La pandemia demoró la fecha de ejecución del único argentino condenado a muerte

CÓRDOBA. Por la pandemia, el estado de Texas suspendió durante cinco meses las ejecuciones, pero ya las reanudó. En ese limbo quedó el cordobés Víctor Saldaño, el único argentino condenado a la pena capital en los Estados Unidos, que lleva 25 años en el “corredor de la muerte”. En una semana o diez días el Gobierno argentino fijará posición respecto del caso. Esa postura podría ayudar al trámite ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) –que declaró nula la sentencia que pesa sobre el cordobés de 48 años- pero no en la Justicia estadounidense, donde ya se agotaron las instancias en este caso, en el que, para las autoridades norteamericanas, solo queda fijar fecha para la aplicación de la inyección letal.

El año pasado, por las restricciones destinadas a limitar la explosión de casos de Covid-19, se redujeron aún más las escasísimas visitas que Saldaño recibía en la cárcel de máxima seguridad Allan Polunsky, en West Livingston, Texas. Su madre, Lidia Guerrero, no pudo viajar como otros años; lo ve algún representante del consulado argentino y uno de la iglesia evangélica.

Según dicen los pastores evangélicos que lo vieron, Saldaño está “desarticulado, con su discurso cortado”. Su salud mental es muy débil desde hace años y va empeorando con el paso del tiempo. De hecho, ese es uno de los argumentos que usó la CIDH en su primera resolución, de 2016, en la que recomendó la conmutación de la pena “como la única solución posible, dada la declinación de su salud mental por tantos años en aislamiento”. En ese pronunciamiento -“vinculante” para los Estados Unidos- se destaca que las condenas a muerte del argentino corresponden a dos procesos nulos.

Ayer, el canciller Felipe Solá recibió a Juan Carlos Vega, abogado de Saldaño ante la CIDH. La reunión duró 95 minutos. Las partes acordaron que la respuesta con la posición de la Argentina llegará dentro de una semana o diez días. Solá escuchó una síntesis del caso Saldaño, dos veces condenado a muerte en los Estados Unidos por un crimen que cometió en 1995 (la primera sentencia fue anulada por la Suprema Corte norteamericana por haber estado viciada de racismo y la segunda quedó en pie).

En 2019 la Suprema Corte rechazó la revisión del caso. El abogado Jonathan Miller, quien representa al cordobés ante los tribunales estadounidenses. La respuesta a un pedido de clemencia es la última chance. Es muy difícil que el gobernador de Texas la acepte.

“Nunca denunciamos la pena de muerte, sino la discriminación racial; los vicios de racismo desaparecieron en el segundo juicio, pero juzgaron a un loco, que ya no estaba en condiciones de defenderse –dijo Vega a LA NACION-. Con la CIDH llevamos seis audiencias que coincidieron con la ‘era Trump’, y siempre los Estados Unidos se negaron a cumplir las resoluciones”.

Vega entiende que ahora se abre una “oportunidad” para que el Gobierno argentino “respalde” los planteos que vienen realizando. Definió la actuación institucional en los últimos años como “zigzagueante”. Rescató la actuación de algunos funcionarios –afirmó haberlo hecho antes Solá- y señaló que el “anterior canciller fue perjudicial”. Sin nombrarlo, aludió a Jorge Faurie.

La maquinaria de la muerte, otra vez en marcha

En julio pasado Texas reanudó las ejecuciones con un hombre condenado por el asesinato de un anciano durante un robo en 1993. Con el caso de Billy Joe Wardlow, de 45 años, terminó el paréntesis de varios meses de suspensión por la crisis del coronavirus.

“La lucha que llevamos adelante vale para otros, no solo para Saldaño”, apuntó Vega, quien cree que es posible que antes de que termine todo el proceso en la CIDH el cordobés tenga fecha de ejecución. En 2019 Saldaño le dijo a su madre que lo ejecutarían en noviembre de ese año, que se lo habían indicado sus abogados. Hasta ese momento la Corte Suprema norteamericana aún no había rechazado revisar el caso.

Cuando la Justicia ponga fecha a la ejecución -lo habitual es que la fije 90 días antes-, el prisionero será notificado. Una semana antes se lo trasladará a un complejo en Huntsville, donde se ejecutan las penas capitales del Estado de Texas. Saldaño no puede hablar por teléfono con su familia (ningún detenido lo puede hacer); las comunicaciones son por correo postal o j-pay (un servicio que traduce el correo electrónico a un formulario de carta para el preso). Por eso el aislamiento emocional también se profundiza.

El 25 de noviembre de 1995, Saldaño -que tenía 23 años- y el mexicano Jorge Chávez, asaltaron a Paul Ray King, un vendedor de computadoras de 46 años, en el estacionamiento del Sack-N-Save Market, un supermercado de la localidad de Plano, al norte de Dallas; tras robarle 50 dólares, lo llevaron cautivo hasta Tickey Creek, en la zona del Lago Levon, donde lo asesinaron de un tiro. Cuando lo detuvieron, él tenía el arma homicida y el reloj de la víctima. Su compañero confesó y evitó la pena capital. El cordobés fue sentenciado en un primer juicio, en 1996 (desde el 12 de septiembre de ese año, designado como preso 999.203, está en el corredor de la muerte), pero ese fallo fue anulado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, por estar viciado de racismo; el máximo tribunal de Justicia norteamericano ordenó la realización de un nuevo juicio. En ese segundo proceso, también lo condenaron a recibir la inyección letal.

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