La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un habeas corpus contra la resolución que prohíbe los centros de estudiantes en las cárceles federales

Continúan las repercusiones luego de que la ministra Patricia Bullrich decidiera prohibir el funcionamiento de los centros de estudiantes en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Ahora, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un hábeas corpus contra aquella resolución bajo el argumento de que “agrava las condiciones de detención” de las personas privadas de su libertad en cárceles federales. Además, pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la medida del Gobierno.

La resolución 372/2025, firmada por la ministra de Seguridad y publicada en el Boletín Oficial este martes, argumenta que los estudiantes ocupan la jornada en tareas relacionadas con el centro estudiantil y que permanecen allí incluso fuera del horario en el que deben cursar las materias.

Esto, según se afirma en la resolución ministerial, les “impide hacer actividades destinadas a la reinserción social, como trabajar o realizar tareas de mantenimiento de los espacios propios y comunes obligatorios para todos los internos”.

El martes, la comisión de universitarios de Ezeiza, que integra el programa UBA XXII, publicó un comunicado para expresar su repudio a la medida. Y este miércoles, la PPN informó en su página web y también a través de la red social X que, en respuesta a la resolución del Gobierno, decidió presentar un habeas corpus.

“La PPN presentó un hábeas corpus con relación a la resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad que prohíbe los centros de estudiantes y restringe el acceso a la educación en cárceles federales”.

“La norma publicada prohíbe centros de estudiantes en el SPF, Servicio Penitenciario Federal, e impide permanecer en espacios educativos fuera del horario de clases. La medida afecta a personas privadas de la libertad universitarias en 28 unidades penitenciarias federales”, se agrega en el comunicado.

Además, se afirma en el comunicado que la resolución empeora las condiciones de detención y limita el derecho a la educación, de acuerdo con la Constitución Nacional y otras leyes.

“La Procuración Penitenciaria denunció que la resolución agrava ilegítimamente las condiciones de detención de estudiantes universitarios privados de la libertad, violando leyes (24.521,26.206,26.877) y DDHH (CN arts.14, 75.22), restringiendo su derecho a la educación”.

Por último se le pide a la Justicia federal que intervenga para dejar sin efecto la medida dictada por el ministerio de seguridad: “La PPN pide a la Justicia Federal de CABA declarar inconstitucional la resolución y garantizar el derecho a la educación y organización estudiantil. Prohibir estos espacios no solo limita el estudio, sino también la reinserción. La educación en contextos de encierro es un derecho, no un privilegio”.

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