Le pagó US$10.000 a un sicario para que fingiera un robo y asesinara a su esposo y la condenaron
Un jurado popular dictó el veredicto de culpabilidad contra la mujer y el asesino a sueldo; el homicidio ocurrió en noviembre de 2014, en 25 de Mayo; el juicio oral se realizó la semana pasada en Mercedes
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Una mai umbanda, de Fuerte Apache convenció a Blanca Alicia Díaz Villalba de matar a su esposo para quedarse con todas sus propiedades. Para concretar el plan criminal, la mai puso a disposición de la mujer al sicario que cegaría la vida de su marido.
Rafael Almaroty, un productor rural de 69 años, fue asesinado mientras dormía en su cama, en una habitación de su casa situada en la calle 8, entre 102 y 103, en la ciudad de 25 de Mayo. El homicida le asestó varias puñaladas en el cuello.
Su mujer encontró el cuerpo ensangrentado el 22 de noviembre de 2014. Según denunció Díaz Villalba, su esposo fue asesinado durante un robo. Apoyaba esa hipótesis en el hecho de que le habían quitado el celular.
Pero, tres meses después, los investigadores policiales y judiciales derrumbaron la historia armada por la esposa de la víctima. Según se habría determinado en la investigación, Díaz Avila le habría pagado US$10.000 al sicario para que asesinara a su esposo.
Anteayer, un jurado popular declaró culpables a Díaz Villalba y al sicario Aldo Pérez, contratado por la mujer del productor agropecuario.
Con el veredicto de culpabilidad dictado por los doce vecinos que integraron el jurado popular, terminó el juicio oral contra Díaz Villalba y Pérez,
En los próximos días se realizará la denominada audiencia de cesura, a cargo del juez Ignacio Racca, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mercedes.
La audiencia finalizará con la lectura de la sentencia del magistrado, que deberá fundarse en el veredicto del jurado y en las pruebas que se ventilaron durante el juicio oral, que había comenzado el lunes pasado. En la misma audiencia, la fiscal Valeria Chapuis, que estuvo a cargo de la acusación, solicitará que tanto la instigadora como el sicario sean condenados a prisión perpetua.
Durante el debate, la representante del Ministerio Público consideró que se había probado que Díaz Avila y Pérez fueron responsables del homicidio del productor agropecuario, agravado por el vínculo, por alevosía, por promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas.
La trama siniestra
Al revisar la escena del homicidio, los peritos de la Superintendencia de Policía Científica, determinaron que la víctima fue asesinada de varias puñaladas en le cuello mientras dormía. No pudo defenderse. No había señales de lucha. Tampoco se hallaron indicios de que hubieran sido violentadas las puertas o ventanas de la vivienda. No se encontraron faltantes de importancia, ni el desorden característico de un robo, donde los asaltantes revisan cada rincón de la vivienda para obtener el botín que fueron a buscar.
La esposa de la víctima instaló la figura del homicidio en ocasión de robo porque faltaba celular de su marido.
Pero, además de la escena del asesinato ordenada y signos de violencia, fuera del apuñalamiento de la víctima, hubo otro elemento que llamó la atención de los investigadores y descartaba la hipótesis del robo.
Los policías hallaron un maletín con $ 50.000 que el productor agropecuario guardaba en la vivienda y que había cobrado días antes por la venta de hacienda. Este detalle apuntó los cañones de la pesquisa hacia otro móvil: el homicidio por codicia impulsado por una cuestión personal.
Entonces, el Ministerio Público y los policías comenzaron a investigar a los miembros del entorno del empresario agropecuario. Al revisar las comunicaciones de la esposa de la victima, los investigadores hallaron dos números que concentraron su atención.
Ambas líneas telefónicas pertenecían a personas con domicilio en la zona del barrio Ejército de Los Andes, en Ciudadela. Uno de esos celulares era utilizado por la máxima referente de un templo umbanda que funcionaba en la zona de Fuerte Apache.
Al revisar las llamadas, las fechas, los horarios de las comunicaciones y la geolocalización de los celulares, los investigadores establecieron la existencia de un vínculo, entre Díaz Avila, Pérez y la mai umbanda.
Díaz Avila y su esposo estaban separados pero no divorciados. Ella vivía en un departamento en Belgrano y todos los fines de semana viajaba a 25 de Mayo y se alojaba en la misma casa en la que mataron a su marido.
Díaz Avila encontró el cuerpo de su esposo al llegar a su casa, en una de esas visitas habituales.
Al seguir la pista de los llamados realizados y recibidos por la esposa de la víctima, los investigadores determinaron que el día que mataron a Almiroty, dos hombres llegaron a la casa del productor agropecuario en un remise.
El chofer de ese vehículo trabajaba en una agencia de Merlo y había sido contratado por Pérez para que lo traslade a 25 de Mayo. Al llegar a la casa de la víctima, el sicario abrió la puerta con la llave que le facilitó Díaz Avila, apuñaló a Almiroty, le robó el celular y regresó a Fuerte Apache.
Del análisis de los cruces de llamadas y del seguimiento a cada uno de los titulares de las líneas telefónicas, los detectives determinaron que Pérez era la pareja de la hija de la mai a cargo del templo umbanda al que concurría la esposa de la víctima.
Además, al profundizar la pesquisa, los policías establecieron que Díaz Avila le habría pagado US$10.000 a Pérez como anticipo para que asesinara a su esposo.
Tanto Díaz Avila, como el sicario y el remisero fueron detenidos en enero de 2015. El chofer del remise aceptó someterse a un juicio abreviado y fue condenado antes que el yerno de la mai umbanda y la esposa de la víctima.
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