Los Impostores: lujos, viajes, inversiones millonarias y otros secretos de la banda de los falsos operarios

A las 7.54 del 18 de mayo pasado, Luca Díaz Molina salió del departamento en el que vivía, en el edificio Torres Art María, de Puerto Madero, para bajar en ascensor a las cocheras y subir a su camioneta 4x4 valuada en más de cinco millones de pesos. Pero ese día ya no regresó. Fue detenido cuando, según una investigación judicial y policial, iba a protagonizar un nuevo hecho delictivo. Se lo acusa de tener un importante rol en la banda de Los Impostores, una organización criminal que robaba casas después de cortarles el suministro de cable e internet para tener la excusa de ingresar en los domicilios como la cuadrilla de falsos operarios enviados a reconectar los servicios. Se habían terminado, para Díaz Molina, los tiempos de “de la nada a la gloria”, como él mismo había escrito en una publicación en la red social Instagram dos meses y dos días antes de caer preso.

En diez robos, según fuentes judiciales, la banda de los falsos operarios se alzó con un botín de casi $100 millones. Pero podría haber más damnificados, según surge de las comunicaciones que recibió el fiscal de Vicente López Alejandro Musso tras la publicación del caso en LA NACION. Musso, con intervención de detectives de Departamento Lucha Contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, puso tras las rejas a cinco sospechosos.

Díaz Molina tiene 28 años, es fanático de San Lorenzo y, según detectives judiciales que estuvieron tras sus pasos desde febrero de este año, fue integrante de la barra brava del club que quiere regresar a jugar en un estadio propio en Boedo.

Además de vivir en Puerto Madero y de manejar una camioneta VW Amarok V6 modelo 2021, se estaría construyendo, con todos los lujos, una casa en el exclusivo country Terralagos, en Canning. Habría comprado allí un lote por 50.000 dólares. Según fuentes judiciales, lo habría puesto a nombre de un familiar directo que no tendría cómo justificar la inversión.

Otro de los sospechosos detenidos con prisión preventiva fue identificado por fuentes judiciales como Cristian Robledo, también de 28 años. Fue detenido en un imponente inmueble situado en José Mármol 25, en Ramos Mejía. Dijo que era la casa de un amigo, que se la había prestado; en ese lugar la policía secuestró una camioneta Mercedes Benz GLE 400 valuada en 140.000 dólares.

Los investigadores llegaron hasta la casa de José Mármol 25 después de seguir al sospechoso desde un garaje de Boedo, donde la banda guardaba la camioneta utilitaria robada que utilizaba para ir a cometer los robos.

En Ramos Mejía, según fuentes del caso, también fue descubierta una propiedad donde pasaba sus días Robledo. Estaba amueblada a nuevo. “Los muebles todavía tenían las etiquetas colocadas, como si recién hubieran llegado del comercio donde habían sido comprados. El sospechoso también dijo que era una vivienda de un amigo, que se la prestaba cuando se peleaba con su pareja”, sostuvo un detective que participó de los allanamientos.

Robledo, según las fuentes judiciales consultadas, ya había estado preso en una investigación de la que participaron el fiscal federal Santiago Marquevich y el juez federal de Morón Jorge Rodríguez y que puso bajo la lupa a una organización criminal que ofertaba viajes turísticos y luego les robaba a los potenciales clientes.

Además de las inversiones en inmuebles y en vehículos de alta gama, los sospechosos gastaron el dinero en vacaciones en ciudades como Miami. Los viajes a los Estados Unidos pudieron ser reconstruidos a partir de información de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y fotografías que subieron a las redes sociales los propios sospechosos.

Según las fuentes consultadas, “conociendo que la Justicia tiene impedimentos para abrir tecnológicamente los aparatos, los sospechosos usaban [no los días que robaban] teléfonos iPhone 12 Plus, cuyas claves, convenientemente, no recordaban”.

El modus operandi

Como informó LA NACION, la investigación del fiscal Musso comenzó el 21 de enero pasado, después de un robo protagonizado por la banda de los falsos operarios en Vicente López. En esa oportunidad, los ladrones se alzaron con un botín de 100.000 dólares y 10.000.000 millones de pesos.

“La banda criminal utilizaba una camioneta Renault Kangoo robada. Periódicamente le cambiaban la chapa patente para eludir los sistemas que detectan los vehículos con pedido de secuestro instalados en jurisdicción de la Municipalidad de Vicente López y de la ciudad de Buenos Aires”, explicó a LA NACION una calificada fuente del caso.

En esa camioneta colocaban, a cada lado, un imán con el logo de las empresas del servicio de cable e Internet que simulaban representar. Lo sacaban una vez que escapaban del lugar del robo.

“El día anterior a los golpes, dentro del rango horario de entre las 12 y las 15, iban al domicilio que habían seleccionado, y una vez frente a la propiedad, vestidos con las ropas originales de la empresa Cablevisión, una escalera retráctil, cascos, guantes y todo el instrumental apropiado, subían hasta el poste de luz y con un corte preciso dejaban a las víctimas sin cable ni internet. Esta maniobra no les demandaba más de cinco minutos y luego se retiraban. En algunas ocasiones se pudo determinar que el mismo día hicieron lo mismo con vecinos de distintos barrios, como para tener más posibilidades de llevar a cabo un robo”, dijo una fuente con acceso al expediente.

Cuando el cliente al que habían dejado sin servicio accedía a recibir a los operarios que harían la “reparación”, dos de los ladrones ingresaban en la casa. “Estos delincuentes se encargaban de revisar cada dormitorio de la propiedad para simular que buscaban el supuesto problema de conexión. Era la excusa para saber cuántas personas había en la vivienda y si el lugar tenía cámaras instaladas. Luego le decían a la víctima que el problema estaba en el módem y que debían llamar al supervisor”, explicó a LA NACION uno de los investigadores.

Los dos supuestos técnicos se comunicaban con el cómplice que hacía las veces de supervisor. Le decían que llevara “la caja de herramientas”. Esa era la “contraseña” para que supiese que estaba todo bajo control, listo para reducir a las víctimas.

El falso supervisor llegaba con una caja donde, en vez de herramientas, guardaban armas de fuego. Acto seguido, bajo amenazas, los habitantes de las casas eran maniatados con precintos y encerrados en alguna habitación.

“Una vez reducidas las víctimas entraban otros integrantes de la banda. Un cómplice se quedaba en la puerta para avisar sobre cualquier contratiempo. Generalmente, en los domicilios, los falsos operarios se quedaban entre una hora y media y dos horas, tiempo en el cual revisaban cada habitación”, afirmó una fuente judicial.

El informante judicial explicó que hubo casos en los que, en procura de hallar dinero, los falsos operarios llegaron a romper paredes y muebles. Los ladrones buscaban dólares, joyas y dispositivos electrónicos.

A la banda le adjudican diez hechos, pero después de la nota publicada en LA NACION, otras víctimas se comunicaron con la fiscalía de Musso para informar que también fueron víctimas de la banda de Los Impostores. El representante del Ministerio Público espera ahora que la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty, que interviene en el expediente, unifique todos los procesos.

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