Los Sampedranos: una banda narco con 125 "soldados" armados en la villa 31

Pistolas, municiones, sicarios siempre dispuestos y un largo historial de homicidios fueron, hasta la semana pasada, las principales herramientas de ocho narcotraficantes oriundos de Paraguay que lideraban un inmenso grupo delictivo conformado por al menos 125 ‘soldados’ -entre ellos, muchos menores- en el corazón de la villa 31.

Así, a través de un complejo sistema de distribución de drogas que se sostenía en cuatro anillos de seguridad dispuestos para proteger los búnkeres, los líderes de la banda conocida como "Los sampedranos" lograron controlar la venta de cocaína, paco y marihuana en el corazón de la villa de Retiro, con lo que generaron ganancias mensuales de más de 12 millones de pesos, según información judicial a la que accedió LA NACIÓN.

Para identificar a las 125 personas que conformaban esta organización y capturar a 17 de sus miembros, un equipo interdisciplinario de la fiscalía federal N°1 –cuyo titular es Jorge Di Lello– coordinó durante más de un año el trabajo conjunto de tres brigadas de agentes encubiertos con un objetivo principal: determinar el origen de las drogas que se venden en la villa 31.

Sobre este punto, la fiscalía explicó: "Las sustancias llegarían desde territorios limítrofes al norte de nuestro país con destino a ser distribuidas al menudeo en diferentes puntos de la ciudad y de la provincia". A su vez, los investigadores sostuvieron que "existe una fundada sospecha" acerca de que el abastecimiento de drogas es realizado por una o varias bandas más importantes que "se encontrarían –en la escala jerárquica– por encima" del grupo que fue desarticulado en la villa 31. En este sentido, desde la fiscalía informaron también que -según detectaron- algunos miembros de la banda viajaron reiteradamente a Paraguay, lo que podría tratarse de excursiones para procurar el abastecimiento de drogas.

Durante los 77 allanamientos realizados el viernes de la semana pasada se incautaron 15 kilos de drogas, 15 vehículos, tres armas de fuego, decenas de municiones y un chaleco antibalas. El expediente judicial confirma que la cifra de integrantes del grupo narco supera las 125 personas identificadas y detalla que las actividades se extienden a zonas dentro de la villa de Retiro conocidas como Barrio San Martín, Barrio Güemes y Playón Este: "El escenario donde se desarrollan las actividades investigadas se encuentra bajo absoluto dominio de esta organización".

"Los sampedranos" fueron definidos por los investigadores judiciales en el documento al que accedió LA NACIÓN como "una compleja organización" que está integrada por "un gran número de personas, muchas de ellas armadas, que se reparten diferentes roles". Para evitar que los vecinos se atrevan a denunciar las actividades ilegales, los narcos "utilizan la asistencia interesada y coactiva de vecinos necesitados, la intimidación, las amenazas y hasta asesinatos", revela el expediente.

En esta línea, la fiscalía destacó las acciones encaradas permitieron identificar a cuatro máximos responsables del narcotráfico en la villa y a otros cuatro que siguen detrás de ellos en la cadena de mando, además de 13 encargados de llevar adelante las ventas en un territorio que tienen dividido en tres "canchas" o "gerencias" y, finalmente, cuatro proveedores de droga.

Según describen los investigadores, al menos 77 inmuebles fueron detectados como centros de acopio de drogas, búnkeres de venta al menudeo, guaridas para las armas o viviendas de los narcos. Sobre este punto, se indicó que los destinos de las viviendas se modificaban rotativamente en función de los allanamientos: esto significa que donde un día había armas de alto calibre tal vez al otro hubiese un colchón o un manojo de dosis de paco.

Entre los datos recopilados en el informe judicial surge uno realmente alarmante: los traficantes utilizan reiteradamente a menores de edad como centinelas o vigías que recorren el barrio en bicicleta o están parados en puntos fijos que son la antesala del corazón de la villa: "La ubicación de los puestos de vigilancia es estratégica; se colocan en los accesos al sector principal, en posiciones con visión perimetral de los diferentes pasillos, y permanecen allí durante varias horas".

Nuevas técnicas de investigación

El equipo interdisciplinario de la fiscalía federal N°1 centraliza las investigaciones sobre las actividades de los narcos de la villa 31 desde 2012. Pero en esta ocasión, junto a la Policía de la Ciudad, se valieron de un mecanismo de investigación diferente: montaron un tejido de cámaras ocultas estratégicamente colocadas para filmar, desde junio de 2018, las actividades del grupo narco.

Estas imágenes permitieron elaborar una base de datos propia con imágenes, videos y mapas sobre la actividad de una organización que, durante los últimos 7 años, ante el incremento de la presión federal, desarrolló un alto grado de especialización para reorganizarse y abrir nuevos focos de venta.

Por primera vez los investigadores lograron identificar, uno por uno, a los líderes del grupo de narcos de la villa 31. "Nunca antes se había tenido esta dimensión del fenómeno; es llamativo lo desmesurado de su alcance", explicaron desde la fiscalía.

Este sistema de vigilancia fue determinante ya que los habitantes del barrio sienten miedo de colaborar con la Justicia: temen represalias de este violento grupo que, saben, no solo ha usurpado viviendas, sino que también habría desplegado la violencia para ajustar cuentas; entre otros hechos que se les atribuye está el reciente asesinato de tres personas que terminaron carbonizadas.

"Por temor a represalias, los vecinos se negaron a ser identificados o incluso a dialogar sobre el problema. Pero quienes sí lo hicieron aportaron información vital", afirma el informe judicial.

Junto al sistema de videovigilancia que instaló la Dirección Autónoma de Tecnologías Aplicadas, y el trabajo del Cuerpo de Prevención Barrial y del Centro de Monitoreo Urbano, los datos aportados por vecinos valientes –y cansados de la violencia y el consumo de drogas– resultó fundamental. A través de sus testimonios la Justicia accedió a números telefónicos de los sospechosos.

Las cámaras permitieron también sortear un impedimento clave a la hora de identificar a los líderes: en los peligrosos pasillos del asentamiento los narcos se comunican solo en guaraní.

En el documento al que accedió LA NACIÓN, los investigadores de la fiscalía analizaron la gravedad de la problemática para abrir el debate entre las distintas agencias estatales en busca de una solución.

"La cuestión en análisis ha alcanzado un nivel que amerita aunar esfuerzos para neutralizarla y disponer medidas urgentes para modificar la realidad imperante y tender a una solución. Al respecto, debe quedar claro que no se trata de una visión utópica en aras de erradicar un flagelo de magnitud trasnacional, sino de buscar morigerar sus efectos y de generar condiciones necesarias para evitar su resurgimiento y proliferación a niveles como lo evidenciados".

Y concluyeron: "Debe así perseguirse el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del barrio, cuyas carencias económicas y sociales contribuyen a generar condiciones óptimas para el desarrollo de organizaciones criminales como las analizadas, que terminan convirtiendo este tipo de espacios geográficos en guarida y retaguardia del delito".

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