Los impostores: se hicieron pasar por empresarios textiles y estafaron a varios bancos por casi $200 millones

No eran improvisados. Tenían un plan y lo ejecutaron con precisión durante al menos dos años. Haciéndose pasar por propietarios de empresas textiles engañaron a varios bancos que los habían aceptado como clientes, a los que estafaron por unos 200 millones de pesos.

Así surge del expediente judicial en el que el juez nacional en lo Criminal y Correccional Martín Yadarola procesó con prisión preventiva a diez sospechosos por los delitos de asociación ilícita y estafa mediante el uso de documento público falso.

“Se comprobó que los delitos cometidos en el marco asociativo se vincularían, fundamentalmente, con la falsificación de documentos y sellos de orden público con los que simulaban ser autoridades de empresas societarias. Concretamente, falsificaban contratos de constitución de sociedades de tipo SRL y contratos de cesión de cuotas sociales a favor de determinada persona integrante de la asociación a la que se la designaba como gerente, así como también estados contables (con firmas y sellos de contadores y delegaciones registrables) y constancias de inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ). Luego se presentaban en diversas entidades bancarias –en forma personal, en algunos casos, y virtual, en otros– y a través de dicha documentación apócrifa contrataban servicios en representación de la empresa societaria (con su número de CUIT y el nombre de fantasía). También en algunas ocasiones, la organización alquilaba o conformaba locales en los que establecían supuestas oficinas comerciales que simulaban pertenecer a la empresa societaria para, de esa forma, recibir visitas del personal de las entidades bancarias que verificaba la existencia de la empresa”, explicó el juez Yadarola al dictar las prisiones preventivas.

La investigación, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, comenzó cuando una empresa del sector textil denunció que desconocidos habían pedido a nombre de la compañía productos y servicios en diferentes bancos por $30 millones.

La presentación de la firma damnificada recayó en el juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo de Yadarola, que les encomendó las tareas investigativas de campo y documentales a detectives de la División Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad.

“Las entidades bancarias, creyendo que trataban con representes legales de las empresas, tras verificar la existencia a partir de la documentación presentada o por los locales alquilados por la organización criminal, accedían a brindarles los servicios solicitados: cajas de ahorro, cuentas corrientes con extensión de chequeras, préstamos y tarjetas de crédito”, según consta en el expediente judicial.

Una vez que tenían acreditado el dinero de los préstamos, los impostores hacían transferencias a cuentas de otros integrantes de la organización y a billeteras virtuales de familiares y conocidos.

“Saldo negativo”

“También efectuaban, indistintamente, compras de diversos productos con las tarjetas de crédito obtenidas ilícitamente, acrecentando el perjuicio económico a las entidades crediticias o a los terceros con los que interactuaban. Todo lo hacían durante cierto período de tiempo, entre tres y cuatro meses, dejando las cuentas bancarias en saldo negativo. Al respecto, en la mayoría de los casos, las entidades bancarias intimaban a las empresas societarias reales –en razón de la coincidencia del número de CUIT–, quienes efectuaban el desconocimiento” de las operaciones, afirmó el juez Yadarola en su fallo.

Según explicaron calificadas fuentes policiales, para concretar las estafas, la organización criminal utilizó los datos y la información de seis empresas del rubro textil y de una del sector de los plásticos.

Los organizadores

Entre los diez detenidos por detectives de la Policía de la Ciudad y procesados por Yadarola están los dos organizadores de la banda. Uno, identificado como M. O. C., “suministraba la documentación falsificada, indicaba las entidades bancarias en las que la banda debía solicitar los servicios y señalaba los montos de dinero a repartirse entre los integrantes de la asociación”. El otro, W. O. F., diseñaba “la forma de repartirse los montos de dinero obtenidos fraudulentamente, falsificaba la documentación de las sociedades, coordinaba el alquiler y ploteo de los locales comerciales para recibir las visitas de los representantes de las entidades comerciales y reclutaba a otras personas para que intervengan activamente en las maniobras ilícitas de la asociación”.

Hubo casos donde los falsos empresarios lograron sacar préstamos por 9.000.000 de pesos que, obviamente, nunca devolvieron.

Durante la investigación se comprobó que con las tarjetas corporativas que les fueron entregadas los miembros de la banda compraron electrodomésticos, motos, indumentaria, cortinas roller, zapatillas, rollos de membrana y máquinas selladoras, teléfonos celulares, ventiladores y freidoras, entre otros productos.

“En lo atinente a las acreditaciones observadas en el devenir de la pesquisa, las medidas de prueba desarrolladas permitieron detectar el curso de una actividad delictiva llevada a cabo de manera constante por un grupo de personas (conocidas entre sí), dedicadas a la concreción de una multiplicidad de delitos contra la propiedad y la fe pública. A través de la investigación desarrollada se puso en evidencia que la referida agrupación, y las consecuentes maniobras ilícitas desplegadas en tal contexto, habrían tenido ocurrencia al menos desde el 13 de julio de 2022 –fecha de comisión del primer evento criminal verificado– hasta la actualidad, más allá de destacar que aún se encuentran en proceso de análisis otras probanzas que podrían dar cuenta de hechos perpetrados recientemente. La banda presenta un alto grado de organización y coordinación para concretar las acciones delictivas en cuestión, sin perjuicio de la puntual intervención individual de cada miembro en los episodios desplegados en ese contexto”, afirmó el juez Yadarola.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, los sospechosos pudieron ser identificados al cabo de “exhaustivas horas de análisis de pruebas” que permitieron vincular las transferencias desde las cuentas de origen hacia billeteras virtuales relacionadas con los integrantes de la organización criminal.

“Las diligencias dispuestas hasta el momento, entre las que se destacan la obtención de los legajos de apertura en los distintos bancos con la documentación presentada por algunos de los imputados, las cuentas bancarias que fueron habilitadas y en las que realizaron transferencias a cuentas propias y de allegados, sumado a las captaciones de diálogos enriquecedores en términos de esta investigación penal, sumado al secuestro de diferentes elementos de trascendencia en los allanamientos materializados, permiten deducir sin esfuerzo que no se trata de episodios aislados llevados a cabo por personas que, fortuitamente, se reunieron para la comisión de un delito determinado, sino de la real existencia y vigencia en el tiempo de una agrupación criminal dedicada a la constante concreción de delitos contra la propiedad y la fe pública en perjuicio de víctimas ocasionales (principalmente las empresas societarias y las entidades bancarias), fundamentalmente operativa en esta ciudad y en zonas aledañas a los domicilios de los imputados en la provincia de Buenos Aires. Parece evidente que, a partir del despliegue desarrollado, en el que intervinieran al menos diez personas que alternaban sus roles de participación, generaron grandes ganancias indebidas, tanto a través de créditos y transferencias de dinero como por bienes adquiridos con cheques y tarjetas de crédito gestionadas fraudulentamente”, sostuvo el juez en la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

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