Las manos de Perón: a 34 años de la profanación, la causa sigue abierta y llegará a las pantallas

La Justicia espera respuestas de la CIA para establecer si en los archivos tienen información sobre el ataque ocurrido el 26 de junio de 1987 en el cementerio de la Chacarita; dos productoras extranjeras trabajan en sendos documentales sobre el histórico suceso

LA NACIONGustavo Carabajal

A los cuatro integrantes del grupo de contrinteligencia que durante la madrugada del 26 de junio de 1987 irrumpieron en una bóveda del cementerio de la Chacarita les llevó menos de dos horas romper el vidrio blindado de ocho centímetros de espesor que protegía el féretro con los restos de Juan Domingo Perón.

A 34 años de la profanación de la tumba de Perón, que terminó con la mutilación de las manos del general, la investigación para esclarecer uno de los misterios más importantes de la historia penal argentina sigue abierta y la atención por el caso excedió las fronteras del país: la Justicia espera que la CIA norteamericana responda si tiene información reveladora sobre el caso y dos productoras internacionales comenzaron a realizar documentales para tratar de revelar cuál fue el destino de las manos del expresidente argentino.

Después de hacer un boquete en el vidrio anti FAL -construido con diez capas de vítrea de 8 milímetros cada una unidas entre sí con polivinil butiral, un pegamento sintético utilizado para la fabricación de esos elementos de protección-, los profanadores recurrieron a una cizalla para hacer un corte con forma de cruz en la chapa que cubría el féretro modelo Imperio.

Para cortar las manos del expresidente argentino, utilizaron un instrumento quirúrgico conocido como sierra de Gigli. Comenzaba así uno de los misterios más importantes de la Historia argentina. Aunque pasaron 34 años de la profanación de la tumba de Perón, el juez de Instrucción Alberto Baños mantiene abierto el expediente con el objetivo de encontrar pruebas que permitan procesar y condenar a los autores materiales del ataque.

Si bien, a raíz de la pandemia, la investigación cayó en un letargo, tanto el magistrado como el letrado que representa a María Estela Martínez de Perón, la querellante en el caso, esperan que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos responda si en sus archivos posee información sobre la profanación.

El primer pedido fue presentado ante la embajada de los Estados Unidos en la Argentina y, además se envió una solicitud a la CIA. Ante la falta de noticias, el juez reiteró el pedido hace un año y medio. Todavía no tuvo respuestas.

La necesidad de consultar los archivos de la CIA se fundó en un correo electrónico que recibió el magistrado en el que se le indicaba que la central de inteligencia norteamericana poseía información sobre la profanación.

Baños también envió una serie de oficios a organismos del Poder Ejecutivo Nacional que cuentan con dependencias que se dedican a realizar tareas de inteligencia. En los escritos, el magistrado solicitaba que se informe si cada una de las 30 personas que figuraban en el expediente se había desempeñado en alguno de los servicios de inteligencia del Estado. Cuatro de ellos podrían haber formado parte del grupo que concretó el ataque. En 2015, el juez recibió una respuesta de la ex-SIDE: un oficio de dos páginas con datos superficiales de uno de los treinta nombres.

Antes de eso, en julio de 2008, a Baños le robaron el expediente; lo tenía en su casa porque estaba preparando un escrito para reclamarle al Estado que le contestara aquella requisitoria. El juez denunció que se había tratado de una operación de inteligencia perpetrada por un grupo comando.

¿Por qué creía se trató de una operación de inteligencia y no de un simple robo? El juez dio sus motivos. Precisó que los intrusos que habían entrado en su domicilio sólo se habían llevado un portafolio que contenía los cuerpos de la causa, su computadora portátil, su agenda electrónica y su teléfono celular.

“No fue sustraído ningún elemento de valor, tales como equipos de música, instrumentos musicales, alhajas, relojes ni dinero en efectivo, aun cuando varios de esos bienes se encontraban perfectamente a disposición de los intrusos”, detalló Baños en su nota, dirigida al presidente de la Cámara del Crimen.

Los ojos del mundo

El desinterés de los responsables políticos de las distintas áreas de seguridad del Gobierno argentino por aportar datos a la Justicia que permitan esclarecer el caso contrasta notablemente con la repercusión que despertó en el exterior el misterio de la profanación de la tumba de Perón.

Dos productoras de contenidos audiovisuales, una con sede en Miami y México DF, y la otra, alemana, comenzaron a entrevistar a los distintos protagonistas del caso para realizar documentales que serán emitidos el próximo año, cuando se cumplan 35 años de la profanación.

