“Madoff argentino”. Blaksley repitió que no cometió ningún delito, pero seguirá preso al menos otros seis meses

Después de escuchar los argumentos y las historias de los primeros 35 damnificados por la estrepitosa caída de Hope Funds, el presidente del fallido imperio del que se evaporaron cientos de millones de sus inversores pidió ampliar su declaración indagatoria en el juicio que lo tiene como jefe de una asociación ilícita que habría cometido 318 estafas, lavado de activos, captación de ahorros del público no autorizada agravada e insolvencia fraudulenta.

Pasadas las 13.30, en cuanto terminaron las declaraciones de los damnificados Eduardo Ramiro Rodríguez, Laura Marina Caro, María Nóbile, Patricia Noemí Giordano, Victoria Vallejo, Jorge Walter Di Pietro, Leonel Enrique Fernández Baustian, Andrea Paola Luna, Angélica María Tuells, Liliana Ester Moroni, Fiorela Carla Baldoni y Pablo Daniel Sebastián Acinapura, el presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, Néstor Costabel, puso en la pantalla de Zoom la conexión de Enrique Juan Blaksley Señorans desde el penal de Ezeiza.

En un pequeño cuarto, abrigado con una campera bordó, el acusado insistió con la postura que defiende desde que prestó su primera declaración en sede penal: que la “mediatización” de las dudas con respecto a sus negocios (y al origen y destino de los dineros que recibía de personas y empresas para aplicarlos en “emprendimientos de la economía real”) provocaron una “corrida” que lo llevó, primero, a una insolvencia financiera que derivó, consecutivamente, en la cesación de pagos y el incumplimiento de los contratos de mutuo celebrado con los inversionistas, y, finalmente, su quiebra, la de su empresa y el obvio perjuicio a quienes habían puesto sus ahorros en las manos del hombre al que, desde entonces, se conoce como el “Madoff argentino”.

En una breve exposición apostó a refutar la tesis de las querellas de que mantiene ocultas jugosas cuentas y fondos en el exterior -como una suerte de Eldorado que los damnificados, la AFIP y la fiscalía esperan encontrar para obtener, de ese supuesto multimillonario filón, los fondos para resarcir a todos los acreedores- y pidió al tribunal integrado por Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico que se deje sentado que ha presentado toda esa información en la causa, por lo que “todo lo que se pregunta ya tiene respuesta en el expediente y lo que no se pregunta también tiene respuesta en el expediente”.

Sin embargo, nada de lo que dijo le valió, al menos por ahora, para conseguir su primer gran objetivo, que es salir de la cárcel de Ezeiza, donde está encerrado desde el 11 de abril de 2018. Es que, en la misma jornada, el TOF N°4 sepultó nuevamente el planteo de la defensa de Blaksley -que postula que ya se excedió con creces el plazo máximo de tres años de prisión preventiva admitido por la ley argentina- y prorrogó su encierro por otros seis meses, a partir del 10 de octubre.

Así, de no cambiar radicalmente las actuales condiciones -o algún otro milagro de difícil predicción- el presidente del fallido conglomerado de firmas debajo del cartel de Hope Funds seguirá preso al menos hasta el 10 de abril de 2022.

Los jueces Costabel, Gorini y Basílico consideraron que no se han disipado los riesgos procesales que, oportunamente, justificaron extender en el tiempo el arresto preventivo de Blaksley, fundamentalmente por la gravedad y complejidad de los delitos imputados en un proceso que está, ahora mismo, en la etapa de juicio con una expectativa de sentencia de prisión efectiva.

