La secta del horror. Otorgan la prisión domiciliaria con tobillera electrónica a Juan Percowicz, líder de la Escuela de Yoga
El principal acusado tiene 84 años, problemas motrices, y estaba detenido desde el 12 de agosto pasado en la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en el barrio porteño de Villa Riachuelo
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Juan Percowicz, a quien sus seguidores decían “Maestro”, volverá a ver la luz después de 18 días. Todo ese tiempo estuvo preso en la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en el barrio porteño de Villa Riachuelo, acusado de ser el líder de una presunta secta criminal que, bajo la fachada de “cursos de filosofía para buscar el bienestar y la felicidad”, usaba las instalaciones de la Escuela de Yoga de Buenos Aires para captar bajo coerción a personas a las que, además de desapoderarlas de sus bienes y alejarlas de sus afectos, las usaban como instrumento para acumular dinero y poder, a veces, instándolas a entregarse sexualmente a empresarios y políticos poderosos.
El juez federal porteño Ariel Lijo hizo lugar a un pedido de la defensa y le otorgó a Percowicz, de 84 años y con problemas de movilidad –usa alternativamente silla de ruedas y bastón para desplazarse–, la prisión domiciliaria monitoreada a través de una tobillera electrónica. Apenas concluyan los trámites pertinentes, dejará las celdas de la Alcaidía de la calle Madariaga 6976, a un puñado de cuadras del Autódromo de la Ciudad. Fijó domicilio, mientras dure el proceso, en su departamento de la calle Amenábar al 1500, en Belgrano, y no en la casa del lote 4 del country Santa Clara, de Tigre, donde fue detenido el 12 de agosto.
Hasta ahora, de ellos solo se sabe que los veinte detenidos se negaron a declarar ante el juez Lijo, que junto a los fiscales Carlos Stornelli, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, los acusa de integrar una asociación ilícita que se enriquecía sometiendo a sus “alumnos” y “alumnas” a situaciones de trata –incluida la explotación sexual y el ofrecimiento de mujeres a personas poderosas con el fin de lograr tanto ingresos como protección–, separándolos de sus afectos y desapoderándolos de sus bienes, y lavando esos activos con inversiones en el país y en el extranjero, a través de apéndices en los Estados Unidos, donde el grupo planeaba expandir y asentar sus actividades.
Todavía, la Justicia busca a, por lo menos seis prófugos, acusados de integrar diversos niveles de la organización. Los seis sospechosos tienen pedidos captura internacional solicitados a través de Interpol.
Según pudo saber LA NACION, la primera semana estuvieron separados entre sí, y recibieron la visita de una abogada del estudio de Federico Bossi, el letrado que los acompañó en las indagatorias del lunes 15 de este mes y que hace días renunció a la representación legal del grupo alegando “motivos personales”. Días antes, Pablo Salum, que cuando era niño entró a la EYBA con su madre y sus dos hermanos mayores, y que logró escapar de allí cuando tenía 14 años, luego de ver y experimentar lo que él mismo definió como “situaciones horrorosas”, confrontó con Bossi: afirmó que la madre del letrado había sido la arquitecta legal del grupo y dijo que, incluso, lo conocía desde la adolescencia y habían jugado junto al cuarto oscuro en su casa.
En todo ese tiempo los acusados se mantuvieron en silencio –no hicieron manifestaciones ni proclamas– y no se contactaron entre sí. Tampoco pidieron asistencia médica o psicológica, algo habitual en casos de personas mayores adultas (como las de este caso, en las que algunos son de edad avanzada, como el líder del grupo, Percowicz) que sufren de estrés por el encierro o necesitan proseguir tratamientos clínicos.
Un investigador del caso sostuvo que todos parecen como “preparados para resistir” este trance, como si se hubieran alistado para soportar la posibilidad del encierro y no quebrarse ni confesar. “Pienso que ya tenían un libreto que les imponía que se tenían que callar. Ni siquiera pidieron médico. En uno de los lugares allanados se secuestró una anotación en la que referían que los miembros de la secta tenían su mente en un estado superior y eran capaces de soportar torturas y dolores”, dijo a LA NACION ese colaborador de la Justicia.
En 1993, el entonces juez Mariano Bergés encarceló a prácticamente los mismos sospechosos por actividades virtualmente idénticas (aunque bajo otros cargos, como reducción a la servidumbre y corrupción de mayores, ya que en ese momento aún no se había aprobado la actual ley de trata de personas), mientras grupos de seguidores de Percowicz organizaron a diario manifestaciones frente a los Tribunales de Talcahuano. “Parecían macumbas”, recordó recientemente el propio Bergés.
De la misma época, también data una “lista negra” que había confeccionado la organización. “Muerte y destrucción a nuestros enemigos”, expresaba el encabezado de ese listado que incluía los nombres de jueces y fiscales vinculados a la investigación, los de familiares de “alumnos” de la Escuela de Yoga de Buenos Aires que los habían denunciado e, incluso, el de la diva de la TV Mirtha Legrand, que había invitado a uno de sus almuerzos a una periodista que se había “infiltrado” en la organización y escribió un libro en el que reveló la protección política que Percowicz y sus inmediatos colaboradores habían obtenido de figuras del menemismo, del arco de las organizaciones de derechos humanos e, incluso, de congresistas norteamericanos de los tiempos de la presidencia de Bill Clinton.
En ámbito local la red de protección de la secta incluyó al menos cuatro ministros de la administración de Carlos Menem. Uno de esos ministros firmó una resolución en el que “se declara de inteés nacional la conferencia que dictará el Dr. Juan Percowicz, Maestro Fundador de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, sobre el tema: ‘La Filosofía Occidental, como alternativa frente a las lacras de la droga, el SIDA y la violencia’, a realizarse el 5 de junio de 1992, en la ciudad de Buenos Aires”.
Pasaron 29 años de los primeros allanamientos contra las distintas sedes de la secta Escuela de Yoga de Buenos Aires, pero los investigadores policiales y judiciales, destacaron que la organización ofrecía aún tratamientos contra el SIDA y las adicciones, a través de curas de sueño. Igual que en 1992 y con los mismos involucrados.
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