Ley de flagrancia: primera condena a las 36 horas de cometido el delito

En menos de dos días, desde que se cometieron los delitos, ya hubo cuatro condenas en la Capital gracias a la nueva ley de flagrancia.

El primer caso fue en Caballito, a las 2.30 de anteayer, cuando una mujer fue detenida por la policía por tentativa de robo, luego que forzó la vidriera de un comercio para llevarse varias prendas. A las 36 horas, en una audiencia judicial, se la sentenció a seis meses de prisión en suspenso.

A su vez, también en la madrugada de anteayer, pero en el barrio de Constitución, tres hombres rompieron los vidrios de dos vehículos ubicados en una playa de estacionamiento en las calles Lima y Juan de Garay. Mientras robaban los equipos de música de ambos rodados, fueron sorprendidos por policías que patrullaban la zona y los detuvieron in fraganti. Con la intervención del personal del Juzgado de Instrucción N° 38, se determinó que los imputados tenían antecedentes con sentencia cumplida. En la audiencia estuvieron el fiscal, la jueza, el defensor y los imputados. El hecho fue tipificado como tentativa de robo y se acordaron 798 horas de trabajo comunitario.

También hubo otras dos audiencias por casos flagrantes de violencia de género. Golpeadas por sus ex parejas, las dos víctimas fueron atendidas por oficiales de la policía, quienes advirtieron que tenían lesiones graves, producto de los golpes que habían perpetrado los detenidos. Dado que ya había denuncias previas de agresión y la gravedad de los delitos, los casos fueron derivados como un procedimiento habitual, que son más lentos.

"El proceso de flagrancia aporta una respuesta judicial rápida y adecuada para casos sencillos que se resuelven al aplicar una sanción a pocas horas de cometido el delito", explicó a LA NACION el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares, quien además aseguró que están monitoreando la aplicación para hacer ajustes para ir mejorando los procesos judiciales.

La ley de flagrancia 27.272, aprobada por el Congreso Nacional el 7 de septiembre, se puso en vigor desde anteayer en todo el país. La norma prevé que las personas detenidas in fraganti, tanto al intentar cometerlo o inmediatamente después, y con las pruebas de haberlo cometido, tienen que ser llevadas ante un juez entre 24 y 48 horas después para hacer una audiencia oral y pública donde se decidirá su libertad. La norma se aplica sólo para delitos menores o delitos de gravedad, cuyas penas no superen los 15 años de prisión.

En una conversación con LA NACION, el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Sáenz, aseguró: "Las ventajas son claras: la intención es resolver rápidamente la situación de gente presa en flagrancia, de poder hacer una probation, un juicio abreviado o decidir llevarlo a juicio en un plazo máximo de 40 días, y llegar a una condena en poco tiempo".

"Nosotros estamos en favor de las mejoras, pero tenemos la inquietud de que sea difícil llevar a cabo la ley por una insuficiencia de salas de audiencia, fiscales, jueces y unidades de detención", agregó Sáenz.

Además indicó que existe un problema con el alojamiento de los detenidos, dado que hay riesgo de que colapse la Unidad N° 28 del Servicio Penitenciario Federal, que es la alcaidía que funciona en el Palacio de Justicia. "El traslado de detenidos es un trámite engorroso, y con plazos cortos de audiencias, de entre 24 y 48 horas, puede haber inconvenientes", añadió. Uno de los más relevantes es la falta de médicos para realizar los exámenes físicos a todos los detenidos que ingresan en esa unidad; si se prevé que todos los días concurran más de 50 acusados, las audiencias se atrasaran por la falta de médicos.

Ya la Justicia había impuesto trabas a la instrumentación de esa ley el miércoles pasado, cuando la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional hizo públicas sus objeciones, entre ellas, la falta de recursos para asegurar el éxito de la iniciativa. Los tribunales federales también coincidieron en este punto y se hicieron eco de los pedidos para obtener más recursos e infraestructura y así poder llevar a adelante las audiencias en los períodos dispuestos por la ley.

Fuentes judiciales informaron a LA NACION que aunque la intención del Gobierno es detener la ola de delitos al acelerar los tiempos de la Justicia, no se trabajó en forma pormenorizada en la instrumentación de la ley. Fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron a este diario que sería necesaria la creación de una unidad fiscal especializada en casos de flagrancia, ya que consideran que en algún momento el sistema se puede saturar si no se designan fiscales que se puedan dedicar exclusivamente a estos incidentes.

Según Sáenz, no sólo se debe designar una fiscalía especializada, sino que se requiere la presencia efectiva de los funcionarios judiciales, "acá hay que ponerle el cuerpo".

Quejas porque no se cubren las vacantes

• En la justicia nacional y federal existe un 25% de vacantes de asientos. Del total de 49 juzgados de instrucción porteños, 20 están vacíos, dijeron ayer a LA NACION varios funcionarios judiciales. La ley de flagrancia prevé que los funcionarios (que ya se están subrogando otras fiscalías o juzgados) se ocupen también de los casos que surgen en un período de entre 24 y 48 horas, para condenar a los detenidos.
• En el interior del país las vacantes en fiscalías y juzgados son aún mayores, pues no alcanza a cubrirse las audiencias por delitos flagrantes. Las distancias entre los tribunales son grandes y no se puede asegurar que el detenido sea juzgado en un lapso de tiempo corto.

Algunos de los delitos que contempla la ley

Delitos menores

Violencia de género

Sólo se considerarán agresiones leves las que se pueden curar en menos de un mes, según lo evalúen los médicos que intervengan

Hurto simple

Incluye los conocidos arrebatos en la vía pública. Esa figura delictiva, cabe recordar, el Código Penal la castiga con penas de entre un mes a dos años de prisión

Resistencia a la autoridad

La desobediencia a los agentes de las fuerzas de seguridad está considerado un delito flagrante

Delitos graves

Robo con arma

Cuando la falta es cometida con un arma de fuego o arma blanca se prevé una pena de entre cinco y 15 años de prisión

Tentativa de femicidio

Si una persona es descubierta intentando asesinar a una mujer por la causa de odio de género, será considerado en flagrancia

Tentativa de violación

Será detenido y juzgado de inmediato quien intente abusar sexualmente de una persona

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