La polémica por las Taser volvió tras el disparo a Chano Charpentier

El cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier lucha por su vida en el sanatorio Otamendi. Un disparo efectuado a corta distancia dañó varios órganos del músico, que anoche fue baleado en su casa, en un barrio cerrado ubicado en Capilla del Señor, cuando amenazó con un cuchillo a un policía durante, presuntamente, un brote psicótico. Ese incidente abrió nuevamente el debate sobre las pistolas de descarga eléctrica Taser, cuyo potencial uso divide hace años a especialistas en seguridad pública del oficialismo y la oposición.

“El policía actuó correctamente. Se podría haber evitado si tuviésemos armas no letales. No tenemos las pistolas Taser porque la Policía de la provincia de Buenos Aires recién empezó a realizar entrenamientos con sus armas. Un policía tiene que saber cómo, cuándo y, fundamentalmente, donde portar el arma”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, quien respaldó al efectivo que disparo contra el cantante.

En el Ministerio de Seguridad de la Nación, en cambio, aseguraron que una reducida cantidad de pistolas Taser que habían sido incorporadas a modo de prueba por la gestión anterior solo serán utilizadas por las unidades de operaciones especiales de las fuerzas federales. Y agregaron que esas armas “pueden causar severas lesiones, incluso la muerte”.

“¿Dónde están las Taser que compramos? Lo vengo diciendo hace años: la policía sólo tiene un arma de fuego para enfrentar a un agresor con un cuchillo. Con la Taser se neutraliza y el policía se defiende. Así, Chano no estaría gravemente herido. El garantismo trucho, asesina”, señaló la exministra Patricia Bullrich, en su cuenta en Twitter.

Este mes se conoció que el Gobierno desplazó al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Ramiro Urristi. Trascendió que uno de los motivos fue el permiso firmado por ese funcionario para la compra de 60 pistolas Taser por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad. Esa habilitación fue aprobada en mayo pasado.

“Siendo un arma no letal tan utilizada por fuerzas de seguridad en decenas de países democráticos, solo se puede decir que los responsables de políticas de seguridad que las rechazan por falsos debates ideológicos son los responsables de decenas de situaciones que pudiesen haber sido resultas por un policía con esa arma”, comentó a LA NACION Eugenio Burzaco, exsecretario de Seguridad.

El debate político alrededor de esas armas continúa. Y los casos se repiten. En dos años se registraron en la ciudad cuatro impactantes episodios en los que podría haberse utilizado una pistola de descarga eléctrica para neutralizar el agresor. En tres ocasiones, los policías apelaron a sus armas de fuego y dos de los atacantes y un agente murieron en esas circunstancias, mientras que en la restante situación un uniformado empleó una patada para desarmar al hombre que portaba un cuchillo. Esa técnica de artes marciales también provocó la muerte de esa persona, que golpeó su cabeza contra el pavimento.

El caso más conocido ocurrió el 28 de septiembre del año pasado frente al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) donde el inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán intentó junto a otros agentes disuadir a Mauricio Rozas, un hombre con trastornos psiquiátricos que amenazaba con un cuchillo a los peatones. El agresor atacó al policía y este lo abatió a balazos mientras recibía un mortal puntazo.

Por entonces también se generó una polémica sobre la necesidad de dotar a las fuerzas policiales de herramientas que permitiesen el control de una situación similar sin exponer la vida de los agentes y del agresor.

La escena se repitió en noviembre del año pasado, cuando un hombre intentó matar a dos profesoras en un instituto de danzas ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Fue rodeado por policías en el momento en que usaba como escudo a una de sus víctimas. Uno de los agentes aprovechó un descuido y apuntó al glúteo de Sebastián Damián Villarreal, que fue herido y cuyo caso fue elevado este mes a juicio oral por intento de femicidio.

Las otras dos situaciones similares a la generada por Chano Charpentier sucedieron en 2019. Uno de los hechos ocurrió el 20 de agosto, en Carlos Calvo al 2600, donde Jorge Gómez interrumpía el tránsito armado con un cuchillo. Un oficial de la Policía de la Ciudad tomó el riesgo de enfrentar el cuchillo y pegó una certera en el pecho del hombre, pero ese impacto provocó la caída de este y el mortal golpe de la cabeza contra el suelo. El agente está imputado por homicidio preterintencional.

Pocos días después, tres policías mataron en Villa Crespo con ocho balazos a Claudio Romano, un remisero que apuñaló en un brazo al conductor de un patrullero y se enfrentó con los agentes que lo rodearon. En ese caso también se renovó el debate sobre las pistolas Taser. Una polémica que reaparece cada vez que un disparo de 9mm interpela a la sociedad sobre la forma de enfrentar estas situaciones.

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