Los llamativos movimientos que alertaron la presencia en el país de la familia del narco que sembró el terror en Ecuador

A poco de llegar, la presencia de los nuevos ocho vecinos llamó la atención de los residentes del Country Valle del Golf, en Malagueño, en las afueras de la ciudad de Córdoba. Cada vez que salían de la casa situada en el lote 5 de la manzana 6, lo hacían en remise, no tenían autos propios. Se iban de compras, generalmente a un shopping y, al rato, volvían con modernos aparatos de TV o algún otro electrodoméstico. Con el paso de los días, los movimientos no pasaron desapercibidos y, de a poco, crecía el interés por saber quiénes eran los extranjeros que se habían instalado en el exclusivo barrio privado, que pedían mucha comida por delivery y que dejaban propinas en dólares. Nadie imaginó que el inmueble era ocupado por la esposa y los hijos de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el temible narco que sembró el terror en Ecuador y que está prófugo desde hace casi dos semanas, después de escaparse de una cárcel Guayaquill.

La esposa del capo narco, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, de 48 años, y sus hijos, Jair Adolfo Macías Peñarrieta, de 22; Michelle Macías Peñarrieta, de 21; Ilse María Macías Peñarrieta, de 12, y Lian Sejam Macías Peñarrieta, de 4, llegaron a la Argentina el 5 de este mes y se alojaron en la propiedad del Country Valle del Gol que había sido comprada en noviembre pasado.

“La casa donde vivieron por casi 15 días los familiares de Fito Macías había sido comprada en noviembre pasado. Se firmó un boleto de compra-venta. Todavía no se había escriturado el inmueble. La parte compradora fue una empresa que estaba a nombre de Peñarrieta Tuárez y de su hermano”, sostuvo a LA NACION una calificada fuente que participó del operativo que terminó con la deportación de la familia del capo narco, que se concretó ayer en horas de la mañana.

El mismo informante contó: “A los vecinos les llamó la atención que los nuevos residentes estuviesen sin autos propios en un lugar donde en cada casa suele haber más de un vehículo. Notaban que cuando salían siempre los pasaban a buscar remises”.

Para la ministra de Seguridad de la Nacion, Patricia Bullrich, la operación inmobiliaria fue parte de una planificación que tenía como objetivo final la fuga de la cárcel por parte de Fito Macías. Antes de concretar la adquisición del inmueble, la familia del narco tuvo ingresos en el país durante los meses de septiembre, octubre y noviembre pasados. Viajes, suponen, donde se avanzó en las negaciones para comprar el inmueble.

“Nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia de Ecuador para después escaparse de la cárcel”, dijo la funcionaria nacional en una conferencia de prensa donde presentó los detalles del operativo que terminó con la expulsión de la Argentina de la esposa y los hijos de capo narco, líder de organización criminal Los Choneros.

Los familiares de Fito Macías no estaban solos en Córdoba. Los acompañaban Denny Yadira Laines Basurto, de 22 años y que trabajaba como niñera de los hijos más chicos; Javier Macías Alcivar, un sobrino del capo narco, y Ángel Zambrano Chiquito, un amigo de la familia, pero que los investigadores sospechan que era la persona a cargo de la custodia y seguridad del grupo.

“El sobrino de Fito Macías, el amigo y la empleada manifestaron su voluntad de abandonar el país junto con los ciudadanos expulsados [la esposa y los cuatro hijos del capo narco] por las autoridades argentinas”, explicaron fuentes que participaron del operativo en el country de Córdoba.

Hubo dos pistas que llevaron a ubicar a la familia de Fito Macías en un country de Córdoba: información anónima que le llegó al Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y datos que le llegaron a detectives del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina.

El ministro Quinteros, tras recibir la información anónima, puso a investigar Dirección de Análisis de la Información y Antiterrorismo de la Policía de Córdoba, que a los pocos días tenía precisión sobre los movimientos de los ciudadanos ecuatorianos.

Quinteros, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, hizo una denuncia ante el fiscal federal Alberto Lozada con la intención de que se investigara si existía algún delito por parte de los nuevos vecinos. Pero cuando el representante del Ministerio Público iba a comenzar con el trámite, tomó conocimiento de que ya existía una Investigación Preliminar Preparatoria (IPP) que había comenzado la Procuraduría de Narcocriminal (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias.

Un alto funcionario de la Policía Nacional de Ecuador le había comentado a las autoridades argentinas que no descartaran que el capo narco intentara viajar al país. “Fito Macías es muy apegado a su familia”, les dijo el informante a modo de advertencia.

Según registros oficiales a los que tuvo acceso LA NACION, la esposa de Fito Macías llegó desde Perú el 5 de este mes casi a las 7 en un vuelo desde Perú que aterrizó en el aeropuerto internacional de Córdoba y tenía un permiso de residencia transitoria como turista que vencía el 4 de abril próximo.

“Estamos orgullosos de que Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse”, sostuvo Bullrich.

Fuentes judiciales informaron que se investigará si detrás de la compra-venta del inmueble del exclusivo country de Córdoba no hubo una operación de lavado.

“El Gobierno está decidido a proteger a los argentinos y a mostrarle al mundo que la Argentina no va a ser guarida de delincuentes ni de familiares de delincuentes. Los que vengan en esas condiciones van a ser expulsados en cuanto sean detectados. Argentina no va a ser un narcopaís”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, y confirmó que el fiscal César Suárez, asesinado hace dos días en Guayaquil, investigaba el viaje de la familia a la Argentina.

Tras la confirmación de que las personas que vivían en el exclusivo country eran familiares del capo narco, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo que depende del Ministerio del Interior, tomó intervención en el caso y decidió cancelar la residencia provisoria y la expulsión del país de la esposa y los hijos de Fito Macías.

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