La muerte de Diego Maradona: piden investigar por abandono de persona a un integrante del entorno que rodeó al Diez en sus últimos días
La solicitud fue hecha por la defensa de la enfermera Dahiana Madrid, imputada del delito de homicidio simple con dolo eventual, respecto de Maximiliano Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla y asistente del por entonces DT de Gimnasia y Esgrima La Plata
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En el mismo escrito donde la defensa solicitó el sobreseimiento de la enfermera Dahiana Madrid, imputada por homicidio simple con dolo eventual en la causa donde se investiga la muerte de Diego Armando Maradona, pidió que Maximiliano Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla y quien hacía las veces de asistente personal del astro mundial del fútbol, sea investigado por el delito de abandono de persona seguido de muerte.
“Esta defensa técnica entiende que con las medidas probatorias colectadas hasta el momento no se ha podido conmover el estado de inocencia de Madrid. Es por ello que se ha llegado a comprobar acabadamente el estado de certeza negativa necesaria para decretar el sobreseimiento de nuestra asistida y, no avizorándose que se producirán medidas probatorias que tiendan a conmover el estado de certeza negativa, es que solicitamos el sobreseimiento”, afirmaron los abogados Rodolfo Baqué y Martín De Vargas, defensores de la enfermera que trabajó las dos semanas que Maradona estuvo alojado en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, hasta que murió el 25 de noviembre pasado.
En las primeras líneas del escrito que presentaron ante el juez de Garantías Orlando Díaz, que interviene en el expediente, la defensa de Madrid apuntó al denominado “entorno” de Maradona. “El entorno encabezado y comandado por Pomargo era quien se arrogaba hacer de voceros de Maradona, habiendo desplazado de dicho rol a la familia”.
“Se encuentra acreditado que a Maradona lo emborrachaban, lo drogaban, le impedían el contacto con la familia y sus seres queridos, le cambiaban los números de teléfono para que fuera difícil o al menos casi imposible comunicarse con él, es decir, estaba solo como un perro”, sostuvieron los letrados.
Según Baqué y De Vargas, la familia de Maradona era manipulada y engañada por ese “entorno”. Y calificaron a Pomargo como “el que cumplía el rol de jefe”.
“A la familia se le ocultaba información. Todo con el fin de mantener y no perder el control que se ejercía sobre la voluntad deteriorada de Maradona”, afirmaron los defensores de Madrid.
“Pomargo era quien decidía cuestiones como si fuera la familia directa”, afirmaron los abogados. Y citaron como ejemplo un golpe en la cabeza que sufrió Maradona mientras estuvo en la casa de Tigre. Según los letrados, fue el asistente quien decidió no llevarlo a un centro médico para que lo revisaran, a pesar de que había sido operado recientemente y que todavía tenía los puntos de la intervención quirúrgica.
“Maradona sufrió un proceso de degradación física tanto en los aspectos psíquicos y psiquiátricos así como también una degradación en su dignidad como ser humano que se manifestó en público y en privado”, afirmaron los abogados en su escrito al que tuvo acceso LA NACION.
Los abogados Baqué y De Vargas definieron a Morla como el “factótum de Maradona; claramente decidía absolutamente todo en la vida de este último”, y a Pomargo como quien “ejercía el poder inmediato absoluto en el entorno”, sobre todo en la internación domiciliaria en la casa de Tigre donde vivió dos semanas.
La investigación judicial donde se trata de determinar si hubo un delito alrededor de la muerte de Maradona está a cargo de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y de la fiscal de Benavídez, Laura Capra.
Además de Madrid, están imputados de homicidio simple con dolor eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica de Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador de enfermeros de la empresa Medidom, Mariano Perroni.
“Pomargo era el tutor de Maradona en la casa, representaba la voluntad de Maradona, era quien decidía ante la empresa de internación domiciliaria (una especie de vocero familiar y de los encargados de los negocios de Maradona), pero con vida propia. Era un empleado jerárquico con poder de decisión, vigilaba a Maradona, cumplía funciones en la casa sin horarios fijos, pero tenía sueldo fijo pagado con fondos de Maradona. Fue quien impidió que el 18 de noviembre pasado, cuando se cayó Diego y se golpeó la cabeza, fuera trasladado a un centro asistencial. Esta defensa no entiende cómo se halla aún imputada Madrid y no se encuentra imputado Pomargo”, afirmaron los abogados de la enfermera.
Ayer se conoció que los fiscales Ferrari e Iribarren “entendieron apropiado y ajustado a derecho” el desplazamiento de Morla como representante legal de las hermanas de Diego Maradona.
Ferrari e Iribarren presentaron un dictamen de seis páginas después de que el juez Díaz les corriera vista para que opinaran sobre el planteo presentado por los abogados Federico Guntín y Marcelo Sverlik Warschavsky, representantes de Dalma y Gianinna Maradona.
Morla, que era abogado y representante del Diez, ahora es el letrado de Claudia Nora, Ana Estela, María Rosa y Rita Mabel, hermanas de Maradona, que se presentaron como particulares damnificadas en el expediente judicial que instruyen Ferrari, Iribarren y la fiscal de Benavídez Laura Capra.
“Hallándose la encuesta en un estado preliminar, y estando las responsabilidades de los involucrados en constante evaluación por parte de quienes suscriben, lo que bien podría derivar, como otrora se sostuvo, en futuras imputaciones sumadas a las ya realizadas, el apartamiento del letrado aparece como la solución más prudente, razonable y atinada al caso. En ese contexto, su intervención [la de Morla] en el proceso como patrocinante de las particulares damnificadas bien podría darle la posibilidad, en un futuro, de obstaculizar, impedir o imposibilitar la reconstrucción de los hechos. De tal modo, la mera probabilidad de que ello pudiese ocurrir invita a que su participación en el proceso en calidad de letrado de las particulares damnificadas sea nuevamente analizada, desplazándolo de aquel rol procesal”, sostuvieron los representantes del Ministerio Público Fiscal el dictamen al que tuvo acceso LA NACION.
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