Los argumentos de las querellas

Valoraron, en ese sentido, los argumentos de la abogada Sintia del Carmen Musso, representante de la AFIP como querellante: “Blaksley Señorans enfrenta el presente proceso imputándosele 318 casos de estafas, seis hechos de lavado de activos, captación de ahorros del público no autorizada agravada, dos hechos de insolvencia fraudulenta y el ser líder de esta asociación ilícita destinada a cometer todos estos delitos”. Citó maniobras “que se traducen en complejas estructuras de criminalidad económica nacional e internacional llevadas a cabo por los integrantes del grupo Hope Funds, para lo cual los propios se valieron de sociedades extranjeras, paraísos fiscales, firmas off-shore, entramados societarios complejos, defraudando los intereses económicos de este Fisco Nacional por sumas exorbitantes y de los particulares damnificados, todo ello bajo la procura de capitalizar estos intereses económicos en cabeza de sus integrantes e introducirlos al circuito financiero bajo la apariencia de licitud, procurando evitar con ello que tales efectos puedan ser asidos por los damnificados y por nuestro propio sistema de Justicia”.

También evaluó los fundamentos de los abogados querellantes Ezequiel Altinier y Gonzalo Romero Victorica -los archienemigos de Blaksley en este proceso-, que se oponen sistemáticamente a la soltura del acusado por considerar que “la diversidad, reiteración y naturaleza de los graves delitos que se reprochan a Blaksley Señorans” -al que calificaron como “un sujeto altamente peligroso”- provocaron “un daño y una repercusión social de gran magnitud”. Los representantes de un buen número de damnificados insistieron, en su respuesta al pedido de excarcelación: “No estamos frente a un caso sencillo, de criminalidad simple, sino que se está enjuiciando una multiplicidad de muy sofisticadas maniobras de criminalidad económica como jamás se han visto antes en nuestros anales judiciales en magnitud y complejidad, llevadas adelante durante muchísimo tiempo por diversos sujetos muy peligrosos –en su gran mayoría, altamente calificados en lides delictivas-, perfectamente coordinados, que contaron y, a su entender, cuentan, con infinitos recursos económicos que les han permitido -y aún les permiten- montar y desplegar todo un complejo entramado, tanto en nuestro país como en muy diversos países de varios continentes (cuanto menos: Europa, África, Asia y América el Sur, Central y del Norte) para ocultar maniobras y el fruto de sus delitos”.

Altinier y Romero Victorica destacaron “la enormísima fuga, transformación y ocultamiento de millones y millones de dólares de los defraudados que ha hecho a lo largo y ancho del planeta, con colaboradores que le siguen manejando y rindiendo los frutos producto de los múltiples accionares delictivos que ha desplegado. Recordaron que Blaksley Señorans en su indagatoria dejó en claro que si él quería podría estar refugiado en cualquier parte del mundo gracias a su destacada red de relaciones internacionales”. Y destacaron “los infinitos recursos económicos con los que contaría el imputado y la existencia de todo un entramado de decenas de sociedades, cuentas bancarias y diversos bienes inmuebles y muebles que se han logrado identificar hasta el momento, en manos del nombrado y sus consortes de causa, ello sin contar, a su criterio, las otras enormes cantidades de cosas, iguales y distintas a lo identificado de momento, que de seguro también tendrá y que aún no se le han detectado; todo lo cual importa una innumerable cantidad de medios para evadir el accionar de la justicia, con éxito garantizado”.

El descargo del acusado

Todas esas acusaciones contrastan con la imagen que arroja Blaksley a través de la pobre conexión a internet del penal federal de Ezeiza, desde donde amplió su indagatoria para responder a la recurrente acusación de que oculta cuentas y negocios fuera del país.

“Después de haber escuchado las declaraciones de los querellantes y sus respuestas, evidentemente hay cuestiones de la causa que no las están tomando con respecto a cuentas en el extranjero e inversiones en el exterior. Esta causa se inició el 8 de mayo de 2014 ante el juzgado federal de San Isidro. Tomé conocimiento el 8 de julio de 2014 (secreto de sumario y no nos permitió ver antes el expediente). Sin embargo, entre 12 y 13 días después hice una presentación espontánea aportando documentación. Y lo hice en 17 oportunidades más. En el escrito del 21 de mayo de 2014 aporté información de las sociedades de Hope Funds y de todas las cuentas bancarias de cada una de las empresas tanto en la Argentina como en el exterior. Esto tiene más de siete años, está en el expediente”, comenzó.

