Las pruebas contra Soto Dávila, el juez acusado de recibir sobornos de narcos

"Para que Soto Dávila le dé la libertad a alguien había que pagar". Así, un jefe narco que operaba en Itatí, una zona caliente del contrabando de marihuana, y que declaró como arrepentido, explicó ante la Justicia la aceitada maquinaria de sobornos que presuntamente operó en el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes desde 2010 hasta el año pasado. Según un expediente judicial, durante siete años se habrían pagado coimas por 1.115.000 pesos.

Las revelaciones del "imputado colaborador", junto con una serie de escuchas telefónicas y otras pruebas, fueron clave para el avance de una megacausa judicial que puso tras las rejas a narcotraficantes, integrantes de las fuerzas de seguridad, políticos, funcionarios judiciales y abogados.

Carlos Soto Dávila es desde hace 22 años el titular del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, con competencia electoral. Si bien pesa sobre él una orden de detención firmada por el juez federal Sergio Torres, tiene inmunidad de arresto por su condición de magistrado. Ayer, el Consejo de la Magistratura dio el primer paso para iniciarle el juicio político y la Comisión de Disciplina y Acusación lo citó para el 18 de este mes.

El magistrado está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. "Esta asociación percibió montos de dinero en carácter de soborno a cambio de omitir avanzar en investigaciones dirigidas a esclarecer la responsabilidad penal de personas involucradas en maniobras de narcotráfico", afirmó el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en un dictamen incorporado en el expediente judicial.

Soto Dávila iba ser indagado ayer en los Tribunales de Comodoro Py por el juez Torres. Pero pidió postergar la audiencia. La diligencia judicial se hará el lunes próximo.

Desde el martes pasado están presos los exsecretarios de Soto Dávila Pablo Molina y Federico Grau. También, los abogados Humberto "Pochi" Giménez, Tomás Viglione, Duylio Barboza Galeano y Jorge Ricardo Vallejos.

La banda criminal, según surge de la investigación, tenía una división de roles. Para la Justicia, Soto Dávila fue quien montó, coordinó y encabezó la asociación ilícita. Consta en el expediente judicial que los secretarios Molina y Grau "se encargaron de establecer la tarifa correspondiente a las dádivas que los narcocriminales abonaron a cambio de ser favorecidos procesalmente, así como del efectivo cobro del dinero. Luego, fueron los abogados quienes debieron negociar los pormenores de los pagos, llevándose una parte del soborno en carácter de comisión, cada vez que se concretaba el acuerdo".

En la megacausa que lleva adelante el juez federal Torres, donde en 39 expedientes conexos hay 132 imputados, se incorporaron 4000 CD de escuchas telefónicas en las que hablan los presuntos narcos y sus abogados defensores, que también fueron detenidos acusados de ser parte de la asociación ilícita. En la investigación, además de la Procunar, el Ministerio Público está representado por el fiscal federal porteño Carlos Stornelli y sus colegas de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer.

En una de las escuchas, uno de los presuntos capos narcos, Federico Marín, conocido por el apodo de Morenita, conversa con Miriam Almirón, la esposa de uno de sus lugartenientes detenido, y hablan del dinero que debían pagar en el juzgado para que liberaran al imputado.

Las escuchas de los sobornos

El 22 de diciembre de 2015, Almirón le envió a las 17.45 un SMS a Marín, el jefe de la banda, donde confirmó lo que habían conversado por teléfono sobre el "arreglo" con el abogado y el juez. "Solo queda pagarle a [Omar] Serial 30.000 pesos y 30.000 al juzgado. No te preocupes, Dani sale bajo caución".

Serial es uno de los imputados que espera el juicio oral y público. Es un abogado que representó a los presuntos narcos.

El arrepentido declaró luego ante el juez Torres: "Serial me dijo `vos ponés y sale`". Las negociaciones que iniciaron Almirón, Marín y los abogados era para que saliera en libertad Héctor Botello Da Silva, uno de los miembros de la banda, que había sido detenido el 14 de setiembre de 2015, tras un accidente en la ruta 12, donde la Gendarmería lo detuvo. Tenía pedido de captura desde el 5 de junio de ese año porque en un allanamiento en la casa de Marín secuestraron su DNI.

Tras el supuesto pago de un soborno en el juzgado, según se desprende del expediente, Da Silva fue beneficiado el 23 de diciembre de 2015 con la falta de mérito. Una semana antes, había declarado en la indagatoria que cuando se hizo el allanamiento estaba pescando con un amigo, Rubén Vera, quien también era parte de la banda narco y estaba siendo escuchado en otra causa que estaba en el juzgado de Soto Dávila. Sin embargo, el juez estableció que "sus dichos resultan creíbles".