La repercusión internacional que tuvo el caso quedó en evidencia en septiembre de 1994, cuando LA NACION publicó la noticia del hallazgo de un juego de 12 llaves que abrían las cuatro cerraduras del marco de hierro que rodeaba el vidrio blindado y que fijaba el elemento de protección a la pared para evitar un eventual robo del cuerpo de Perón. Esa noticia fue reproducida por los medios internacionales más importantes.

Sin embargo, ninguna de las administraciones que estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo Nacional en los 34 años que pasaron desde la profanación tuvo interés en resolver el misterio.

Teorías desechadas

Desde que Baños sacó del archivo el expediente que había sido cerrado por el magistrado Carlos Andina Allende, el sumario nunca se clausuró. Durante los últimos 27 años, el juez Baños tamizó el sumario. Sumó declaraciones testimoniales que le permitieron descartar pistas.

Una de las hipótesis que fueron agotadas, por ejemplo, fue la que apuntaba a que el posible móvil de la profanación fue cortar las manos para poder acceder a cuentas codificadas en Suiza. A través de un oficio, la Confederación Helvética indicó que no existía ninguna cuenta bancaria a nombre de Perón y que, en la época que murió el expresidente no existía la tecnología que permitiera la apertura de algún cofre de seguridad mediante la lectura de las huellas digitales.

También quedó descartada la pista que apuntaba a una posible venganza contra Perón de la logia masónica italiana Propaganda Due, la mítica P2, presidida por el Gran Maestre Licio Gelli.

Todas estas teorías fueron dejadas de lado. Por este motivo, el juez Baños decidió modificar la carátula de la causa, que hasta 1994 era “Imbessi, Juan Alberto, sobre robo, extorsión y daño”. Este oscuro personaje vinculado a los servicios de inteligencia apareció nombrado en la causa a partir de una catarata de anónimos presentados en distintos organismos de seguridad.

Su declaración indagatoria estuvo plagada de matices fantasiosos. Nada de lo que dijo sirvió para esclarecer el inextricable caso. En la actualidad, la única hipótesis que sobrevive es que la profanación fue una operación de contrainteligencia con fines políticos, en el aún tumultuoso período inmediatamente posterior al restablecimiento de la democracia en el país.

En la causa figuran los nombres de los sospechosos de integrar el grupo operativo. Pero no hay pruebas físicas o fácticas que permitan demostrar su responsabilidad en el ataque. Solo la confesión de un arrepentido podría develar el misterio.

La apertura de la bóveda y el féretro, en detalle

Para violentar la cerradura de la pesada tapa, los profanadores hicieron palanca con un destornillador y un cortafierros. Las marcas en la madera astillada y los restos encontrados por los peritos al costado del féretro indicaban que los autores materiales de la profanación usaron esas herramientas. Para mantener abierta la pesada tapa, los profanadores recurrieron al crucifijo que cubría el féretro junto a la bandera, el sable, un portarretrato que contenía una carta de María Estela Martínez de Perón y la gorra de teniente general.

Todos estos detalles figuran el acta realizada el 1° de julio de 1987 por los peritos que fueron convocados por el primer juez de la causa, Jaime Far Suau, a la inspección que se concretó en la bóveda de la familia Perón en el cementerio de la Chacarita, dos días después de que Roberto García, esposo de Lía Perón, sobrina del expresidente argentino, radicara la denuncia en la comisaría 29ª de la Policía Federal.

“Se presentó Roberto García, esposo de Lía Perón, sobrina del expresidente, para avisar que habían entrado en la bóveda. A partir de los dichos de García hice un acta en la que consigné el relato que había escuchado”, explicó quien, por entonces, se desempeñaba como inspector en la Policía Federal, al recordar cómo escribió la foja 1 del histórico sumario.

García dijo que advirtió que habían violentado el féretro de Perón cuando concurrió al cementerio para acondicionar la bóveda debido que se acercaba el 1º de julio, un nuevo aniversario del fallecimiento del presidente. Trece años después del deceso del general, en aquella lluviosa y gélida jornada de 1974, el lugar aún era visitado por numerosos militantes justicialistas.

Durante un peritaje realizado en la empresa que construyó el vidrio blindado se determinó que los profanadores demoraron menos de dos horas en hacer el boquete con forma de estrella irregular, que en su parte más ancha tenía 28 centímetros. Con una masa de medio kilo y una punta rompieron la capa de vítrea. Después, aplicaron una llama sobre la película de adhesivo. Así, la maniobra se repitió hasta romper cada una de las diez placas.