Amplió: “El 17 de febrero de 2017 hice una presentación acompañando documentación en respuesta a un requerimiento del Banco Central en el marco de la ley de entidades financieras y del régimen penal cambiario. Informé de todas las empresas vinculadas a Hope Funds. También hice referencia a la presentación de la venta realizada el 11 de mayo de 2017 y a toda la documentación acompañada. Ahí se puso en conocimiento la adhesión de Hope Funds Investment a las previsiones de la ley 27.260 respecto de Marketsite Ltd; Marketsite Investment Ltda, Premium Atlántica, Hope Funds Mbhd y BD Marketsite Office One Corporation”.

Afirmó que del dictamen del 6 de abril de 2018 en el que la fiscal federal Alejandra Mángano pidió su detención (que se concretó cinco días después) surge que de los “2876 contratos de mutuos que allí se identifican 2363 fueron aportados” por él durante los primeros meses de instrucción. “Lo que quiero manifestar es que la causa tiene siete años y el 82% de los mutuos que la fiscal toma en cuenta para mí detención fueron presentados por mí y se tomó conocimiento por mí”, sostuvo.

Blaksley resaltó que esa prueba documental que él mismo presentó “demuestra que jamás se ocultó información relacionada ni con las empresas vinculadas a Hope Funds ni con las inversiones realizadas en el exterior” y que los 35 damnificados que declararon hasta la jornada anterior en el juicio declararon sobre sus contratos de mutuo que incluían “las cuentas del exterior donde tenían que transferir” el dinero. “Es decir que están plasmadas en el contrato, jamás hubo un ocultamiento de cuenta al respecto”, dijo.

“Incumplimiento y quiebra, pero no delito”

Finalmente, Blaksley redondeó su argumentación con la tesis que repite desde el comienzo del proceso: que las noticias negativas acerca de sus operaciones (aparecidas por primera vez en el portal de noticias Infobae en enero de 2015) provocó temor en los inversionistas, la sucesiva caída de distintos negocios que pudieron haber cambiado el curso de los acontecimientos y, finalmente, la cesación de pagos que impidió pagarles a los inversionistas el dinero que querían recuperar, el incumplimiento de contrato y, por último, la quiebra de Hope Funds y de su presidente.

“Quiero remarcar que todo lo que se pregunta ya tiene respuesta en el expediente y lo que no se pregunta también tiene respuesta en el expediente. Evidentemente hay cosas que no fueron leídas al tomar distintas resoluciones que son las que me han llevado hasta acá. El relato instalado al que mi defensor hace referencia permanentemente en todas las presentaciones que hacen demuestra que es así. Sé que este es un expediente muy grande, pero la mayoría de las cosas están vertidas ahí. Hasta la fecha los querellantes no han aportado un solo dato que permita encuadrar la situación que se está evaluando. Este incumplimiento contractual, consecuencia de una cesación de pago que llevó a una quiebra y a mi quiebra personal es lo que claramente ha causado este perjuicio a los damnificados”, dijo.

Y lo reafirmó: “No puedo dejar de señalar que de los 35 querellantes que declararon, 31 son [clientes con] rescates anticipados, contratos que no estaban vencidos, adhiriéndose a la cláusula de poder retirar el primer año. Solo uno no dijo que la causa por la cual pidieron el rescate fue por la mediatización iniciada por Infobae en enero de 2015. Que por esa razón habían perdido la confianza y el prestigio que tenía la compañía. Inclusive los querellantes comentaron que los asesores comerciales les planteaban que la causa [del incumplimiento de pago] era el panorama que se estaba vislumbrado, producto de la mediatización.

Blaksley concluyó: “Obviamente ha habido un incumplimiento contractual, ha habido un perjuicio, pero jamás cometí un delito porque no engañé a nadie. No hay engaño en nada de lo que están diciendo. Simplemente quebré y los motivos de la cesación de pago que me llevaron a esta situación también fueron analizados y llego a una conclusión un juez nacional con respecto a qué paso con mi cesación de pago”.

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