Lavado: por primera vez, la Justicia recuperó el dinero que un narco argentino había depositado en un paraíso fiscal
Se trata de los bienes que fueron detectados al fallecido abogado Carlos Salvatore, líder de un grupo criminal que transportaba cocaína a Europa
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.-La Justicia argentina logró por primera vez recuperar de una cuenta abierta en un paraíso fiscal el dinero originado en la venta de drogas. Así se consiguió US$900.000 que un narco argentino –el fallecido abogado Carlos Salvatore- había depositado, tras una ingeniería financiera muy sofisticada, en el sector financiero de la Isla de Man, territorio de la corona británica en el mar de Irlanda.
Así lo confirmó a LA NACION el fiscal federal Federico Carniel, quien durante cuatro años tramitó en medio de una espesa burocracia diplomática el decomiso de los fondos que Salvatore había obtenido con el narcotráfico y luego depositado en un paraíso fiscal europeo. El objetivo era que parte de ese dinero lograra volver a la Argentina. Como ocurre en este tipo de casos, la mitad del dinero quedará en el país donde se depositaron los fondos y la otra mitad retornará a la Argentina.
Salvatore, quien junto al exrepresentante de jugadores de fútbol Patricio Gorosito, también fallecido, lideró una organización que enviaba cargamentos de cocaína desde los puertos de Rosario y Buenos Aires a Europa, decidió dar refugio a parte de sus bienes en uno de los paraísos financieros que utilizan los millonarios de Portugal, el país donde iba la droga que traficaba.
Salvatore murió de un paro cardíaco en mayo de 2018, en el hospital Argerich. El Tribunal Oral Federal de Resistencia le había impuesto 21 años de cárcel por exportar 1200 kilos de cocaína entre 2011 y 2012 desde Quitilipi, Chaco, hacia España en bolsas de carbón vegetal.
En septiembre de 2020, el Estado argentino anunció el remate de una mansión de Belgrano R de dos pisos, terraza, pileta y jardín, valuada en US$2.300.000, que le fue decomisada a Salvatore, condenado como jefe de un cartel del narcotráfico en una causa por drogas que se conoció como Carbón Blanco.
El 21 de abril de 2020, el Tribunal Oral Federal de la capital chaqueña dispuso el decomiso de los bienes provenientes de esa causa. La medida fue ordenada tras el pedido del fiscal Carniel, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En ese caso se juzgó a la organización liderada por Salvatore, que disponía de una red de sociedades comerciales y propiedades donde invertía las ganancias producidas por el contrabando de cocaína a Europa. En ese expediente se ordenó la “disposición transitoria y/o su inscripción de los bienes en los registros correspondientes a nombre del Estado Nacional”.
A partir del juicio por lavado de dinero, en el que fueron condenados engranajes clave de la banda narco, Carniel empezó los trámites para recuperar el dinero que el abogado narco había depositado, tras una serie de intermediaciones, en la Isla de Man.
En el juicio se pudo probar que todos los negocios e inversiones de la organización fueron realizados con ganancias provenientes del tráfico transnacional de estupefacientes, puntualmente, de la exportación de aproximadamente cuatro toneladas de cocaína de alta pureza con destino a Europa. Durante 2015, parte de los hechos delictivos vinculados al contrabando de estupefacientes fueron debatidos en juicio oral que concluyó con la condena de pena de 21 años de prisión al jefe de la organización criminal.
Durante la etapa final del juicio oral, en enero de 2019, a partir de información proporcionada por la Unidad de Información Financiera (UIF) -con base en fuentes de información internacional- se tomó conocimiento de la existencia de fondos por USD 908.642,73 depositados en una entidad financiera de Isla de Man, que estaban asociados a un producto financiero de titularidad de Silvia Valles y Carlos Alberto Salvatore, quienes antes del fallecimiento de este último y con el objeto de eludir acciones de recupero, lo habrían transferido a Sergio Daniel Salomone mediante una simulación.
El 25 de enero de 2019, el Tribunal ordenó una medida cautelar sobre su saldo por considerar que provenía de las actividades ilícitas desplegadas por la organización criminal juzgada en el caso.
Un mes después las autoridades de la Isla de Man dictaron la inmovilización de los fondos sobre el saldo de la cuenta y el 22 de septiembre de 2020 un tribunal emitió orden de decomiso sobre dicho activo.
El próximo paso, mediante la solicitud de asistencia jurídica internacional librada el 14 de diciembre de 2020, fue requerir a las autoridades de Isla de Man la ejecución de la orden de decomiso y repatriación de USD 908.642,73 depositados en una cuenta registrada en Old Mutual International (anteriormente Royal Skandia Life Assurance Limited) por ser el producto ilícito del accionar de una organización criminal condenada en Argentina por lavado de activos provenientes del narcotráfico transnacional.
Las autoridades diplomáticas argentinas iniciaron negociaciones de reparto de los fondos decomisados, a cuyo efecto la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) proporcionó los argumentos para poder repatriar los fondos.
Luego de un intercambio entre las autoridades encargadas de la negociación en el marco del “Acuerdo de División de Bienes”, Isla de Man propuso la devolución de un 50 por ciento de los activos decomisados. En forma reciente, se informaron los datos de la cuenta bancaria a la cual debería dirigirse la transferencia internacional de dinero.
“A lo largo de un extenso período de tiempo (al menos, desde el año 2004 hasta 2015), la organización llevó a cabo un proceso de reciclaje de activos provenientes del tráfico transfronterizo de estupefacientes. Estas maniobras de blanqueo de capitales, múltiples y sistemáticas, fueron realizadas a través de inversiones en los rubros más diversos (inmobiliario, construcción, automotor, cinematografía, gastronomía y financiero, entre otros), y mediante el diseño de una sofisticada red societaria y financiera”, señaló en diálogo con LA NACION el fiscal federal Carniel.
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