La otra guerra oculta en Rosario: la desconfianza entre la Policía de Santa Fe y las fuerzas federales

ROSARIO.- Este miércoles por la tarde llegarán a la ciudad nuevos efectivos de las fuerzas federales. De esta manera, se terminará de completar la primera tanda de refuerzos que anunció esta semana el Ministerio de Seguridad nacional. Serán en total 450 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura para fortalecer el nuevo plan de seguridad que coordinaron la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro. En las próximas horas también está previsto el arribo del equipamiento prometido por las Fuerzas Armadas.

De a poco, la ciudad comenzó a recuperar su fisonomía habitual. El tema de conversación por la mañana entre los rosarinos fue la fuerte tormenta que sacudió la zona durante la madrugada y que generó estragos en casi todos los barrios. El estupor por la seguidilla de los cuatro asesinatos de trabajadores a manos de bandas narco todavía sigue fresco. La gente tiene que salir a trabajar. “No queda otra”, es una frase repetida entre los vecinos.

Ahora será el turno de que las autoridades muestren resultados a una sociedad golpeada desde hace varios años. Sin embargo, desde que desembarcaron las fuerzas federales para reforzar el combate contra el narcotráfico hubo siempre fuerte desconfianza con la Policía de Santa Fe.

En las frenéticas reuniones que se sucedieron desde el domingo, cuando se creó un comité de crisis y el lunes llegaron los funcionarios nacionales a la ciudad, se habló de que es momento de la “coexistencia de fuerzas” y de apuntalar el trabajo coordinado.

Por lo bajo, los efectivos de las fuerzas federales se quejan de sus pares provinciales por nexos con las bandas narcos a las que deberían combatir. “Los gendarmes no quieren trabajar con la Policía de Santa Fe. Por ejemplo, les avisan de los operativos a los criminales y cuando llegan a los lugares ya no queda nada. Por eso la colaboración entre ambas fuerzas es nula”, cuenta a LA NACION un alto funcionario del Poder Judicial provincial.

Algo que los rosarinos repiten desde que se declaró la guerra narco en la ciudad: casi nunca o nunca hubo bandas abatidas en enfrentamientos. Lo que explica, para muchos, la connivencia de ciertos sectores de la Policía con el poder narco.

En las reuniones reservadas que esta semana mantuvieron las autoridades nacionales con el gobernador, este tema estuvo sobre la mesa. Le reclamaron a Pullaro que actúe enérgicamente sobre los altos mandos policiales sospechados. Jueces y fiscales venían exigiendo lo mismo desde hace tiempo a los anteriores gobiernos provinciales.

A falta de una reestructuración de la fuerza, el Ministerio de Seguridad nacional le propuso al gobernador crear nuevas unidades especiales con los policías más confiables.

Desde el gobierno provincial le señalaron a Bullrich que en solo tres meses la Policía de Santa Fe pasó de tener una veintena de móviles en Rosario a cerca de 150. Argumentaron que hubo desidia en los últimos cuatro años de la administración de Omar Perotti y que ahora la pelea es a fondo.

En coordinación con Nación, dividieron a Rosario en ocho zonas calientes. Hasta esta semana, las fuerzas federales que responden a Patricia Bullrich tenían el poder sobre dos ellas. De hecho el martes montaron dos controles mientras que la fuerza local realizó patrullajes y una intervención barrial focalizada en Stella Maris. Pero desde ahora los federales duplicarán esa presencia. Estarán en las zonas delimitadas de esta manera: Empalme Graneros y Ludueña, Tablada, Tío Rolo, Triángulo y Moderno, bajo el control de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, las más calientes del delito.

Última ola de violencia

Rosario enfrenta una escalada de violencia desatada en los últimos días tras los cuatro asesinatos en manos de sicarios como respuesta de las bandas narco a las políticas restrictivas lanzadas sobre todo en las cárceles.

El primer crimen tuvo lugar el 5 de marzo por la noche cuando Héctor Raúl Figueroa, un taxista de 43 años, fue ejecutado de nueve disparos en el barrio Las Delicias con municiones que pertenecían a la Policía de Santa Fe. Una primera señal de alerta para las autoridades.

Horas después, el 7 de marzo, la víctima fue Diego Alejandro Celentano, de 32 años, también taxista. Le dispararon en la cabeza mientras estaba dentro del auto, con el motor encendido. La ejecución fue similar a la de Figueroa. En ambos casos se usó la misma pistola 9 mm, según un peritaje de la Policía de Investigaciones.

Luego mataron a Marcos Daloia, el colectivero de la línea de trolebuses que fue baleado el jueves y falleció el domingo, tras permanecer internado cuatro días. El ataque tuvo lugar en el cruce de las calles Mendoza y México, barrio Belgrano, en la zona oeste, a tres cuadras de la avenida de Circunvalación.

La última víctima fue Bruno Bussanich, un playero de 25 años que murió el 10 de marzo en su lugar de trabajo, una estación de servicio Puma de la zona oeste. Hasta allí llegó un hombre vestido con bermudas y una campera con capucha, quien se acercó, lo pegó un tiro y huyó, corriendo, a toda velocidad. Cristian, de 27 años, era su compañero y no puede dejar de pensar que si los sicarios elegían otro día, él podría haber sido asesinado. “El muerto iba a ser yo si pasaba un par de días después. Dormir con esa sensación es muy feo”, dijo a LA NACION desde su lugar de trabajo, donde hay desplegado un patrullero con dos policías que hacen controles a los autos que pasan.

Tras la seguidilla violenta la ciudad quedó paralizada. La semana arrancó con un lunes como un feriado forzado por el miedo, en el cual los comerciantes decidieron no abrir o abrieron pero con persianas por la mitad, los padres no mandaron a los chicos al colegio y los recolectores declararon no querer trabajar por temor a ser asesinados. En este contexto también se reportaron paros de taxistas, de colectiveros y estacioneros.

“Por segunda vez, tenemos que recuperar la vida de la ciudad. Ya nos pasó con la salida de la pandemia, ahora es con la última ola de violencia que vivimos. Tenemos que recuperar la vida cotidiana, la vuelta a clases, el transporte”, aseguró a LA NACION Pablo Javkin, intendente de Rosario.

Nuevas cárceles

Este miércoles quien volvió a referirse a la situación en Rosario fue el presidente Javier Milei, que en un primer momento señaló al Partido Socialista, que gobernó la provincia de Santa Fe antes del desembarco de Omar Perotti y de Pullaro, como responsable de la situación actual. Habló del “narcosocialismo iniciado con Binner y Bonfatti”, en relación con los exmandatarios Hermes Binner y Antonio Bonfatti y marcó: “Poner socialistas en el gobierno no es gratis. Destruyen todo lo que tocan. Es para entender a los responsables del desastre que tiene hoy Rosario”.

Luego insistió con que desde el gobierno libertario trabajan en una modificación de la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan ir con sus armas a territorio “cuando se constituye un caso de narcoterrorismo” y también manifestó estar dispuesto a construir nuevos penales.

“Estamos pensando en desarrollar cárceles. Hay algunas en el medio de la ciudad y tienen mucho valor los terrenos en términos inmobiliarios. Entonces nosotros estamos pensando en vender esas cárceles, por el valor inmobiliario, y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad y alejadas de la ciudad”, indicó y cerró: “Estamos trabajando en incorporar cárceles privadas”.

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