La ruta de la efedrina. Sobreseen a exfuncionarios por el tráfico de 41 toneladas de la sustancia clave para producir metanfetaminas

Quince años después de que el triple crimen de General Rodríguez dejara al descubierto la “ruta de la efedrina”, que aludía al descomunal negocio ilegal detrás de ese precursor químico de uso medicinal que era desviado para la producción de drogas sintéticas, fueron sobreseídos todos los funcionarios de la Secretaría Antidrogas oportunamente imputados por el ingreso de casi 41 toneladas de esa sustancia que terminaron en manos de carteles mexicanos dedicados a la elaboración de metanfetaminas.

Por cuestiones procedimentales, antes incluso de que comience el juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°8 porteño hizo lugar a un dictamen de la Fiscalía y libró de culpa y cargo al exjefe de la Sedronar José Ramón Granero; a Julio De Orue, exjefe del Registro Nacional de Precursores Químicos; a Gabriel Abboud, exdirector de Planificación y Control del Tráfico Ilícito de Drogas y Precursores Químicos y luego subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico; a Miguel Ángel Zacarías, secretario privado de Granero, y a su hermano Máximo Rito Zacarías, empleado del PAMI, según informó esta tarde el periodista Agustín Ceruse, director de Encripdata, sitio especializado en investigación del crimen organizado.

En la etapa de instrucción, la causa estuvo a cargo de la jueza federal María Servini, que descubrió que en los días previos y posteriores a la entrada de los contenedores de efedrina al aeropuerto internacional de Ezeiza, algunos empresarios y funcionarios de la Sedronar cruzaban llamados. Empresas como Prefarm y Farmacéuticos Argentinos (FASA), y nombres como los de Alfredo Abraham, Guillermo Manfredi, Salvador Alberto López Martucci y Josué Fuks. Excepto este último –que está prófugo, presumiblemente en Israel–, el resto fue condenado a penas de entre cuatro años y medio y once años de prisión por el desvío de más de 17 toneladas de efedrina que habían conseguido importar con permisos de la Sedronar. Entre sus intermediarios con los carteles mexicanos figuró Ibar Esteban Pérez Corradi.

“De los 47.625 kilos de efedrina importados entre 2004 y 2008, 40.972 kilos fueron desviados a manos de condenados, procesados o denunciados por narcotráfico”, resaltó la jueza Servini en 2014 cuando procesó a Granero y los demás.

Sin embargo, una serie de fallos en otras causas prefiguraron el derrumbe de la que había instruido Servini y que estaba previsto que se dirimiera en un juicio oral. De hecho, los invocó el fiscal Marcelo Colombo en la audiencia preliminar a la realización del juicio, en la que, en consonancia con lo que dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal, postuló el sobreseimiento de todos los acusados por la aparición de “circunstancias novedosas”.

Uno de esos fallos lo firmó el TOF N°4 de San Martín el 23 de agosto pasado, cuando absolvió por el beneficio de la duda a los empresarios farmacéuticos Carlos Edelmiro González, Marcelo Lisanti y Marcial Crespi, que estaban acusados de ser parte de la secuencia de desvío de efedrina, una parte de la cual llegó a un laboratorio de metanfetaminas instalado por el narco mexicano Juan Jesús Martínez Espinosa en una casaquinta de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz. El fiscal federal Carlos Cearras consideró que no podía darse por probado que los tres empresario sabían que las importantes cantidades de precursor químico que habían vendido serían usadas para producir drogas sintéticas. El beneficio de la duda los absolvió.

En marzo de 2022, como publicó Encripdata, el juzgado federal porteño N°12 sobreseyó a otros empresarios farmacéuticos y a un exfuncionario del Registro Nacional de Precursores Químicos.

El fiscal Colombo, entonces, consideró que los exfuncionarios, que estaban acusados de ser partícipes necesarios de “la introducción al país de materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de uso”, no podían ser condenados en tanto no lo hubieran sido, también, los autores materiales del hecho.

Los jueces María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli coincidieron con el fiscal Colombo, aun cuando, en rigor, sí había personas condenadas por el tráfico de efedrina. En cuatro años, desde 2004, ingresaron en el país 41.000 kilos de ese precursor químico, cuando antes de eso, el mercado farmacéutico nacional apenas requería de poco más de 150 kilos de efedrina para la confección de medicamentos autorizados. Y la Sedronar autorizó las importaciones, que representaban un aumento exponencial e inexplicable, incluso cuando la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) alertaba sobre el creciente contrabando de efedrina desde la Argentina hacia México, insumo esencial para la producción de la metanfetamina que inundaba los Estados Unidos.

Ese negocio millonario se derrumbó el 7 de agosto de 2008, cuando los cadáveres de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina aparecieron en un descampado de General Rodríguez. Se sabe que los mataron por haberse metido en el negocio de otro en la provisión de efedrina para los carteles mexicanos. Hay cuatro condenados por ese crimen (los hermanos Lanatta y los Schillaci). Lo que no se sabe, aún, es quién los mandó a matar.

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