“Madoff” argentino: condenaron a Enrique Blaksley a ocho años de cárcel por la megaestafa de Hope Funds

Enrique Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff” argentino, fue condenado a la pena de ocho años de cárcel al ser encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos en una causa donde se investigó una estafa a más de 300 ahorristas por unos 185 millones de pesos a través de las operaciones de la firma Hope Funds. Además, en el fallo, se ordenó el decomiso de 15.928.143 dólares, 42.234 euros y 32.249.332 pesos.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, en un fallo por mayoría. El veredicto fue leído por el juez Néstor Costabel, que votó en coincidencia con su colega Ricardo Basílico. Jorge Gorini, en cambio, expresó su disidencia en torno a la imputación de asociación ilícita. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de mayo próximo.

Según el veredicto, el “Madoff” argentino fue encontrado culpable de los delitos de asociación ilícita en su calidad de jefe, en concurso real con el delito de estafas reiteradas en 311 oportunidades, en concurso real con lavado de activos y en concurso real con insolvencia fraudulenta”.

“Estamos conformes por los delitos por los que Blaksley Señorans fue condenado, ya que fue la acusación por la que solicitamos que fuera a juicio. También estamos conformes con la cantidad de condenados [diez], aunque quizás hubiésemos esperado penas más altas”, sostuvo a LA NACION el abogado Hernán Vega, quien junto con su colega Víctor Varone representa a más de 100 damnificados.

Vega adelantó que como el tribunal ordenó el decomiso de más de 16.000.000 de dólares, solicitarán que el dinero sea destinado a las víctimas de la megaestafa.

“Desde lo jurídico estoy muy conforme porque logramos una condena para diez acusados. A Blaksley lo condenaron por 311 estafas y lo condenaron como jefe de la asociación ilícita. Hubo un muy buen trabajo del Ministerio Público Fiscal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se pudo demostrar que hubo una megaestafa. Es un paso más, no se termina acá. La idea es que los damnificados pueden recuperar parte de su dinero”, afirmó Varone.

La defensa, en tanto, adelantó que apelará. “La verdad es que, sin conocer los fundamentos, es difícil hacer una evaluación. Sí, puedo decir que, en mi opinión, no había ningún delito por el cual condenar, y creo que el tribunal condenó porque, si no, no tenían cómo explicar por qué tuvieron a mi defendido casi cinco años preso”, dijo a LA NACION el abogado Mariano Varela.

En cuanto a la posibilidad de que los querellantes obtengan algún resarcimiento, Varela agregó: “Primero, hay que decir que el fallo no está firme y, por lo tanto, no se puede ejecutar. Pero, además, en este juicio no hubo ningún damnificado que se haya presentado como actor civil, con lo que el juez penal no puede decomisar para resarcir. Más aún cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya resolvió, en este caso, que los damnificados deben recurrir al juicio por la quiebra, que tramita en el fuero Civil. Los jueces, en su fallo, hablan de sumas de dinero, y las querellas, de resarcir a las víctimas. Pero el Código Procesal Penal establece claramente que no se puede resarcir a las víctimas si no se presentan en el juicio penal y hacen un juicio como si fuese un juicio civil”.

Blaksley cumple arresto domiciliario en su casa del Pacheco Golf Club, Tigre, desde el 16 de diciembre pasado, con tobillera electrónica y una caución de $380 millones. Ante, estuvo cuatro años y ocho meses con prisión preventiva en el penal federal de Ezeiza, desde el 10 de abril de 2018.

Debido a que lleva casi cinco años preso, más lo que se pueda computar de descuento de pena por los cursos que realizó en la cárcel –el “estímulo educativo” que permite descontar tiempo del cómputo de pena– su defensa consideró que Blaksley está en condiciones de obtener la libertad condicional. Por eso, ayer mismo presentó un escrito en el que pidió el cese de la prisión preventiva.