Cuando los policías revisaron la bóveda hallaron restos de velas, que habrían sido utilizadas para aplicar calor sobre el pegamento, los restos de vidrio blindado y un protector de goma con la forma de un dedo. Debido a que en esa época la Policía Federal no contaba con la tecnología y los reactivos para obtener una impronta digital, los investigadores tampoco hallaron huellas en los vidrios. En tanto que la cerradura de la puerta de puerta de la bóveda nunca fue violentada.

A partir del hallazgo de restos de cristales rotos en el subsuelo de la bóveda, los detectives de la comisaría 29ª abonaron la presunción de que los profanadores irrumpieron en el recinto, luego de romper dos vidrios de forma triangular que cubrían el techo y se descolgaron con una soga.

Una vez que rompieron el vidrio blindado, hicieron el corte en forma de cruz en la chapa que cubría el féretro y abrieron la tapa, los profanadores procedieron a cortar las manos del expresidente.

La sierra de Gigli, un instrumento quirúrgico extremadamente fino, liviano y maleable, fue el elemento utilizado por los profanadores para mutilar las manos de Perón. Debido al poco espacio para accionar ese elemento, los cortes fueron desparejos, aunque certeros. La mano derecha fue cortada “en el límite superior de la muñeca, sobre el cúbito y el radio”; la otra, “por debajo del límite inferior de la muñeca, en la primera línea de los huesos del carpo”, según consta en el expediente.

La presencia de aserrín cadavérico en el uniforme militar del expresidente indicó a los peritos que los cortes se concretaron cinco días antes de la inspección, aproximadamente el 26 de junio de 1987.

Actualmente, el expediente 54.248 está caratulado como “Perón, Juan Domingo, sobre la profanación de su tumba”.

“Si bien no hay nadie imputado, después de tantos años la principal hipótesis es que los autores de la profanación formaban parte de un grupo inorgánico de inteligencia militar que estuvo a cargo de la parte operativa del ataque. Se trata de resabios de la ‘mano de obra desocupada’ de la dictadura. Mucho más difícil resultaría establecer quiénes fueron los instigadores”, indicó uno de los letrados que representa a María Estela Martínez, viuda de Perón.

Pistas falsas

Además de la irrupción del mencionado Imbessi, hubo otras maniobras para desviar la atención de los detectives. Horas después de que tomara estado público la noticia de la profanación, Vicente Leónides Saadi, exgobernador y exsenador peronista catamarqueño, recibió una carta firmada por “Hermes IAI y los 13”, en la que se exigía el pago de US$8.000.000 por el rescate de las manos del general. A Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la CGT, le llegó una misiva similar. Eran pistas falsas.

Según explicó uno de los detectives que investigó el caso, “Hermes IAI y los 13” era una frase críptica que hacía referencia a un capitán de la Inteligencia cubana que había muerto durante un enfrentamiento con una patrulla de la Gendarmería ocurrido en 1964, en el monte, cerca de Orán, Salta. Además de a Hermes, los efectivos de la Gendarmería argentina abatieron a 13 integrantes del campo de entrenamiento de Montoneros.

De esto se deduce que los responsables de plantar la pista falsa apuntaban a que se sospechara que sectores de la izquierda a los que Perón había expulsado de la Plaza de Mayo en 1973 estaban detrás del ataque; en realidad, los autores materiales de la profanación respondían a un grupo opuesto a los Montoneros.

Voces segadas

El misterio sobre el destino de las manos de Perón se agiganta si se tiene en cuenta las extrañas circunstancias que rodearon las muertes de dos testigos claves y del juez Far Suau.

Paulino Lavagna, cuidador del cementerio, falleció poco después de haber denunciado que lo querían matar. En el certificado de defunción se indicó que su muerte había sido causada por un paro cardiorrespiratorio no traumático. La autopsia ordenada por Far Suau determinó que Lavagna había sido asesinado a golpes.

Otra testigo, María del Carmen Melo, una mujer que llevaba flores a la tumba de Perón, murió de una hemorragia cerebral causada por una paliza días después de intentar hablar con uno de los investigadores para tratar de aportar la descripción de un sospechoso que había visto cerca de la bóveda.