En este caso, el juzgado no dispuso la excarcelación de Botello Da Silva, como lo hizo en otros casos, porque cargaba sobre sus espaldas con un procesamiento por transporte marihuana en el juzgado federal de Resistencia.

El caso más llamativo de las acusaciones contra el juez y sus secretarios es el que tiene como protagonista a Carlos Bareiro, alias Cachito, que junto con Marín era uno de los jefes de la banda que manejaba el contrabando de marihuana desde Paraguay.

Según la investigación de Procunar, el juzgado de Soto Dávila excarceló a Cachito Bareiro a cambio de 1.000.000 de pesos. Desde septiembre de 2011 se comenzó a investigar a Bareiro por tráfico de marihuana. Una serie de escuchas indicaban que iba a mover un cargamento. El 17 de septiembre de ese año la Gendarmería secuestró un camión en el puente que une Corrientes con Resistencia, Chaco, y detuvo a Edgardo Coria con 542 kilos de cannabis. Cachito se fugó. Estuvo prófugo tres años hasta que fue beneficiado con una exención de prisión y una imputación de "partícipe secundario" en el caso.

Un testigo de identidad reservada de la causa que sigue el Juzgado Federal porteño N°12 señaló que Bareiro "era quien manejaba todo, tenía campos, casas y trabajaba con los paraguayos, que traían mercadería en barcazas, de a 1000 kilos".

El 22 de setiembre de 2016, el propio Soto Dávila anuló el procesamiento dictado por él mismo y el beneficio de la exención de prisión que le había otorgado a Cachito. La Procunar había comenzado a poner la lupa sobre este caso. Y el 6 de septiembre de ese año lo procesó como "organizador" del transporte de marihuana.

Ocurrió que Bareiro ya estaba detenido por otra causa en la que cinco meses antes le habían secuestrado 13 kilos de marihuana en unos galpones donde tenía autos y lanchas para el contrabando de droga. El narco arrepentido en la causa declaró ante el juez Torres que "Bareiro pagó 1.500.000 de pesos a Soto Dávila por su libertad. Un allegado del juez fue a cenar a lo Bareiro para buscar la plata. [Pablo] Molina hacía las transacciones".

Otro caso de supuesto soborno es el que tiene a la esposa de Marín como protagonista. El 5 de julio de 2016 Soto Dávila pidió que Lourdes Alegre fuera indagada el 28 de julio. Un día antes de que se cumpliera ese plazo el magistrado pidió la detención de la mujer del narco.

El 28 de julio quedó detenida tras presentarse a la indagatoria en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes. Ese día, a las 15.12 horas, Federico Grau, secretario de Soto Dàvila, recibió una llamada del abogado Tomás Viglione, la única en los últimos tres años.

Giménez y Serial se presentaron como los abogados de Alegre, mientras que Viglione empezó las negociaciones con Grau. El 30 de julio Morenita Marín llamó a Serial para avisarle que "el fiscal le falló". Juan Manuel Faraone, exintendente de Empedrado, llevó a Marín a la casa de Soto Dávila el 8 de agosto. El exintendente llamó antes al juez para avisarle.

Morenita le comunicó el 9 de agosto a su mujer, que estaba presa en la Unidad Penitenciaria N°3: "¿Sabés quién es el guardaespaldas de Soto Dávila? Joselino", un gendarme que fue detenido en octubre de 2018 con su pareja, hija de Faraone.

Como se cayó la negociación de los abogados, Marín recurrió a Faraone, quien tenía trato directo con Soto Dávila.

El arrepentido declaró ante el juez Torres que el exintendente "lo llamó al juez al juzgado y le dijo: `Doctor no me meta preso… ahí me fui a pescar con Luciano [su hijo] a Paso [de la Patria], saqué un dorado y quiero convidarte".

El 12 de agosto Viglione admitió a Marín que el panorama se había "complicado". "Ahora la fiscalía trabaja con Nación y hay una carátula con tu nombre", le explicó. El caso lo tomó en ese momento la Procunar. Marín fue con otros dos abogados, pero le pidieron "mucho dinero". Barboza se reunió con Grau y le exigieron "unos 380.000" para "arreglar". Morenita no consiguió el dinero para liberar a su pareja.

"La actuación del juez Carlos Soto Dávila garantizó que la industria vinculada al narcotráfico, en especial en esa zona geográfica, no cesara su marcha delictiva", afirmó el fiscal Iglesias en su dictamen.

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