“Le va a pasar como a Nisman”: la trama secreta detrás de la amenaza narco a la jueza Sandra Arroyo Salgado
La Justicia procesó por la intimidación a la magistrada a uno de los traficantes más importantes de una red que transporta cocaína a Europa;
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Para LA NACIONAgustín Ceruse
La mañana del 3 de abril de 2018, un hombre llamó al juzgado federal de San Isidro. Quería hablar de inmediato con Sandra Arroyo Salgado “por el tema de Gustavo Sancho”, pero le pidieron que marcara el número de la otra secretaría. Y así lo hizo: dijo tener “un recado de parte de Sancho”. Pero cuando lo transfirieron, la comunicación se cortó. Harto, y en el octavo intento, la voz misteriosa le advirtió a otra secretaria: “Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas, como a Candela”.
La jueza Arroyo Salgado nunca lo reconoció abiertamente, pero esa y otras intimidaciones fueron las que la llevaron en diciembre de 2018 a dejar de investigar a Sancho por narcotráfico y lavado de activos, y a retirarse de la querella por la muerte de su exmarido, Alberto Nisman, el fiscal del caso AMIA.
Una semana antes de tomar esa decisión, uno de los posibles autores del apriete fue asesinado de manera brutal. Ahora, pasados cuatro años, el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal federal Fernando Domínguez le pusieron nombre y apellido a quien creen responsable de amenazar a su colega.
Se trata de José Damián Sofía, de 57 años, muy conocido en la zona oeste del conurbano por sus contactos a todo nivel. Inteligente, por cierto: para el fiscal, “el Tano” no solo amenazó a la jueza, sino que plantó pruebas para que acusaran a un hombre que le debía plata por un negocio que había salido mal.
Quiso matar dos pájaros de un tiro. Y casi le sale bien, porque tras su detención y procesamiento, Marcelo Fernández, Juan Pablo Salas y Marcos Morán, de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, dictaron su falta de mérito, dispusieron su inmediata libertad y ordenaron que se siguiera investigando.
Como pudo reconstruir LA NACION a partir de documentación oficial, el encono de Sofía con Arroyo Salgado comenzó cuando la jueza desbarató la organización de Sancho. Eso fue el 14 de noviembre de 2017.
Según un testigo de identidad reservada, esos dos se complementaban muy bien: “Sancho ponía la mercadería y Sofía, las líneas; aportaba las salidas de acá y la recepción en Europa”. Para el fiscal, la caída del primero, en consecuencia, era una desgracia para el segundo. De ahí que amenazara a la jueza que lo investigaba para que dejara de hacerlo.
La mañana de la amenaza, Sofía partió desde la zona oeste del conurbano hacia Rosario. Un viaje de ida y vuelta en el día. Lo hizo acompañado de Christian Ariel Quinteros, de 43 años, el “Gordo Tita”, que hacía las veces de su chofer. Entre las 9.01 y las 9.18 horas del 3 de abril, desde un teléfono comprado para la ocasión, se hicieron las llamadas intimidatorias. Querían que Arroyo Salgado liberara a Sancho y a todos o, caso contrario, habría represalias.
Los “vueltos” más cruentos
Y sí que hubo represalias. El 5 de diciembre de 2018, en Navarro, a Quinteros le hicieron de todo: le tajearon el cuerpo, le cortaron la oreja izquierda, le dispararon en las rodillas y le extirparon el ojo izquierdo. Como no consiguieron lo que buscaban, lo ejecutaron.
Tal vez por la amenaza misma, tal vez porque uno de los sospechosos terminó así, lo concreto es que, una semana después, la jueza Arroyo Salgado se consideró envuelta en circunstancias de “violencia moral” como para seguir investigando a Sancho. El caso le quedó a Mirabelli. Una semana más tarde, Arroyo Salgado también dejó la querella por el caso Nisman.
Eso no fue todo: quien sea que haya planeado el asesinato de Quinteros, luego fue tras Anabella Bluetti, la viuda, a la que el 6 de febrero de 2019 ejecutaron de un tiro mientras manejaba su Chevrolet Meriva, en Francisco Álvarez. Por el doble crimen, hasta ahora, el fiscal Leandro Ventricelli no pudo arrestar a nadie.
A Sofía lo atraparon el 2 de noviembre de 2019 no bien aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, procedente de España. Al día siguiente declaró que el autor de la amenaza bien pudo haber sido su viejo deudor. Diez días después cambió la versión: aclaró que también pudo haber sido Quinteros, su chofer. Claro, el “Gordo Tita” ya no podía defenderse ni desmentirlo. Hacía un año que lo habían ejecutado de una forma cruel.
