La Razón de Vivir: cómo explotaban a las víctimas, cómo las aislaban de sus familias y qué castigos les imponían

Cuando era adolescente, A. comenzó a consumir distintos tipos de drogas. Se convirtió en un adicto. Su madre decidió pedir ayuda. Por medio de Facebook se contactó con el centro de recuperación terapéutica La Razón de Vivir. Le dijeron que por un costo de 30.000 pesos mensuales, su hijo podía comenzar el tratamiento. Lo hizo en la denominada Quinta 2, en Florencio Varela. Pero, pronto, todo se convirtió en una pesadilla: lo hicieron realizar trabajos de albañilería de sol a sombra, sin pagarle un solo peso como retribución; le prohibieron comunicarse con su familia por un tiempo; fue insultado en varias oportunidades y lo obligaron a hacer guardias nocturnas para vigilar que otros internos no se escaparan.

Para muchos de los jóvenes que eran llevados por sus familias a las quintas, con la esperanza de que allí encontrarían su rehabilitación, la situación era una pesadilla. Para algunos, incluso, un riesgo de vida. Entre las denuncias figura el caso de un paciente diabético al que recientemente habían debido amputarle una pierna, al que sus propios compañeros debían cuidar y asistir, sin tener conocimiento médico específico para hacerlo. También se citó el caso de un paciente con sida al que le negaron el acceso a los medicamentos contra el VIH bajo el argumento de no necesitaba un médico sino tener “fuerza”.

Así surge del dictamen donde el fiscal de Berazategui, Daniel Ichazo solicitó la detención de Marcelo Medina, más conocido como Teto, y de otros 16 sospechosos de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer diferentes delitos donde las víctimas eran jóvenes adictos que querían recuperarse.

La explotación laboral de A. comenzó cuando Néstor Zelaya, señalado como líder de la organización bajo sospecha, se enteró de que era albañil.

“Zelaya comenzó a indicarle a A. que trabaje construyendo distintas obras. Lo primero que hizo fue terminar cuatro habitaciones: se encargó del revoque, el contrapiso, la carpeta y las aberturas. Tenía la ayuda de otros internos de la quinta. La jornada comenzaba a la mañana y termina a las 19. Luego construyó una oficina completa. Nunca le pagaron por su trabajo, le decían que todo era parte del tratamiento”, según pudieron reconstruir los investigadores.

Zelaya mandó a A. y a otros dos pacientes a Villa María, Córdoba, para que se hicieran cargo de la construcción de un centro de rehabilitación.

Apenas llegaron a Córdoba, Néstor Zelaya le dijo que debía construir desde “los cimientos” un quincho de 14 por 8 metros. Le puso como plazo de obra dos semanas. Para las víctimas, según su experiencia, era imposible hacer el trabajo en 15 días. Además, les prohibieron comunicarse con sus familiares.

“Para simular y hacerle creer a los familiares que los pacientes estaban bien, Zelaya designó a una persona, a la que las víctimas conocieron como Nico, para que les sacara fotos y las subiera a un grupo de WhatsApp. Era una simulación. Las familias de A. y de los dos otros jóvenes nunca se enteraron de que eran explotados”, dijeron fuentes judiciales.

La pesadilla para A. terminó cuando logró escaparse y su madre le compró un pasaje en ómnibus para que volviera a Buenos Aires. Contó con la ayuda de un sacerdote, conocido como Quique.

No fue el único. R. tuvo que hacerse cargo de “construir desde los cimientos los sectores de baño, panadería y cocina” de la Quinta 1, situada en el barrio Santa Sofía de Florencio Varela. Otro denunciante mencionó que al menos en dos establecimientos los obligaban a elaborar pizzas y pizzetas de manera “profesional”, y luego salir a conseguir clientes para que las compraran.

Castigos y vigilancia

La organización había establecido un protocolo de presiones para evitar que los pacientes “abandonaran” el “tratamiento”. Al menos dos de los acusados asumieron alternativamente el papel de fiscal o defensora oficial bonaerense y les decían a las víctimas que podía conseguirles una probation en procesos en su contra (que eran falsos) si se sometían al control y a los designios de los líderes de la organización. En las denuncias también consta

En su declaración testimonial, A. relató un sistema de castigos que había en La Razón de Vivir. En ocasiones lo insultaban y lo obligaban a hacer guardia toda la noche, sin dormir, para controlar que sus compañeros no se escaparan de la quinta de rehabilitación.

“Todas las tareas diarias debían hacerlas los pacientes. No había ningún tipo de tratamiento contra las adicciones con psicólogos o terapeutas. Solo se trabajaba para servir a los directores o coordinadores. También los hacían mendigar en las iglesias”, según la declaración de A. incorporada al expediente judicial.

Aunque sus familias pagaban la cuota mensual, los jóvenes en rehabilitación no recibían ninguna contraprestación. De hecho, según denunciaron, “debían autogestionarse todos los servicios e insumos, como mendigar leña para calefaccionarse y cocinar, fabricar muebles para su propio uso y mendigar dinero y ayuda económica en la vía pública”, además de “reparar y mantener las instalaciones sin un pago a cambio y por fuera de las habilidades técnicas e idoneidad necesarias para ello”.

Dijeron que ellos debían cocinarse “los escasos alimentos de baja calidad que les daban”, y al mismo tiempo debían cocinarles los alimentos “de buena calidad” a los miembros de la organización, comidas que ellos tenían prohibido comer.

Afirmaron que en ocasiones eran obligados a dormir a la intemperie y al acecho de roedores, y que los privaban de atención médica básica y de los medicamentos que tenían prescriptos. En definitiva, sostuvieron que los organizadores los sometieron “a su dominio absoluto de forma física y psicológica”, para lo cual se aplicaba “un sistema de castigos si se resistían”, que consistía en:

• Prohibición de contacto y comunicación con la familia
• Prohibición de dormir, privación de alimentos y/o bebidas y/o suspensión de los pocos momentos libres
• Manipulación psicológica y simbólica consistente en generar temor de recaer en la adicción si escapaban, para lograr una dependencia hacia los líderes de la organización y sus falsas promesas.
• Aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad económica, social y de adicción.
• Ejercicio de violencia psicológica con insultos, humillaciones y careos públicos y violencia simbólica en los discursos a escala comunitaria, para anular el consentimiento de las víctimas y fortalecer la dependencia.
• Golpes a las víctimas que expresaban un pensamiento contrario al discurso de los directores
• Suministro forzoso y secreto de drogas y medicamentos sin prescripción, mezclados en las bebidas, para inducir de forma farmacológica su sumisión.

Sin habilitación

“Este lugar [La Razón de Vivir] no tiene ningún tipo de habilitación. Las comunidades terapéuticas necesitan una habilitación de las áreas de fiscalización de salud de cada provincia. Me parece que está bien tomar esta oportunidad para hablar de la complejidad de la temática y de la seriedad que requieren cuando uno habla de estos temas, más allá de que la persona sea conocida”, sostuvo la Gabriela Torres, a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).

Tras los allanamientos en las distintas “quintas” de La Razón de Vivir, la Sedronar comenzó una evaluación de todos los pacientes, que serán derivados a centros de recuperación.

“Las derivaciones se harán según un proceso, una evaluación psicológica y el lugar de residencia. Desde esta mañana hay un equipo de nuestra Secretaría trabajando en el lugar junto a la provincia de Buenos Aires”, explicó Torres.

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