Leyes más duras. Juntos por el Cambio propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad y aumentar penas por corrupción y narcotráfico

El jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, presentó ante un grupo de referentes y dirigentes de un centenar de distritos provinciales su paquete de propuestas legislativas para combatir la inseguridad, en el marco de su proyecto para “recuperar” la provincia de Buenos Aires en un gobierno de Juntos por el Cambio.

Durante el encuentro, que se realiza desde ayer y hasta hoy en Pinamar, bajo el lema “para qué queremos gobernar la provincia de Buenos Aires”, serán objeto de debate “las principales problemáticas” del distrito para “la posterior elaboración de un plan de gobierno” y se “comenzará a trabajar sobre las ideas y definir los planes de acción”, según explicaron desde el entorno del diputado.

En el menú de propuestas hay proyectos para modificar el Código Penal. Una de las iniciativas apunta a aumentar penas para hechos de corrupción y narcotráfico, elevar las sanciones por violencia de género, eliminar las libertades condicionales para reincidentes y autores de delitos graves y, en un punto que promete generar polémica, “incorporar expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria”. También prevé el decomiso anticipado de bienes provenientes de actividad criminal.

El otro proyecto es crear un nuevo Régimen Penal de Minoridad que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y establece un sistema especial de responsabilidad ante la ley para jóvenes entre esa edad y los 18. Para la discusión de esta iniciativa en las dos jornadas de trabajo en Pinamar, fue invitado Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, el joven asesinado a cuchilladas en Mar del Plata durante el 19 de junio pasado, luego de una discusión con menores que le arrojaron una bolsa de hielo desde el séptimo piso de un edificio. De la presentación también participará el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que trabajó en el proyecto.

Como cofirmante de ambos proyectos, Ritondo sostuvo que “es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo” y agregó: “El objetivo de Juntos por el Cambio es volver a gobernar para transformar el rumbo del país y, por eso, estos proyectos de ley son para obtener mejores herramientas y más efectivas para combatir la inseguridad”.

Según informaron voceros de Ritondo, el anteproyecto de reforma del Código Penal firmado por 15 diputados –entre ellos, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el exviceministro de Seguridad nacional Gerardo Milman– “plantea actualizaciones importantes sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y también incidentes viables”.

Estos son algunos de los puntos principales:

• Incorpora la posibilidad del decomiso en forma anticipada de los bienes de los criminales
• Define criterios objetivos para la determinación de las penas, por ejemplo, se establece que la violencia de género es una circunstancia agravante que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala que corresponda para cada delito.
• Los reincidentes y autores de delitos graves como es el narcotráfico, los homicidios agravados, abusos sexuales agravados, secuestro extorsivo agravado, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, entre otros, no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional.
• Para fortalecer la prevención y teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, se incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves, como es el homicidio agravado.
• En cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad, se incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, el asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad es un homicidio agravado con prisión perpetua.
• Aumentan las penas para el narcotráfico y se establecen agravantes para el tráfico utilizando a menores, o para cuando se haga en colegios y clubes.
• En cuanto a la lucha contra la corrupción, el proyecto prevé un aumento de las escalas penales para los delitos de corrupción.
• Incorpora delitos para castigar el terrorismo con fuertes penas de prisión para los jefes y organizadores.

En cuanto al proyecto de nuevo Régimen Penal de la Minoridad, Ritondo afirmó: “El Estado está abandonando a la víctima y también a esos menores que seguramente vuelvan a delinquir porque no hubo costo en su accionar ni seguimiento por parte de las autoridades sobre su trayectoria de vida. Por eso creemos que hay que bajar la edad de imputabilidad y establecer un régimen especial entre los 14 y los 18 años, que permita dar respuesta adecuada frente a esta situación”.

Son sus puntos destacados:

• Crea un régimen penal para los menores de entre 14 y 18 años. Establece la edad mínima de imputabilidad a partir de los 14 años.
• Viene a reemplazar una ley vieja, que data de 1980, de la época del Proceso, que ha quedado desactualizada y obsoleta.
• No solo busca poder darle contención y reparación a la víctima del delito, sino también brindar un proceso adecuado al menor que delinque, promoviendo el efectivo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de la normativa general sobre niñez y otros tratados internacionales a los cuales el país adhiere.
• Establece órganos específicos en la materia, con funciones de investigación, defensa, juzgamiento, ejecución y revinculación social.
• Siempre, el menor tendrá derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso y, más allá de su defensa técnica, tendrá derecho a contar con el acompañamiento de sus padres o responsables o, en su defecto, de un referente que los contenga en la dimensión psicológica y afectiva durante el devenir del proceso.
• El juez podrá aplicar: amonestación; reparación a la víctima; prestación de servicio a la comunidad; libertad vigilada; internamiento terapéutico; e internamiento en centro especializado.
• A pedido del fiscal, se pueden pedir distintas medidas cautelares como la prohibición de salida del país, de asistir a reuniones o espectáculos públicos, conducción de vehículos, arresto domiciliario, entre otras.

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