Los otros condenados a prisión por el tribunal fueron Federico Dolinkue, quien recibió una pena de cuatro años; Pablo Willa, tres años y seis meses; Alejandro Carozzino, tres años y seis meses; Verónica Vega, tres años y seis meses; Rafael de la Torre Urizar, dos años y ocho meses en suspenso; Guillermo Müller, dos años y ocho meses en suspenso; Damián Gómez, un año y seis meses en suspenso, y Daniela Sarsa, un año y seis meses en suspenso.

Gómez y Sarsa fueron encontrados culpables de insolvencia fraudulenta en carácter de partícipes secundarios. En cambio, Müller y de la Torre Urizar, de estafas reiteradas en 286 oportunidades.

Dolinkue, según el veredicto, fue miembro de la asociación ilícita y participó de 311 estafas; Willa también fue considerado miembro de la asociación ilícita y lo encontraron culpable de lavado de activos y de 182 estafas; a Carozzino y a Vega los condenaron por integrar la asociación ilícita, lavado de activos y 286 estafas.

En cambio, el tribunal absolvió a Esteban Casco, Juan Pablo Blaksley Señorans, Francisco Blaksley Señorans, María Rita Blaksley, Alexis Dietl, Felipe Badino y María Paola D’Ángelo.

Un largo proceso

El juicio, que comenzó en febrero de 2021, tuvo 64 audiencias. El llamado “Madoff argentino” siguió la mayoría del debate desde una oficina de la cárcel de Ezeiza, donde cumplió la mayor parte de la prisión preventiva.

En la etapa de alegatos, que se llevó a cabo entre septiembre y fines del año pasado, el fiscal de juicio, Abel Córdoba, había pedido diez años de prisión para Blaksley, de 58 años, por considerarlo jefe de la asociación ilícita, mientras que requirió penas de entre cinco y seis años para los otros 15 acusados, varios de ellos familiares del llamado “Madoff” argentino.

El fiscal Córdoba pidió la pena mayor para el hombre al que se consideró el arquitecto del entramado societario de Hope Funds, que trascendió las operaciones en el país y tuvo ramificaciones en los Estados Unidos, Panamá, Europa, Asia y África, a través de unas 60 sociedades comerciales, muchas de ellas, simples sellos de goma.

El representante del Ministerio Público lo acusó por los delitos de asociación ilícita, 311 hechos de estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta en concurso ideal con captación de ahorros no autorizada y agravada por haber sido cometida mediante oferta pública.

Calculó el perjuicio de las operaciones fraudulentas en unos 900 millones de pesos, unos 7 millones de dólares al cambio oficial de hoy. Pero la estimación del lavado alcanza a 37.931.214,5 pesos; de ahí que la multa que propuso para Blaksley alcance los $227.587.287, más de un millón y medio de dólares oficiales (en el momento del alegato). La cifra de decomiso establecida ayer por el tribunal en el fallo duplica esa estimación.

El fiscal Córdoba llegó a la etapa de alegatos con la base de la acusación que, en la instrucción, había hecho su colega Alejandra Mángano. Los representantes del Ministerio Público consideraron que Blaksley había desplegado un esquema tipo Ponzi para captar ahorros con el supuesto fin de inversiones con alto retorno de interés en dólares.

“Haber tomado intervención, cuanto menos a partir de 2007 y hasta 2016, en una asociación o estructura criminal creada, organizada y liderada por Enrique Blaksley Señorans, conformada por diferentes personas físicas y jurídicas, destinada a cometer delitos. Durante el periodo de tiempo indicado desplegaron distintas maniobras por medios de las cuales defraudaron no solo al Fisco Nacional, sino también a particulares, quienes le confiaron dinero bajo las figuras de contratos de mutuo, certificados de inversión, contratos de inversión y de adhesión a fideicomisos inmobiliarios, con la promesa de ser invertido y retornado, en el caso de los primeros, con intereses elevados, luego de un plazo. Esto no sucedió, y el dinero ha sido ilícitamente capitalizado por los imputados. Para ellos se valieron de un complejo entramado societarios que les permitió insertar en el mercado el dinero obtenido ilícitamente con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito”, fue el resumen de su acusación.

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