La sala de la Cámara marplatense que liberó al motochorro es “la preferida” de los defensores de delincuentes, dicen fiscales y abogados

MAR DEL PLATA. “De las tres es la preferida de las defensas”, se apuran a definir fuentes del Ministerio Público Fiscal y abogados penalistas cuando se consulta sobre el perfil de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de esta ciudad, que el año pasado le concedió a Alejandro Miguel Ochoa -con condena por robo agravado hasta 2024, libre desde abril último y ahora acusado de asesinar en la localidad de Ramos Mejía a una psicóloga social mediante modalidad “motochorro”- un régimen de prisión domiciliaria que antes le había denegado el juez de Ejecución Penal N°1 de esta ciudad, Ricardo Perdichizzi, a cargo de la supervisión de su sentencia.

Así como a Perdichizzi se lo reconoce como el juez de Ejecución Penal más exigente con los condenados y sus reclamos, en el Departamento Judicial Mar del Plata se señala a la Sala I de la Cámara Penal como la más “predispuesta” a conceder beneficios y morigeraciones de penas. “En este caso se da que, a número más alto, más duros son”, aseguraron a LA NACION en cuanto a las exigencias mayores que impondrían la Sala II, integrada por Walter Dominella y Adrián Angulo, y la Sala III, que preside Pablo Pogetto y tiene en la vicepresidencia a Raúl Paolini.

En el Departamento Judicial Mar del Plata, según datos que pudo recabar LA NACION, desde la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), decretado el 20 de marzo de 2020, se concedieron unas 160 prisiones domiciliarias o morigeraciones de pena a personas que estaban detenidas, con o sin condena firme.

Los jueces Marcelo Riquert y Esteban Viñas, que están al frente de aquel tribunal, difundieron hoy una aclaración con la que dejaron constancia de que el 20 de febrero de 2020 habían rechazado el beneficio solicitado para este condenado, y precisaron que recién poco más de dos meses después le concedieron el régimen morigeratorio que “se mantendrá durante el período de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional”.

En el documento que se hizo público este mediodía en los Tribunales explicaron: “Se tuvo en cuenta el informe de salud (paciente con EPOC –grupo de riesgo frente al COVID-19- y complicación urológica con necesidad de intervención quirúrgica hasta entonces no practicada) y el informe de la autoridad penitenciaria, cuyo departamento técnico-criminológico estimó la conveniencia de que el interno Ochoa (con concepto bueno y conducta ejemplar 10) acceda al régimen de prisión domiciliaria”.

Un asalto casi calcado

Ochoa tenía antecedentes delictivos recientes en Mar del Plata. Su última condena, a ocho años y cuatro meses de cárcel, fue por robo agravado por lesiones leves –en mismo modo en que actuó en Ramos Mejía– que tuvieron por víctimas a dos mujeres, en la zona de Cabo Corrientes. A una de ellas le provocó fracturas en un brazo, que le quedó trabado entre el piñón y la cadena de la moto en la que el delincuente actuaba y pretendía huir. “¡Soltá la cartera, hija de puta!”, le gritaba a la joven, según consta en el expediente judicial.

La resolución que concede el beneficio de prisión domiciliaria a Ochoa lleva la firma digital de Riquert con fecha 29 de abril último. Cita allí como fundamentos la problemática carcelaria, con sus condiciones de superpoblación y hacinamiento, las resoluciones de Gobierno en contexto de pandemia y la situación de salud del condenado, del que describe que “padece de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) complementado, a su vez con problemas de próstata, infección en los genitales, entre otras, que derivó en la prescripción de una intervención quirúrgica que hasta el día de hoy no se practicó”.

A favor del planteo de la defensa también reconoce una conducta ejemplar del detenido desde su ingreso a la UP XV de Batán. Se destacó su desempeño laboral en la química del penal, mantenimiento del sector de visitas, cocina y maestranza; también promoción de primer y segundo año de secundario, concurrencia a talleres de yoga y teatro, su rol de coordinador de alcohólicos anónimos e instructor de ajedrez. Y le fijó como domicilio de cumplimiento de pena una casa en Castelar que donde viven la madre, un hermano discapacitado y un hijo del propio Ochoa.

Perdichizzi le había denegado ese beneficio una semana antes, el 22 de abril, al considerar que Ochoa no reunía los requisitos para la morigeración.

Finalmente, tras un nuevo hecho del que el delincuente participó en Morón, el 2 de octubre, se libró una orden de captura desde esa jurisdicción y el 8 hizo lo propio el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata. La detención se concretó demasiado tarde, tras el nuevo robo protagonizado por Ochoa, que tuvo como saldo el homicidio de la psicóloga social María Rosa Daglio.

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