Lavado de activos. Piden que el archirrival de Los Monos sea juzgado por comprar casas, autos y caballos de carrera con dinero narco
Esteban Lindor Alvarado y su exesposa están procesados desde junio; él ya recibió una condena por tráfico de 500 kilos de marihuana
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LA NACION
Tres fiscales federales pidieron enviar a juicio oral al narco Esteban Lindor Alvarado y a su expareja por lavado de activos de origen delictivo, al considerar que introdujeron al sistema financiero más de diez millones de pesos provenientes de la comercialización de estupefacientes y de otras actividades ilegales entre mayo de 2012 y noviembre de 2019.
En una presentación conjunta, el fiscal federal N°1 de Rosario, Javier Arzubi Calvo; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, solicitaron al titular del Juzgado Federal N°4, Marcelo Bailaque, la elevación a juicio oral de la investigación seguida contra el traficante que se convirtió en el máximo rival de Los Monos y su expareja, R.N.C.
La causa se inició tras una denuncia efectuada por los representantes del Ministerio Público Fiscal sobre la base de diversos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de la Unidad de Información Financiera (UIF), que revelaron la posible existencia de bienes generados por una organización presuntamente dedicada al narcotráfico, denominada la “Banda de Medina”, integrada por el fallecido Luis Medina, familiares suyos y Alvarado, según los voceros.
El Ministerio Público informó, a través de su sitio web fiscales.gob.ar, que según la información recabada, esas personas habían aumentado considerablemente su patrimonio sin tener actividad lícita registrada que lo respaldara, mediante la adquisición de bienes, propiedades y otros activos que, se presume, habrían realizado con dinero procedente de actividades ilegales.
Además de adquirir propiedades, a los acusados de les imputa haber creado sociedades ilícitas para inyectarles fondos espurios y dotarlos de apariencia lícita.
En abril pasado, por pedido de los fiscales, Alvarado y su expareja fueron indagados bajo sospechas de haber puesto en circulación conjuntamente, en forma habitual y organizada, entre mayo de 2012 y noviembre de 2019, activos provenientes del narcotráfico.
En la imputación se precisa que, a tal fin, ambos adquirieron, administraron y vendieron bienes muebles –entre ellos, vehículos y caballos de carrera– e inmuebles, inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios investigados, de terceras personas o de sociedades comerciales que carecían de un perfil patrimonial que permita justificarlas.
Así, habrían puesto en circulación en el mercado bienes de origen ilícito con un valor aproximado de al menos 10.367.000 pesos.
A partir de las pruebas recolectadas y el estado del caso, los fiscales solicitaron que Alvarado vaya a juicio oral como autor del delito de lavado de activos de origen ilícito, por “haber administrado y puesto en circulación en el mercado, al menos, las sumas de $1.471.148 en 2013; $1.352.829 en 2014; $1.186.048 en 2015; $1.243.027 en 2016; $605.438 en 2017; y $621.582 en 2018″ mediante acreditaciones en cuentas bancarias.
Requirieron también que el imputado y su expareja, R.N.C., sean sometidos a juicio oral como coautores del mismo delito, en virtud de haber adquirido diversos vehículos, tales como camionetas, camiones y semirremolques por un valor de $3.887.000.
En junio pasado, el juez Bailaque procesó con prisión preventiva a Alvarado y a suexpareja por el delito de lavado de activos de origen delictivo y les trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos, lo que fue confirmado el 26 de septiembre por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Ese mismo mes, Alvarado fue condenado a la pena de 15 años de prisión por organizar el transporte de más de 500 kilos de marihuana.
En septiembre, una mansión que fue suya en el barrio San Marino del country Funes Hills, en las afueras de Rosario, fue rematada en $43 millones.
En esa oportunidad, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, dijo que a través de los remates de bienes decomisados a organizaciones criminales “el producido del delito, en modo indirecto, vuelve a la sociedad”.
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