Los Pumitas, un barrio que vive aterrorizado y que a las autoridades no parece importarle

Un grupo de mujeres de la comunidad Qom comienza a correr. Atraviesa la cancha de fútbol que es de tierra, sin un milímetro de césped. Al mediodía, el sol y calor no dan tregua. En la puerta de una casa, un joven de 16 años se toma la cabeza, inclinado, con la mirada hacia el piso, y llora. Hace unos segundos un auto gris dio una vuelta a la cancha. Después de que los vecinos vieron el vehículo sospechoso, fueron corriendo a ver qué pasaba. Su madre lo abraza. “Borré todo”, repite el chico. Nadie sabe bien qué pasa, porque ninguno de los vecinos quiere poner en palabras lo que significa el terror. Primero, el joven recibió un mensaje de audio en su teléfono. Lo amenazaban. Decían que iban a matarlo y a destruir su casa, como venganza a la destrucción de los cinco búnkeres que los vecinos derrumbaron en un ataque de ira tras el sepelio de Máximo Gerez, el chico de 12 años que fue asesinado por un grupo narco el domingo a la madrugada y por el cual, en las últimas horas, fue detenido un sospechoso –Maxiiliano Oscar Castillo, de 22 años– como presunto autor del disparo letal.

Un día después de que, tras un ataque de bronca e impotencia, los vecinos del barrio Los Pumitas, en el noroeste de Rosario, decidieran hacer justicia con sus manos y destruir lo que los puntos de venta de droga del barrio, que manejan Los Salteños, el miedo se apoderó de la zona. No había un solo gendarme en el lugar de conflicto ni tampoco grupos tácticos de la policía provincial, que ayer arribaron cuando la gente comenzó a derrumbar los búnkeres. El tema estuvo en el foco de todos los medios nacionales. Y ni siquiera ese alto nivel de exposición logró despertar interés de quienes conducen a las fuerzas de seguridad para custodiar un lugar atravesado por el caos de la violencia y el narcotráfico. A los vecinos les empezó a llegar un video donde un joven con una máscara y armado dice que se va a vengar por la destrucción de los búnkeres.

Lorenzo Gerez, de 21 años, primo de la víctima, contó –en diálogo con LA NACION– que durante la noche solo quedó un patrullero en el lugar. “Se quedó custodiando la casa de la mujer de uno de los narcos”, afirmó Lorenzo. “Los gendarmes están en el club El Refuerzo. No se meten dentro del barrio. Solo con la presencia de ellos esto sería diferente. Pero no vienen. Deben tener miedo”, planteó un hombre que se negó a dar su nombre por miedo a represalias.

Ante la impotencia y el miedo, los vecinos armaron grupos de WhatsApp para mantenerse en contacto permanente ante la posibilidad de que volvieran a irrumpir lo que ellos llaman “los narcos”. El barrio está desolado y transpira terror, porque saben que tarde o temprano la venganza llegará. Así funciona el negocio de la droga en Rosario. Es un engranaje clave de la violencia ligada a la venta de drogas, que justifica los 288 homicidios que se produjeron en 2022.

El impacto en el barrio fue duro. Cerraron hasta los comedores comunitarios. “No quieren dar comida porque tienen miedo de que pasen disparando”, contó María José, que cocina en uno de los diez comedores que dan copa de leche y raciones de comida en un radio de cinco cuadras. Pertenecen a la Corriente Clasista Combativa (CCC) y a La Poderosa, entre otros. Los comedores funcionan con dinero que proviene de distintas fuentes. Del gobierno provincial, del municipal y de otros donantes. “Esa comida sirve para sobrevivir”, explica Rosa, otra mujer de la comunidad Qom. Los hombres salen a cartonear, a hacer changas para juntar un ingreso. Algunos cortan el césped en la zona norte.

Quien vio venir el fenómeno de la violencia y la droga en la zona fue la hermana María Jordan, que desde los años 90 fundó, en un predio situado a 50 metros de donde mataron a Maxi, la escuela María de la Esperanza y un comedor comunitario. La hermana Jordán falleció en 2020, después de una larga enfermedad. En el barrio se la recuerda como una mujer dura, que se enfrentaba a los narcos. La ausencia de la monja se nota en el barrio. En 2019, los narcos del barrio destrozaron el jardín de infantes de la escuela.

Ese barrio hoy está en carne viva. Pero no solo por las heridas que dejó el crimen del chico de 12 años, sino porque es un lugar fantasma dentro del mapa de la ciudad. Y ante ese vacío, los narcos avanzaron frente a gente de la comunidad qom tiene perfil bajo, una timidez arraigada que los aleja de los reclamos, de los piquetes y la exposición de un problema ya endémico.

Un hombre con una machete está sentado en la puerta de su casa. “Los estoy esperando”, dice. No bromea. “Voy a defender a mi familia de estos criminales. Si me matan a mí no tengo problema, pero a mis hijos no los van a tocar”, apunta José, mientras toma tereré en un vaso de lata.

El hombre advierte que hace una especie de guardia con su vecino. Se turnan para dormir desde anoche. “Van a venir. En algún momento van a volver a matarnos”, apunta. Los que no llegan son los gendarmes y policías.

Todos esperan a que desde la cárcel Los Salteños, los que manejaban los búnkeres derrumbados, ordenen la venganza. El grupo criminal Los Salteños está liderado por el clan Villazón, que controlaban una decena de búnkeres en Empalme Graneros. Esos puntos de venta de droga funcionaban en casas usurpadas a la fuerza o en kioscos y almacenes. Recaudaban entre 8 y 10 millones de pesos por semana, calcula un investigador. Se sospecha que entre un 20 y un 30% iba a la “caja negra” de la policía. Con tantos competidores para la venta de drogas en un espacio geográfico tan pequeño, lo que mantiene vivo el negocio es la violencia.

Cristian Villazón, padre de Juan José, el líder de Los Salteños, fue condenado el 7 de setiembre del año pasado a 15 años de prisión por un triple homicidio. Debería haber sido sentenciado a prisión perpetua, pero la investigación no reunió las pruebas suficientes. En ese hecho se cristalizó la violencia desenfrenada que usan estos grupos criminales de la marginalidad. Sicarios mataron a Cristopher Albornoz, hijo de Miguel Ángel, conocido como Caracú, un histórico narco de la zona, a su pareja, Florencia Corbalán y a una bebé de un año y medio.

Juan José Villazón, hijo de Cristian, también está preso en el pena de Piñero, por varios delitos. Este joven de 21 años está sospechado de haber participado del ataque a tiros contra el canal Televisión Litoral el 12 de diciembre pasado. La investigación busca determinar el móvil de este atentado contra un medio de comunicación.

Al mando de Los Salteños está Julio Rodríguez Granthon, preso en el penal federal de Ezeiza. El poder de El Peruano creció de manera vertiginosa en los últimos tres años desde las prisiones en las que estuvo alojado, entre ellas Piñero, en Santa Fe, y Marcos Paz y Ezeiza, penales federales ubicados en la provincia de Buenos Aires.

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