Un juez le pidió perdón. Lo liberaron tras haber pasado dos años preso, acusado de una violación en Martínez que no existió

“Mucho no puedo hablar, lo único que sé es que en dos años me arruinaron mis 58 años de vida. Jamás había tenido un problema, jamás estuve fuera de la Justicia, mi familia es intachable, la familia de mi expareja más aún, es gente reconocida en zona norte, a mí me arruinaron la vida. Yo creo en la justicia, nada más”.

Con esta frase, desgarradora, el acusado D.M. describió lo que vivió durante los dos años que pasó detenido en la cárcel de José León Suárez, acusado de un delito que no había cometido. Ayer, el Tribunal Oral N°7 de San Isidro lo absolvió porque no se pudo probar la existencia del delito por el que se lo imputó y ordenó su inmediata liberación.

D.M. llegó preso y esposado a la sala de audiencias del Tribunal, situada en la avenida Centenario, en San Isidro. Salió como un hombre libre. Rechazó la posibilidad volver a la cárcel de José León Suárez a buscar sus cosas. No quería volver a pisar el infierno.

“Este órgano colegiado siente la necesidad de pedirle disculpas en nombre de la Justicia, por estos casi dos años que pasó privado de su libertad, sabiendo que esto es irremediable”, expresó el juez Alejandro Lago, a cargo de la presidencia del Tribunal, que también integraron sus colegas Alberto Gaig y María Coelho.

El expediente judicial que derivó en la detención de D.M. se inició el 11 de julio de 2021, a partir del llamado de un vecino al 911, en el que se denunció que escuchaba gritos en el departamento del primer piso situado en Vélez Sarsfield al 100, Martínez.

Según determinaron los policías que llegaron al lugar, la propietaria del inmueble manifestó que el acusado “la tomó por la fuerza, tirándola al suelo, desvistiéndola y abusando sexualmente de ella, para luego, ante el forcejeo y el pedido de auxilio de la víctima, soltarla, vestirse y retirarse del departamento…”.

A partir de esta única declaración, la policía se llevó esposado a D.M., y luego el fiscal de instrucción pidió su detención al juez de Garantías, que convalidó la medida. Durante los meses que siguieron, D.M. se comunicó con el defensor oficial y clamó por su inocencia. El letrado de oficio solicitó la excarcelación del acusado, pero una Sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías departamental rechazó la solicitud y D.M. siguió preso en la cárcel de José León Suárez.

La última posibilidad que le quedaba a D.M. para probar su inocencia era el juicio oral. Y ese día llegó. El 20 de abril pasado, los integrantes del Tribunal Oral N°7 abrieron el debate y tanto el representante del Ministerio Público como la defensa plantearon sus lineamientos.

El abogado defensor expresó que intentaría demostrar que el acusado no había tenido ninguna vinculación con el hecho y bregaría por su inocencia. Mientras que el fiscal de juicio afirmó que convocaría a declarar a la víctima para que aportara su testimonio.

Qué dijeron los psicólogos y psiquiatras

Sin embargo, la supuesta víctima nunca pudo asistir a la audiencia. El fin de semana anterior al comienzo del juicio tuvo un ataque de pánico. Entonces, los médicos que la asistieron recomendaron que era conveniente que no declarara debido a que esa situación de estrés pondría en riesgo su vida y agravaría la patología por la que era atendida en el hospital de San Isidro desde 2018.

Ante la imposibilidad de que la víctima pudiera declarar, el fiscal solicitó al Tribunal que se presenten los médicos que asistieron a la mujer, que se los relevara del secreto profesional y que indicaran, eventualmente, si durante las entrevistas habían tomado conocimiento de algún episodio de violación.

“No recuerdo eso de haber relatado un abuso en sí, ni tampoco que haya ido a declarar a una fiscalía; sinceramente no recuerdo lo que relató en la entrevista, lo que sí es que luego de ese episodio se le hizo un ajuste farmacológico”, expresó el psiquiatra que atendía a la víctima.

