Le otorgaron prisión domiciliaria a Pablo "Bebote" Álvarez
Pablo Alejandro Álvarez, alias Bebote, y Damián Lagaronne, dos barrabravas de Independiente fueron beneficiados ayer con la prisión domiciliaria. Ambos declararon como arrepentidos en la causa por la presunta asociación ilícita formada entre barras y dirigentes que tiene como acusados a Hugo y Pablo Moyano. La aplicación de la medida se concretará en los próximos días, en el momento que reciban las pulseras electrónicas.
Hace seis días, la fiscalía general de Lomas de Zamora había pedido que sean sometidos a juicio oral, Álvarez, Lagaronne y otros presuntos barrabravas: Roberto Petrov, alias Polaco, Gabriel Bertone, alias Tano, Claudio Godoy, alias Pucho, Adrián García, alias Tortuga e Ítalo Romeo, alias Cebolla.
El listado de imputados a quienes solicitó enjuiciar el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, se completó con los dirigentes de Independiente, Noray Nakis y Héctor Maldonado.
En el caso de Nakis, la Justicia le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria debido a cuestiones de salud. Mientras que Maldonado nunca fue detenido y afrontó el proceso, en libertad.
Según fuentes judiciales, la resolución que le concedió la prisión domiciliaria, con monitoreo con pulsera electrónica, a Lagaronne y Álvarez fue firmada por la jueza de Garantías, Brenda Madrid. La morigeración de la prisión preventiva había sido requerida por los defensores de Álvarez y Lagaronne a principios de este año. La resolución de la jueza Madrid implica la aceptación de ambos como arrepentidos.
Con la decisión de requerir el juicio oral contra estos imputados, el expediente por la asociación ilícita en Independiente quedó desdoblado. Actualmente, a partir de las declaraciones de los arrepentidos, el fiscal Scalera sigue con el proceso contra Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente y uno de los máximos referentes del gremio de Camioneros.
En tanto que el presidente de Independiente, Hugo Moyano, fue acusado en la misma causa, pero nunca fue indagado ni detenido. El juez de Garantías de Avellaneda, Luis Silvio Carzoglio había rechazado el pedido de detención contra Pablo Moyano.
No obstante, Hugo Moyano quedó imputado en la causa para que pueda seguir el proceso y designe peritos de parte para controlar las pruebas y las computadoras secuestradas en diversos allanamientos.
Para los investigadores judiciales, los imputados habrían concretado las "maniobras defraudatorias en perjuicio del club con la finalidad de obtener las entradas, cuotas sociales, bonos y protocolos que aprovechaban, los que figuraban en el listado confeccionado por Bebote Álvarez y que le hacía llegar a Integradores SA a través de Lagaronne".
Integradores es una empresa que prestaba servicios de informática al club Independiente, que fue allanada por la Justicia. En las computadoras secuestradas en dicha firma se hallaron listados de socios. Muchos de ellos fueron convocados a declarar como testigos.
Según fuentes de la investigación, tanto Álvarez como Lagaronne, en sus declaraciones como arrepentidos, describieron la maniobra que habría perjudicado a Independiente. Aseguraron que llevaban un pendrive con el listado de los barras a la empresa Integradores y que días después pasaban a buscar los sobres con las entradas y los bonos de socios para cada uno de las personas que figuraban en esa nómina.
Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, la investigación encarada por los fiscales habría puesto al descubierto "un presunto sistema de concesiones recíprocas entre parte de la dirigencia de Independiente y la barra brava". Lagaronne detalló, incluso, reuniones con Pablo Moyano en la sede del Sindicato de Camioneros.
En la descripción de la maniobra realizada por la fiscalía se indicó que el vínculo entre los dirigentes y la barra brava incluiría el supuesto financiamiento de la hinchada, a través de las entradas, cuotas, bonos, protocolos, viajes, dinero en efectivo, explotación de puestos en espacios públicos, entre otras medidas.
En su defensa, Hugo y Pablo Moyano denunciaron que no había pruebas para acusarlos y apuntaron al Gobierno por impulsar la causa contra ellos.
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