Los hermanos Juliá se declararon inocentes
Dijeron desconocer que en el jet privado en el que ingresaron a España había casi una tonelada de cocaína
BARCELONA. Los tres ciudadanos argentinos detenidos en Barcelona acusados de haber ingresado a España con casi una tonelada de cocaína abordo de un lujoso jet privado comenzaron a declarar esta mañana en los tribunales catalanes. Afirmaron ser inocentes y dijeron desconocer que en el avión con el que aterrizaron en el aeropuerto de El Prat había droga.
Así se inició el juicio en el que están imputados los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y el piloto Matías Miret.
El primero de los acusados en declarar ante la Audiencia Provincial Sección Octava fue Gustavo Juliá, responsable de la aeronave, quien afirmó que desconocía que había droga en el avión y dio a entender que a la cocaína la pudieron haber colocado tres personas que hicieron cambios en el avión por pedido del un empresario español que los había contratado. A su vez, Gustavo negó haber dicho a la Guardia Civil que la droga era suya.
La declaración de Gustavo Juliá fue coherente con lo que anticipó LA NACION en su edición de hoy. Su estrategia, según pudo saber este diario, será intentar conseguir la nulidad de toda la investigación. Caída la investigación, no sería necesario probar su eventual inocencia.
Má tarde declaró su hermano Eduardo, que también afirmó desconocer la existencia de la droga y explicó que no había forma de darse cuenta de la carga oculta en la maniobra de despegue.
El último de los testigos en hablar fue Miret, quien explicó que fue contratado como copiloto para hacer el vuelo unos días y que no participó de ninguna reunión con Gustavo Juliá. Ante una consulta del fiscal David Benages, Miret sostuvo que cuando se descubrió la droga Gustavo Juliá dijo: "Es todo mío. Ellos no saben nada", en relación a lo transportado en el avión.
13 años de cárcel y una multa millonaria
Los argentinos están acusados de traficar casi una tonelada de cocaína en el Bombardier Challenger 604 que llegó a Barcelona el 2 de enero de 2011. El fiscal del caso, David Benages, pidió una pena de 13 años de prisión para los tres, y una multa de 100 millones de euros, tres veces el valor de la droga.
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