“Tenés que ir a matar a alguien, si no, morís”

ASUNCIÓN, Paraguay. El Primer Comando Capital no es un grupo criminal tradicional. Sus miembros se definen como una “hermandad”, una especie de logia del crimen organizado, con códigos estrictos, según explica el fiscal paraguayo Giovanni Grisetti. El ingreso incluye un bautismo de sangre: matar a alguien. Ese es un requisito esencial para “iniciarse” en esta organización que comenzó a irradiar su poder en los años 90, en las cárceles de San Pablo, y hoy domina las prisiones de Paraguay –conectada a través de aplicaciones como WhatsApp, Telegram y Signal– y se abastece en Bolivia de cocaína que envía a Europa. Ahora, este grupo criminal, que se expandió en la pandemia y está acusado de haber ordenado y financiado el crimen del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci en una playa colombiana, empieza a hacer pie en la Argentina y Uruguay, a partir del control logístico de una ruta clave para abastecer de cocaína el Viejo Continente: la Hidrovía Paraná-Paraguay, que tiene escasos controles, lo que favorece un negocio multimillonario. Ya se confirmó su presencia en la Argentina: se detectó que en la Unidad Federal Nº7 de Resistencia, Chaco, y en el penal de Coronda, en Santa Fe, hay células activas de PCC. Las alertas se encendieron porque esta organización, que fundamentalmente se financia con el narcotráfico –con el que recauda 500 millones de dólares por año, según el Ministerio Público de San Pablo–, tiene un poder de expansión muy veloz dentro de las cárceles, como confirman las experiencias de Brasil. Allí dominan las penitenciarías de 20 de los 27 estados y se calcula que hay 40.000 miembros. En Paraguay tienen 1500 “bautizados”.

La organización aprovecha las malas condiciones de detención para fidelizar a los reclusos, a los que les ofrecen un sueldo y ayuda a sus familias, y también de las grietas que deja la corrupción dentro de los penales, un rasgo que en la Argentina se trasluce con las actividades criminales detectadas dentro de los penales, sobre todo en Santa Fe, como advirtió un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en septiembre pasado. Gustavo Ruiz Díaz, miembro del PCC durante 16 años, advierte que conoce como pocos las entrañas de este grupo criminal desplegado dentro y fuera de las cárceles. “En la Argentina conocí a varios hermanos (del PCC)”, admite. Revela que manejó el tráfico de drogas en la Triple Frontera. “Fui el primer paraguayo en pertenecer al PCC en esa zona”, confiesa, como si se tratara de un premio, mientras camina por las calles angostas y serpenteantes de Chacarita, la villa más grande de Asunción, -donde viven 60.000 personas- que hoy está copada por esta organización. Los “sintonías” locales, los jefes, viven en un sector que se llama Pelopincho y reciben órdenes desde las cárceles de Emboscada, Ciudad del Este y Encarnación, estas dos últimas, en la frontera con la Argentina. Esa villa está en guerra con el gobierno paraguayo desde hace años, y resiste los desalojos. En la Nochebuena de 2020 quemaron el edificio donde funcionaba el Congreso –el histórico Cabildo de Asunción-, que se había transformado en una especie de villa colonial y que habían ocupado grupos del barrio. “Ser miembro del PCC significa un compromiso de por vida con la organización, que nunca perdona que alguien delate a un miembro. Eso equivale a la muerte no solo del traidor sino de toda su familia. Jamás delaté a nadie: por eso estoy vivo”, explica Ruiz Díaz.

Mientras habla con LA NACION, a cada paso, en los pasillos del barrio Chacarita saludan con el mote de “profesor” a este hombre de 46 años que vivió seis en Buenos Aires, donde frecuentó a la barra brava de Chacarita Juniors. Ahora quiere hacer una filial del Funebrero en la villa más grande de Asunción, donde las columnas de alumbrado están pintadas de rojo, negro y blanco, los colores de la camiseta del club bonaerense. “El bautismo de sangre es muy importante dentro del PCC. Es una marca que te queda para toda la vida”, advierte. “Tenés que matar a alguien, si no lo hacés morís”, agrega mientras muestra, cuando cae la tarde en Chacarita, una pintada del grupo criminal. Debajo de las letras PCC aparecen las iniciales “TJM”, que significa “tamo junto irmão”, o “estamos juntos, hermano”, en portugués. “Eso quiere decir que el que no está con ellos es un enemigo”, señala Ruiz Díaz. Cuenta que la semana pasada salvó la vida de su sobrino, que no se “animó” a llevar adelante el bautismo. “Logré que le den más tiempo”, dice. El bautismo significa que la persona que se quiere iniciar debe matar a quien los “sintonías” –los jefes- le ordenan. Esa es una forma extrema de marcar a fuego la lealtad con la organización. Rosana Díaz, abogada de PCC en Paraguay, calcula que hay unos 1500 “iniciados” en la organización. Esta mujer defiende a 24 reclusos que en 2019 mataron a diez miembros del clan Rotella, rivales locales del PCC. La letrada se cuida con las palabras que utiliza. “Tengo que consultar con la sintonía [los jefes]”, ensaya a cada momento. “Hubo seis decapitaciones en lo que ellos llaman bautismos de sangre”, explica el fiscal Grisetti.

