En Chaco: robaron 750.000 pesos y 40 relojes de un terreno

Un terreno situado en la ciudad de Resistencia, en Chaco, que pertenece a la jueza federal Zunilda Niremperger, fue blanco de una banda de ladrones que robó, según la denuncia, unos 750.000 pesos, relojes y otros elementos de valor que había en un motorhome propiedad de un peluquero conocido de la magistrada. Dos de los presuntos delincuentes fueron detenidos.

Fuentes policiales citadas por la agencia de noticias Télam informaron que la víctima llegó al lugar y comprobó que delincuentes habían ingresado en el terreno y que habían violentado su motorhome que se hallaba allí estacionado y que él utilizaba para guardar algunos elementos.

El peluquero, de 46 años, fue hasta la comisaría 8a. de Resistencia a denunciar que sustrajeron 750.000 pesos, 40 relojes, cuatro ollas de primer marca, tres cuchillos de cocina, dos garrafas y tres televisores, según informó Télam.

Fuentes al tanto del caso dijeron a LA NACION que en el botín que se llevaron los ladrones también había aros de fantasía y que los relojes sustraídos eran parte de la mercadería que comercializaba la víctima. Negaron, como trascendió en un primer momento, que entre los objetos robados había 20 abridores de vino de oro.

Ayer a la mañana personal de seguridad del shopping Sarmiento, en Resistencia, demoró a un hombre de 31 años y los agentes de la comisaría 12a. lo detuvieron.

El sospechoso tenía una mochila con ropa, dos relojes de la misma marca de los robados en el campo de la jueza y una olla eléctrica.

En tanto, minutos después fue aprehendida una joven de 29 años con seis de los relojes sustraídos en el establecimiento rural, un televisor y una garrafa. Ambos sospechosos fueron notificados de la causa por robo y encubrimiento, según Télam.

Fuentes cercanas a la jueza Niremperger dijeron a LA NACION que ella no fue víctima del robo y que si bien el terreno es de su propiedad, el motorhome de donde los delincuentes se apoderaron del dinero y de otras cosas de valor, le pertenece a un peluquero conocido de ella y a quien le presta el predio.

Carbón Blanco

La jueza Niremperger estuvo a cargo una causa icónica del narcotráfico en la Argentina. El expediente conocido como Carbón Blanco, expediente que comenzó el 8 de marzo de 2012, cuando se secuestraron cerca de Lisboa, en Portugal, 380 kilos de clorhidrato de cocaína. Cinco días más tarde, en el puerto de Buenos Aires, la Aduana decomisó otros 519 kilos de esa misma droga que estaban ocultos en un cargamento de carbón vegetal listo para ser exportado.

La tercera incautación de estupefacientes ocurrió el 11 de abril de 2012 cuando en Lisboa se descubrieron 152 kilos de cocaína, también camuflados en una carga de carbón vegetal.

En 2018, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a los integrantes de la organización criminal que fuera liderada por el abogado y empresario Carlos Salvatore con penas de 9 y 7 años de prisión por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Salvatore falleció, en mayo de 2018, cuando estaba internado en el hospital Argerich. Tenía 61 años.

En 2015, cuando estaba detenido con prisión domiciliaria de su mansión de Belgrano R, Salvatore fue investigado por un supuesto plan para matar a la jueza Niremperger.

“Me voy a ocupar de la defensa de todos. Los voy a sacar. Después la mato a ella. Yo pago este homicidio, pero ella se muere. Te amo, mi vida. No me afloje ninguno por favor. Yo cuido a los chicos”, le habría dicho Salvatore a su esposa en una comunicación intervenida por la Justicia.

Para la Justicia, Salvatore hacía referencia en la escucha a la jueza federal Niremperger. Así lo sostuvo el fiscal federal Diego Iglesias en un dictamen en el que solicitó el allanamiento donde Salvatore, de 57 años, cumple arresto domiciliario.

“Ante este cuadro de situación y teniendo en cuenta la gravedad de las amenazas vertidas por Salvatore, se impone adoptar las medidas urgentes de la instrucción tendientes a comprobar la existencia de la hipótesis más gravosa e impedir que los hechos sean llevados a consecuencias ulteriores”, había sostenido el fiscal federal Iglesias en su dictamen, en el que solicitó al juez federal Ariel Lijo el allanamiento.

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