Las cajas con los legajos de un monumental caso de corrupción llegaron a Comodoro Py para el juicio

En carros y cajas que contenían miles de fojas de papel, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y su equipo de colaboradores llevaron hoy al edificio de los tribunales de Comodoro Py el expediente que documentó el monumental caso de corrupción conocido como La Mafia de los Contenedores, la causa donde se reveló cómo contrabandistas que contaron con la colaboración de funcionarios y personal aduanero intentaron ingresar en el país, de forma ilegal, mercadería valuada en 284 millones de dólares.

Desde el edificio donde funciona el juzgado de Aguinsky, en la avenida de los Inmigrantes 1950, también en Retiro, los funcionarios judiciales llevaron las carpetas y copias del voluminoso expediente hasta la sede del Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N°2, que estará a cargo del debate donde casi 100 imputados, entre empresarios, testaferros, personas jurídicas, despachantes de aduana, contadores, personal aduanero, funcionarios y responsables de depósitos fiscales, serán juzgados por los delitos de asociación ilícita y contrabando.

“Cumplimos una etapa, la etapa de instrucción de una investigación densa, compleja y trabada. Cumplimos con la ley, con nuestro trabajo y con la sociedad. Casi 100 personas van a enfrentar un juicio. Nuestra tarea la cumplimos. Pudimos establecer la existencia de esta organización criminal”, sostuvo el juez Aguinsky en declaraciones a radio Mitre en el momento en que llegaba a Comodoro Py 2002.

Fueron casi ocho años de investigación. “Los delitos económicos, especialmente el contrabando, perjudican la actividad económica y financiera del Estado, obstaculizando el logro de los objetivos establecidos en nuestra Constitución Nacional. Este daño a la recaudación fiscal afecta la meta del artículo 4 de la Carta Magna, el cual establece que el Gobierno Federal provee los gastos de la Nación con fondos del Tesoro originados en los derechos de importación y exportación. La corrupción económica tiene efectos negativos multiplicadores en la sociedad, que se traduce en competencia desleal, distorsiones de precios y expansión de las prácticas ilegales. La mercadería ingresada al país de forma fraudulenta pronto circula en el mercado nacional, evadiendo impuestos y perjudicando las finanzas públicas en todos los niveles”, había sostenido el juez Aguinsky en el proemio de la elevación a juicio del expediente, firmado el mes pasado.

La resolución de Aguinsky, después de ser recurrida por parte de los imputados, fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña con la firma de los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens.

En 2022, los jueces Farah y Llorens ya habían sostenido que “no hay dudas de que la inmensa investigación emprendida por el magistrado instructor ha sido fructífera” y que logró comprobar “la existencia de múltiples hechos delictuosos, establecer las circunstancias que califican esos hechos e individualizar a los partícipes”.

Los exfuncionarios de la Aduana que estarán sentados en el banquillo de los acusados son Daniel Santanna, Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi, a quien en un allanamiento en su casa le secuestraron 500.000 dólares que estaban en una bolsa anaranjada de una conocida cadena de heladerías.

Durante la gestión de Echegaray al frente de la AFIP, Santanna fue subdirector general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, en tanto que Bernardi y Paolucci fueron directores de la Aduana Buenos Aires. Los tres están acusados de integrar una asociación ilícita y de contrabando.

Certeza de impunidad

“Ahora nos encontramos en las postrimerías de una larga instrucción y a las puertas de un necesario debate oral y público. Sobre la base de la reunión de importantes pruebas, su valoración crítica y el análisis de un centenar de hechos criminosos, esta investigación ha permitido desnudar la estrategia de esta compleja organización delictiva que desplegaba su accionar con ‘certeza de impunidad’”, afirmó Aguinsky.

La causa, que ahora llega a su fin, comenzó en marzo de 2016 tras una presentación de la Aduana ante la Procuraduría de Criminalidad Económicas y Lavado de Activos (Procelac).

Aguinsky había dividido el expediente en varios legajos para evitar “la formación de una megacausa que solo sirve para enredar las distintas líneas de investigación”. Sostuvo: “Analizar las operaciones de la Aduana entre 2014 y 2016 por todos los rubros juntos formaría una megacausa con un destino de fracaso, por la multiplicidad de operadores que se mezclan. Cada capítulo confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico está en condiciones de ser elevado a juicio oral. Así, nadie tiene que esperar toda la causa para ser juzgado”.

En el expediente, además de por la Procelac, el Ministerio Público está representado por la fiscal en lo penal económico María Gabriela Ruiz Morales.

La denuncia de la Procelac se había apoyado en un informe hecho por Juan José Gómez Centurión, designado como director general de Aduanas durante la presidencia de Mauricio Macri, y por una investigación del periodista Matías Longoni, que en ese momento trabajaba en Clarín.

Diferentes partes de ese expediente ya fueron elevadas a juicio oral y público. Una de ellas es la del legajo de Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, que en noviembre de 2019 fue condenado a cinco años de cárcel.

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