Lanzan un programa de formación continua en investigación de ciberdelitos
Comenzó el ciclo de clases magistrales enfocada en la investigación digital impulsado por el Ministerio Público Fiscal bonaerense y el Grupo Petersen, con acompañamiento de la embajada de Francia, empresas, universidades y ONG
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LA NACION
El Centro de Innovación Financiera “i3″ del Grupo Petersen fue escenario de la jornada inaugural del Programa de Formación Continua 2024: Ciberdelitos, Innovación Tecnológica e Investigación Digital. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (MPBA) y el Grupo Petersen, cuenta con el acompañamiento de la Embajada de Francia en la Argentina y la colaboración de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, Fortinet, Amazon, Telecom Argentina y ONG Bitcoin Argentina.
La apertura del evento estuvo a cargo del procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand; el gerente corporativo de Asuntos Legales del Grupo Petersen, Pablo Bonetto, y el teniente coronel Hugo Louis, Agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia en la Argentina.
Conte-Grand destacó que este programa representa “un avance significativo para el Ministerio Público provincial en la lucha contra los desafíos contemporáneos en ciberseguridad y tecnologías aplicadas a la Justicia, en un entorno en constante cambio en el que la formación continua se convierte en una necesidad imperante”.
Esta nueva edición es una continuidad del Programa de Formación Continua 2023, que se enfocó en la Investigación Criminal de Fraudes Bancarios y Ciberdelitos, y que se realizó en colaboración con la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la empresa Compensadora Electrónica SA (Coelsa), en lo que constituyó un diálogo valioso entre el sector público y privado.
El ciclo 2024 consta de cuatro encuentros. El primero se concretó el 17 de septiembre y los siguientes están programados para el 1 y 22 de octubre y el 12 de noviembre. Estos encuentros abordarán las tendencias más avanzadas en Ciberdelitos, Innovación Tecnológica e Investigación Digital. Conte-Grand explicó que este programa se enmarca en el Plan Estratégico del MPBA 2018-2027, que incluye la implementación de la Policía Judicial, la profesionalización continua de sus integrantes, y la adopción de un modelo de innovación pública abierta y participativa, centrada en las personas, en el contexto se destaca el Programa MPBA 2050.
A su turno, Bonetto subrayó que “la industria financiera ha experimentado una transformación significativa hacia un modelo digital en las últimas dos décadas” y esto “ha presentado nuevos desafíos en la investigación de ciberdelitos, especialmente a raíz de la masificación de procesos digitales en las operaciones bancarias”.
El gerente corporativo de Asuntos Legales del Grupo Petersen resaltó que “para quienes trabajan en el sector es crucial abordar estos temas, ya que la investigación criminal de ciberdelitos impacta de manera central en la realidad actual de la actividad financiera”. Añadió que “el incremento de la digitalidad expone a los actores a riesgos en constante evolución, lo que constituye un reto permanente tanto para las entidades financieras como para los poderes públicos encargados de investigar y perseguir penalmente a los delincuentes”.
En tanto, el teniente coronel Hugo Louis destacó la importancia de este tipo de iniciativas de capacitación que favorecen el intercambio de información y colaboración entre los países para profundizar la lucha contra la ciberdelicuencia y los delitos transnacionales.
El agregado de Seguridad Interior de la Embajada de la República Francesa en la Argentina explicó la estrategia general y protocolos que se aplican en Francia y en la Unión Europea para la persecución de este tipo de delitos, y puntualmente, se refirió al Convenio de Budapest de la Unión Europea como una herramienta fundamental que tiende a reducir los tiempos de las investigaciones de los ciberdelitos a nivel internacional.
Tras la apertura se desarrolló el primer módulo sobre Ciberinteligencia, que incluyó dos paneles centrados en “Casos de aplicación de Ciberinteligencia en la investigación”. Jorge Martín Vila, coordinador de la Diplomatura de Ciberinteligencia de la UNSO y consultor en tecnología aplicada a la investigación criminal ofreció una clase magistral sobre el uso de la dark web, nuevas herramientas de inteligencia y contrainteligencia, y la aplicación de la IA en la detección de fraudes.
El segundo panel fue liderado por Daniel Piazza, gerente de Seguridad Global en Investigaciones del Cono Sur de American Express, quien presentó un caso de fraude bancario y robo de identidad, fomentando una metodología dinámica de intercambio con los asistentes y profundizando en el concepto de ingeniería social.
Este fue el primero de los cuatro encuentros programados para el año, donde se presentarán temas como: Criptomonedas y Prevención de Lavado de Activos, Técnicas Avanzadas de Ciberdelitos e Inteligencia Artificial, Crimen Organizado Transnacional y Ciberterrorismo. La participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel en cada uno de estos campos eleva la jerarquía del programa, garantizando una formación académica de vanguardia. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de las instituciones que participan en esta iniciativa, así como a las alianzas académicas forjadas.
Cuenta con un total de 1277 inscriptos, entre ellos, cabe mencionar: Ministerio Público Fiscal bonaerense, Policía Judicial y funcionarios de la Procuración General; los bancos de Santa Fe, San Juan, Santa Cruz y de Entre Ríos, todos miembros del Grupo Petersen; magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; fiscales de los ministerios públicos fiscales de la República Argentina; integrantes de las unidades de lucha contra el ciberdelito de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales; docentes del Instituto Universitario Juan Vucetich; integrantes de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile; miembros de la Corte Suprema de Perú, y de la fiscalía general de Ecuador.
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