de Panamá, que luego fueron traspasados a sociedades armadas por Mossack Fonseca con prestanombres.

También interpretaron que hubo una maniobra fraudulenta en torno a Verazul, el megaproyecto inmobiliario de Pilar al que Blaksley definió como “la joya” de Hope Funds y que, según afirmó en este mismo juicio, era el negocio que pudo haberle permitido superar la crisis de liquidez que derivó en el derrumbe de su emporio empresarial. Al respecto, el abogado de la AFIP dijo que “en dicho fideicomiso se inyectaron fondos de origen ilícito a través de personas de bajos ingresos”.

Finalmente, Buján consideró que Blaksley había constituido y liderado una asociación ilícita. “Montó una estructura compleja para eludir tributos y defraudar a privados. La estructura fue creciendo para defraudar al fisco y a personas por montos millonarios. Logró captar dinero de diferentes personas y canalizó ese ingreso de dinero en nuevos emprendimientos, muchos, en sociedades que no eran más que cáscaras. Esto le facilitó la recirculación de fondos y justificar sustanciosas sumas de dinero. Construyó su imagen de exitoso hombre de negocios para que numerosas personas le confiaran su dinero”.

Y definió: “El esquema es piramidal o tipo Ponzi: se continúa tomando dinero de inversores para tener liquidez para pagar los intereses o devolver los capitales de mutuos a término. Generaban un retorno típico de los esquemas Ponzi. El mayor flujo se desvía a otra sociedad con la apariencia de que adquirieran un cariz lícito. Los pagos parciales alimentaban la confianza, y al recibir el dinero se alentaba a los inversores a seguir ingresando fondos. Captaron fondos de origen público sin ninguna autorización. Y sabiendo que era insolvente para devolver el dinero a los mutuantes, siguió tomando inversiones para pagar las obligaciones anteriores”.

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