La Pampa. Un fiscal dictaminó a favor del uso del cannabis con fines medicinales

El fiscal federal de Santa Rosa Leonel Gómez Barbella solicitó que se desestime una denuncia por apología e instigación a cometer delitos, asociación ilícita y abuso de autoridad presentada por Juan Carlos Tierno, exintendente de la capital de La Pampa y exministro de Seguridad provincial, contra un proyecto de ordenanza de cannabis medicinal realizado por el Concejo Deliberante de esa ciudad. El representante del Ministerio Público sostuvo que el uso de productos medicinales derivados del cannabis "tiende a mejorar la salud pública de la sociedad y no puede ser castigado penalmente" y que debe primar "una mirada sanitarista frente al punitivismo de la ley de estupefacientes".

Según informó el Ministerio Público en su portal fiscales.gob.ar, "el proyecto en cuestión establece un marco regulatorio para la registración de personas usuarias de cannabis con fines medicinales, otorga al intendente las facultades para celebrar convenios con organismos e instituciones vinculadas a la temática y crea un Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal de carácter interdisciplinario, conformado por usuarios y familiares, profesionales, miembros del Poder Legislativo y Ejecutivo, universidades y ONG con el fin de brindar transparencia y garantizar el derecho de acceso a la salud".

Tierno, que tuvo un tumultuoso y breve paso como intendente electo de Santa Rosa entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, cuando el Legislativo pampeano aprobó la intervención del gobierno comunal por "subversión del régimen municipal" y lo desalojó del puesto -hecho que endilgó a "grupos fascistoides ligados al narcotráfico"-, sostuvo en su denuncia que la iniciativa cuestionada iba en contra de la ley de drogas vigente porque permitiría la plantación de marihuana "a nivel domiciliario y/o particular, como así también municipal".

En cambio, el fiscal consideró que la ley 23.737 "castiga las conductas relacionadas al tráfico y comercialización de drogas con el fin de proteger a la sociedad del acceso a sustancias que crean adicción y perjudican la salud de la comunidad" y que, por el contrario, eso no sería un efecto de la ordenanza propuesta, pues "el uso de productos medicinales derivados del cannabis tiende a mejorar la salud pública de la sociedad -es decir, del bien jurídico protegido- y no puede ser castigado penalmente".

Legislación comparada

Según informó el Ministerio Público, el Gómez Barbella sostuvo la necesidad de "priorizar, claramente, una mirada sanitarista frente al punitivismo de la ley de Estupefacientes y analizar la actividad en el marco de las nuevas normativas que rigen en nuestro país". La referencia alcanzaba a la Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados (N° 27.350), que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, y las legislaciones que regularon el autocultivo de cannabis para uso terapéutico. Citó, además, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "reunió en los últimos años evidencia científica sobre el uso terapéutico y los efectos secundarios del cannabis y sus componentes".

Finalmente, el fiscal opinó en su dictamen sobre el peligro de la "judicialización de la política", ya que lo denunciado se circunscribe "a la esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos gobierno, quedando enmarcadas tales decisiones a cuestiones políticas no judiciables, donde no le corresponde al Poder Judicial o Ministerio Público Fiscal la evaluación de políticas de salud llevadas adelante por los demás poderes de los Estados Nacional, Provincial o Municipal".

En su dilatada trayectoria política, Tierno construyó un perfil de "mano dura" (él lo calificaba como "ejercicio de la autoridad") y como ministro de Seguridad puso especial énfasis discursivo en la lucha antidrogas. Promovió el "abordaje integral de las adicciones" e impulsó un proyecto de ley -finalmente aprobado- que habilitaba a los fiscales provinciales a perseguir penalmente a los padres de menores que cometieran delitos o infracciones. Incluso prohibió que los menores de 12 años circularan en bicicleta por las calles. Cuando fue depuesto, en 2008, sostuvo que la intervención de Santa Rosa aprobada por la cámara de Diputados fue una victoria para los "grupos fascistoides ligados al narcotráfico" que se le oponían.

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