“Hasta que Marcos William Herbas Camacho, alias Marcola, asumió el mando del PCC, la facción brasileña apostaba a la violencia contra el Estado, con la instalación de explosivos en edificios judiciales y asesinatos contra jueces. Pero después de los grandes ataques del PCC contra la policía en el Estado de San Pablo, en mayo de 2006, la facción abandonó este perfil más violento y confrontativo. Desde entonces comenzó a investigar intensamente las rutas del tráfico de cocaína (incluidas las conexiones en Europa) para enriquecerse en silencio. Pero este cambio de postura no impide acciones violentas focalizadas contra personas claves que, de alguna manera, amenazan a la organización. De ahí la muerte del fiscal paraguayo y los planes de venganza contra fiscales y jueces rigurosos”, explica Allan de Abreu, periodista y escritor, que investiga al PCC desde hace años, y es autor del libro “Cocaína: a rota caipira”. Las cárceles paraguayas son custodiadas con tanques de guerra y en las inmediaciones hay soldados del Ejército, luego de que, tras la masacre de San Pedro, perpetrada por el PCC, el presidente paraguayo Mario Abdo decretara la ley de emergencia penitenciaria. “Nadie creía que en tan poco tiempo el PCC iba a copar Paraguay. Usó la misma estrategia que en Brasil: las cárceles son tierra fértil. Las malas condiciones de los detenidos y un sistema corrupto actúan a favor de esta organización que genera beneficios para los reclusos y sus familias”, explica el fiscal, que tiene enfrente a 24 presos que están siendo juzgados en una unidad especializada de la policía, bajo extrema seguridad.

“El preso recibe un sueldo mensual del PCC, se le pagan los estudios de sus hijos y la manutención de sus parejas. Si alguien se enferma, el PCC financia los tratamientos y la atención en institutos privados, además de los medicamentos. Funcionan como una logia masónica. Esto genera una lealtad muy grande, con códigos de conducta extremos. Además, el PCC comienza a infiltrarse en el Estado, a través de la policía y el servicio penitenciario. Penetran a través de instituciones débiles”, afirma el fiscal Grisetti, que admite tener temor después del crimen de su colega en Colombia. “No tenemos seguridad para enfrentar este tipo de criminales”, agrega, y reconoce que “esta organización está en expansión en la región a través de las penitenciarías, donde hay altos niveles de corrupción”. En Paraguay se llegó al extremo de que el Ministerio Público pidió no dictar más prisiones preventivas para delitos que no fueran graves. “Vemos que el poder de captación es tan grande que preferimos que los detenidos por causas más leves estén en sus casas”, afirmó el fiscal Grisetti. “En menos de una década, el PCC se expandió de forma notable en las cárceles de Paraguay, donde tuvimos que transformar los penales en los que solo pueden estar alojados presos de esta facción”, apuntó Daniel Benítez, viceministro Penitenciario de Paraguay. Ahora, “las especialidades” del PCC no son solamente la cárcel y la logística narco, sino otros tipos de crímenes, como el sicariato y las extorsiones. “Hemos detectado en investigaciones, a través de escuchas telefónicas y documentos secuestrados, que el PCC se está expandiendo a otros países de la región”, revela el funcionario.

Las alertas en los países del Mercosur se activaron después de que apareciera, como principal hipótesis, que el PCC habría sido el autor intelectual del asesinato del fiscal de la Unidad de Crimen Organizado de Paraguay, Marcelo Pecci, durante su luna de miel en la isla de Barú, en el caribe colombiano. Pagaron 530.000 dólares para que dos sicarios, que llegaron a la playa en una moto de agua, ejecutaran delante de su esposa al funcionario paraguayo, que era el enlace con los organismos de inteligencia internacionales. El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, acordó con el titular de la cartera de Justicia de Brasil, André de Almeida Mendonça -reemplazante del exjuez Sergio Moro-, crear un sistema de alertas para tratar de detectar a tiempo el surgimiento de estas células en los penales del país, según señalaron fuentes cercanas a Fernández.

Lo que más preocupa es Rosario, por las estructuras criminales que ya funcionan desde las cárceles de manera aceitada. En las unidades penales santafesinas hay 21 paraguayos y un brasileño presos, según confiaron fuentes oficiales. La oscuridad de las penitenciarias federales en la Argentina quedó expuesta en una causa a cargo de la jueza federal porteña María Servini de Cubría, que investiga la presunta conformación de una “cooperativa de narcos” en los penales de Marcos Paz y Ezeiza, que aportarían 200.000 dólares a agentes corruptos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con el fin de contar con los medios necesarios para continuar, desde sus celdas, al mando de sus organizaciones criminales. El problema que surgió es que desde que el 10 de junio de 2020 se desarmó la Unidad 50 -el Área de Inteligencia del SPF- tras el llamado Operativo Puf (el eventual espionaje ilegal de exfuncionarios detenidos por actos de corrupción), no hay una oficina encargada de realizar investigaciones dentro de las cárceles.

El oficial que había sido designado para investigar está sospechado de ser uno de los que cobraba los sobornos que se distribuían en el pabellón universitario de Devoto, según consta en el escrito que la magistrada envió a la Cámara de Apelaciones de San Martín, en el que pidió que se investigue a la subdirectora del SPF, Sonia Álvarez. El miércoles de la semana pasada se secuestró, por tercera vez, un teléfono en la celda de máxima seguridad de Marcos Paz donde está recluido Ariel Cantero, el jefe de Los Monos, que comparte pabellón con el líder del Primer Comando de Frontera, el paraguayo Néstor Rojas, que planeó con sicarios brasileños asesinar al juez de Posadas Fernando Verón y amenazar al titular del juzgado federal de Eldorado Miguel Ángel Guerrero. Estas operaciones revelan una terrible certeza: en el Mercosur, el crimen organizado regional estrecha lazos y se hace cada vez más fuerte y peligroso.