Tras la falta de mérito a Sofía, el fiscal Domínguez le tomó declaración testimonial a su viejo deudor. Sin admitir que se dedicaba al narcotráfico y que le había prometido al “Tano” una salida confiable por el puerto que nunca existió, sí reconoció que le debía plata. Dijo que la deuda era con Sofía, pero como en ese negocio que inventó también “lo jodió” a Sancho, el tema pasó a ser con los dos; a Sancho le pagó 280.000 pesos –unos 16.000 dólares a la fecha de los hechos– porque sus amigos le dijeron que correría riesgo su vida si no lo hacía, pero no le dio nada a Sofía. Por eso, “el Tano”, sacado, empezó a buscarlo por todos lados hasta que de un día para otro desapareció de su casa para que su familia no tuviera problemas, aunque a ellos también los persiguió.
Todos los caminos conducen a...
Para el fiscal Domínguez ya no quedaban dudas: el teléfono con el que se hizo la amenaza coincidía en tiempo y espacio con uno utilizado por Sofía; conocía a Sancho y a otros acusados por actividades compatibles con el narcotráfico; en otras situaciones también se hacía llamar como el autor de la amenaza, “Jorge”; y sus descargos, a juzgar por el cambio de versiones, no cerraban por ningún lado.
Un detalle: al que quiso incriminar originalmente le debía plata a él y no a Sancho. Uno más: al que quiso echarle la culpa después, el asesinado Quinteros, trabajó para él y no para el beneficiario del “apriete”.
El juez Mirabelli coincidió: en consecuencia, procesó a Sofía por “la coacción, agravada por haber sido las amenazas anónimas y haberse dirigido contra un miembro de los poderes públicos con el propósito de obtener respecto de este una medida o concesión”. Por estrategia procesal, lo consideró penalmente responsable de aquellos delitos, no como autor sino en calidad de coautor. Aunque con algunos reparos, Fernández, Salas y Morán, de la Cámara Federal, confirmaron en marzo el procesamiento, esta vez sin prisión preventiva.
El rol de Mameluco Villalba
El caso no solo exhibió una vez más cómo operan las organizaciones narcocriminales en el conurbano, sino que reavivó el rumor que siempre circuló en ese bajo mundo, donde casi todos se conocen: que la orden de secuestrar a Candela Sol Rodríguez, la nena de 11 años asesinada el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, no la dio Miguel Ángel “Mameluco” Villalba sino el mismísimo Sancho. No por nada la amenaza de que la jueza podría terminar como el fiscal Nisman y las hijas, como Candela, partieron de boca de quien necesitaba que Sancho estuviera nuevamente en la calle para operar ilegalmente.
Ya lo había sugerido Alfredo Rodríguez, papá de la víctima, en la época del crimen: “No sé quién pudo haberle hecho eso a Candela, pero de la gente con la que andaba o que conozco podrían ser los de la banda de Boscolo o Gustavo Sancho, que manejan la droga en San Martín, a los que conozco de toda la vida, porque hace unos diez días, antes de la desaparición, un amigo mío detenido en la Unidad 36 de Magdalena, en el mismo pabellón que yo, me dijo que ‘el Topo’ Moreyra me había ensuciado con Boscolo y Sancho, diciéndoles que yo le pasaba información sobre ellos a la Policía Federal”, y que tras un allanamiento de esa fuerza, Sancho le dijo “Fijate lo que andás haciendo, yo a vos te voy a matar”.
Como sea, el Tribunal Oral en lo Criminal 6 de Morón empezó en marzo el juicio contra Villalba como presunto instigador del secuestro seguido de muerte de Candela Sol, la hija de Alfredo Rodríguez.
El siempre temido “Mameluco” es, además, el principal sospechoso detrás del caso de las 24 personas que murieron el 2 de febrero pasado por consumir cocaína cortada por carfentanilo. La jueza federal Alicia Vence todavía no lo indagó por eso, aunque sí por narcomenudeo en la misma zona del desastre. Es que, a más de un mes de los allanamientos, aún no recibió los resultados del peritaje químico sobre las dosis secuestradas.
A casi tres meses de la tragedia, los policías bonaerenses y federales tampoco pudieron atrapar a Luca Nahuel Baigorria, alias “Dylan”, hijo de Villalba, al que en las escuchas telefónicas -reveladas por LA NACION- los mismos “transas” de la banda lo responsabilizaron por haber “traído la droga fea desde Colombia”.
Este año también se decidirá la suerte de Sancho: al hombre que Sofía quería que Arroyo Salgado liberara porque “esto no da para más”, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de San Martín lo tiene sentado en el banquillo de los acusados por triangular kilos y kilos de cocaína entre Bolivia, Paraguay y la Argentina. Entre las pruebas más importantes están los restos de los narcojets de su organización que se estrellaron dentro y fuera del país.
Por Agustín Ceruse
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