El juez Far Suau falleció en 1988. Volcó cuando regresaba a Buenos Aires desde Bariloche. Chocó con su Ford Sierra contra el único peñasco que había en esa zona de la ruta 3, a la altura de Coronel Dorrego.

Según el periodista Claudio Negrete, coautor con el abogado Juan Carlos Iglesias del libro La profanación, sobre el que se desarrollará uno de los dos documentales que están en etapa de producción, “a casi 35 años de la profanación es inexplicable que las distintas administraciones peronistas que estuvieron a cargo del poder no hayan tenido la decisión política de averiguar quiénes profanaron el cuerpo de Perón y dónde están sus manos”.

En la actualidad los restos de Perón no están más en la bóveda familiar del cementerio de la Chacarita: fueron trasladados el 17 de octubre de 2006 a la quinta de San Vicente. Esa peregrinación, que prometía ser una fiesta de la liturgia peronista, terminó en una batalla campal entre seguidores de Hugo Moyano, máximo referente del gremio de los camioneros, y partidarios de Juan Pablo “Pata” Medina, delegado de la Uocra de La Plata.

El último viaje

Daniel Carunchio es tanatólogo y exsubdirector de la morgue en la Facultad de Medicina de la UBA. Es conocido por haber practicado tanatopraxia a los cuerpos del ex presidente Arturo Frondizi, de Amalia Lacroze de Fortabat, de Lorenzo Miguel, de María Elena Walsh, de Leonardo Favio y de la exministra de la Corte Carmen Argibay Molina, entre otras 24.000 prácticas que ha realizado en los últimos 35 años. Junto a su tío, el ya fallecido empresario fúnerario Alfredo Péculo, participó de los cuidados realizados al cuerpo de Perón cuando, el 17 de octubre de 2006, fue trasladado de la Chacarita hasta la quinta de San Vicente donde el general y Eva Perón descansaron durante dos veranos en los años 50.

Aquel histórico traslado de Perón al mausoleo erigido en San Vicente quedó marcado por la violencia. Militantes que esperaban la llegada del féretro oval a la quinta protagonizaron graves incidentes. Los cruces entre facciones sindicales incluyeron varios disparos y dejaron más de 40 heridos.

Aquella jornada resultó ajetreada para el cuerpo de Perón, al transitar largas horas por la calles porteñas y del conurbano. El traslado del féretro había comenzado a las 7. Del cementerio de la Chacarita fue llevado en una camioneta de la cochería Paraná, custodiada por la Policía Federal, a la sede de la CGT, en Azopardo al 800, donde se congregaron cientos de dirigentes gremiales y miles de trabajadores. Poco después del mediodía, el ataúd, envuelto en una gran bandera nacional y acompañado con la gorra de general y el sable de Perón, fue apoyado en una cureña y arrastrado por un jeep Gaucho con personal del Ejército. Partió de la CGT escoltado por dos escuadrones y la fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

A su paso mucha gente vivaba a Perón y arrojaba flores. Todos querían tocar el féretro. A las pocas cuadras, en Paseo Colón y Humberto I, comenzaron los sobresaltos.

“Yo iba en la cureña pegado al féretro junto con un empleado de la cochería para protegerlo y recibimos golpes por todos lados por frenar a los manifestantes, pues todos querían tocar el féretro. Incluso me fisuraron una costilla. Es más: tuve que guardar la gorra y el sable del general porque un par de vivos intentaron llevárselos”, dijo Carunchio. Fuentes castrenses confiaron a LA NACION que el sable original desapareció durante la profanación y lo que hay ahora es una réplica.

Finalizados aquellos episodios violentos, se habilitó el ingreso del cortejo a la quinta de San Vicente. El féretro fue llevado hasta el mausoleo. Habían pasado casi 12 horas con el presidente muerto en movimiento, con una temperatura ambiente que osciló entre los 18 y los 25 grados.

“Una vez terminada la ceremonia abrimos el féretro y vimos que el cuerpo no presentaba complicaciones, y realizamos algunas tareas de mantenimiento. Al año siguiente repetimos otros tratamientos de conservación”, agregó Carunchio, que recordó que el cuerpo sufrió otras dos mutilaciones: en una pierna y en un brazo. De allí se extrajeron muestras óseas por el reclamo de paternidad que había hecho Martha Holgado, quien mostró documentación ante la Justicia. Ese examen de ADN dio negativo.

Así, el cuerpo de Perón espera en San Vicente el fin de la impunidad en uno de los casos más tristes y escandalosos de la historia argentina.

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