Para no revictimizar a la mujer que denunció el hecho, su identidad se mantendrá en reserva, debido a que tiene una patología psiquiátrica.

“Específicamente, en una oportunidad trajo una situación de que había conocido hacía poco a un hombre y que vivía en su casa; me entero ese día y me comenta que había habido una situación de abuso sexual; estaba desbordada, llorando y se trabajó luego de ello, pero luego no se habló más”, sostuvo la psicóloga.

No obstante, cuando el defensor le preguntó a la psicóloga si alguna vez la paciente le dijo cuándo habría ocurrido esa situación de abuso, la testigo respondió que nunca hubo precisión sobre la fecha, aunque manifestó que lo denunciaría.

“La considero peligrosa, es violenta y tiene problemas psicológicos, discute con personas habitualmente; con la madre, que la vi una o dos veces, la vi gritarle de una forma increíble, y he tenido algún que otro altercado, he llamado al 911 y ella también. Ella tiene una metodología que consistía en traer gente a su casa, hombres adultos, los invita a vivir y cuando no lo quiere más, llama al 911 o se pelea, les grita y los echa del lugar”, sostuvo un testigo.

Testigos olvidadizos

Durante el juicio también declararon los policías que, supuestamente, habían participado del procedimiento en el lugar del hecho, a partir de la llamada al número de emergencias 911. Pero ninguno de ellos recordó el episodio y afirmaron que nunca estuvieron en el lugar.

Al finalizar dicha audiencia, el tribunal dispuso que el psiquiatra y la psicóloga que atendían a la víctima evaluaran si estaba en condiciones de declarar. Una semana después, ambos profesionales presentaron un informe y concluyeron que “nuestro consejo es que no debe declarar porque la situación la desborda anímicamente”.

“Hubo un forcejeo e incluso lesiones acreditadas, existió una pelea por dinero, pero lo cierto es que no veo acreditado el delito de abuso sexual. La escueta declaración testimonial que fuera tomada en sede fiscal a la víctima, cuando se le preguntó por el abuso sexual dijo ‘que sí', y que en realidad fue por poco tiempo, es decir, no quiso desarrollar el posible evento, solo dijo que instaba la acción penal y por ello se siguió con el proceso adelante”, sostuvo el fiscal en su alegato.

Ante la imposibilidad de tener una declaración testimonial y a partir de algunos otros elementos, el fiscal consideró que había existido un hecho de violencia, pero que no se podía acreditar el abuso sexual. El informe médico indicó que la víctima tenía moretones, pero también se dejó constancia de que la testigo había explicado que había tenido relaciones consentidas con otro hombre. Luego de revisar todos estos elementos, el representante del Ministerio Público decidió retirar la acusación y pidió la absolución del imputado.

“Fue cierto. Hubo una discusión. Pero fue por dinero, por una heladera que compraron juntos. Luego, la víctima modificó su relato y por eso tuvimos a una persona detenida durante casi dos años, eso le arruinó la vida a mi defendido”, expresó el defensor.

El letrado explicó que, en la requisitoria de elevación a juicio, la acusación carecía de pruebas, presentaba un informe médico inexistente en el que se consignó que la víctima había sufrido un abuso. Sin embargo, esa situación nunca quedó comprobada en el expediente y se apoyó en una prueba inexistente.

“Se llegó al debate con tres denuncias distintas y ni un solo informe psicológico externo que controle lo dicho por la víctima en torno a su trastorno psiquiátrico; la mujer está pidiendo ayuda hace más de 15 años”, sostuvo el defensor.

Ayer, en la última audiencia, luego de escuchar y analizar los alegatos del fiscal y la defensa, los jueces resolvieron la absolución del imputado por la imposibilidad del Ministerio Público de probar su responsabilidad en el delito y ordenaron su inmediata liberación.

“La fiscalía ha llegado a levantar la acusación, y esto debe operar como un llamado de atención para todos, para la Justicia, que una persona llegue en estas condiciones a un juicio oral. El fiscal expuso que nos equivocamos todos”, concluyó el juez Lago.

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